El país recuerda la tragedia acontecida un 11 de noviembre de 1988 en el municipio antioqueño. Se calcula que 43 personas murieron en una jornada en la que la Policía y el Ejército se ausentaron de las calles, en la hora y media que duró la pesadilla.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Cada 11 de noviembre es inevitable para Colombia recordar la escena de terror que esa fecha en 1988, durante 90 minutos, vivieron los cerca de 20 mil pobladores del municipio de Segovia (Antioquia).

Ese día, hacia las 7 de la noche, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos hombres montados en camiones entraron al pueblo, mientras disparaban sus ametralladoras, lanzaban granadas y asesinaban a las personas que se encontraban a su paso.

Como resultado de los disparos y el ataque con explosivos, 43 personas murieron, entre ellas 3 niños. A su vez, 50 más quedaron heridas.

Los autores de la masacre fueron paramilitares, en una tragedia que no encuentra otra razón que el apoyo político que Segovia dio a la Unión Patriótica: el pueblo antioqueño era gobernado entonces por la alcaldesa  Rita Ivonne Tobón, militante de la UP.

El Centro de Memoria Histórica indica en su informe Basta Ya algunos de los relatos de los sobrevivientes.

Las narraciones de lo sucedido apuntan a reclamar el comportamiento que tuvo el Ejército y de la Policía.

“El día de la masacre fue de lo más cobarde que se puede haber visto aquí […] no hicieron nada para impedir esto y ni siquiera hicieron un simulacro de haberlos perseguido ni nada […] masacraron a la gente aquí en el parque y la Policía a menos de cien metros y cómo es que no defienden al pueblo”, dice uno de los sobrevivientes.

Otro de los testimonios sobre la actuación del Ejército reseña que “todos los agentes y soldados estaban en el comando y en el cuartel”, y que pese a que el Ejército solía hacer presencia en las noches, “esa noche no había nadie, ni policías ni soldados”.

Para los investigadores del grupo de Memoria Histórica este tipo de ataques fue utilizado por los paramilitares, “no con fines de control territorial, sino para establecer alianzas episódicas con otros actores políticos y militares”.

En el informe también se reseña que esas alianzas les permitieron eliminar adversarios políticos y castigar poblaciones por sus preferencias electorales, y que la estigmatización y la criminalización de la oposición política “se convirtió en una condena a muerte, materializada en la casi total desaparición de la UP”.

Por los hechos sucedidos en la noche del 11 de noviembre de 1988, la Corte Suprema de Justicia consideró responsable del delito de homicidio agravado al exrepresentante a la Cámara César Pérez García.

Dentro de la investigación se encontraron pruebas que señalaron que, en 1988, Pérez era la cabeza del partido Liberal en esa región, y al ver amenazada su hegemonía, tras perder con la UP, participó como autor intelectual en el crimen.

Por la masacre, el Estado colombiano en diciembre de 2015, mediante la Unidad para la Reparación de Víctimas, realizó actos públicos en Segovia, con los que reconoció su responsabilidad por omisión, en el trágico episodio ocurrido hace 28 años.

Cabe resaltar que en mayo de 2015, el Estado llegó a un acuerdo con las víctimas, reconocido ante la CIDH, en donde la nación aceptó su responsabilidad y pactó un acuerdo para resarcir por las afectaciones.

El caso llegó a la CIDH luego de que víctimas de la tragedia expresaran que si bien el sistema judicial colombiano había condenado a cinco militares y cuatro civiles a penas de prisión y multas por el delito de terrorismo y otros, por los hechos, sin embargo, “no se habría investigado y sancionado a todos los responsables”.

Por otra parte, según la Comisión, algunas de las víctimas habrían presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, una demanda resarcitoria, que finalizó con un acuerdo conciliatorio en el cual el Estado reconoció su responsabilidad y ordenó el pago de una indemnización por concepto de perjuicios morales.

Sin embargo, según lo alegado, “un grupo de víctimas no habría logrado hacer valer sus derechos dentro de dicho proceso por haber sido desplazadas del municipio de Segovia a raíz de la masacre”.

Luego de esos hechos, vino el acuerdo, que derivó en el reconocimiento del Estado por la masacre, que cumple 28 años y que pasó a la memoria del país como uno de los recuerdos más atroces y tristes del conflicto colombiano.