El Acuerdo Final describe el plan de acción para resolver el problema progresivo de las drogas ilícitas, en particular la estructuración de estrategias dirigidas a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Se resalta la formulación de acuerdos con las comunidades para erradicarlos. Allí también son mencionados Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y proyectos para enfrentar el crimen organizado, con mecanismos de judicialización efectiva.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

El punto 4 del Acuerdo juega en un escenario imposible de ignorar. Lo pactado allí tiene como telón de fondo a unas Farc que en el 2015 por narcotráfico obtuvieron 1.7 billones de pesos, con un control de 47 mil 785  hectáreas de cultivos de hoja de coca, localizadas en su mayoría en Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. A su vez, ese grupo guerrillero, para ese mismo año, tenía conexiones con bandas criminales que traficaban drogas con carteles mexicanos.

De acuerdo con una investigación de la EAFIT, después de la desmovilización de las AUC en el 2006, las Farc de su naturaleza contrainsurgente pasaron a una de carácter económico, basada en el narcotráfico y otras economías criminales en zonas rurales.

Ese panorama se  complementa con informes de la Fiscalía, que determinan que el narcotráfico en las Farc se explica como fuente de financiación, y en donde se estableció que la participación de la guerrilla se observó en las diferentes fases de la cadena de valor que corresponden a la siembra de la hoja de coca, transformación a pasta de coca y clorhidrato de cocaína, y a la distribución de la cocaína.

De tal manera que el tema de las drogas ilícitas se constituyó en un problema que sin hipocresía se abordó en el proceso de negociación y que culminó en lo pactado en el punto 4 del Acuerdo final.

El enfoque que allí se le dio trascendió lo económico, pues se definió que la fase de producción de la coca estaba ligada, en parte, a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional. También se determinó que esa problemática incidió en las formas de violencia que afectaron de manera especial a las mujeres, víctimas de la trata de personas, explotación sexual y otras violencias derivadas del consumo de ilícitos.

Ese difícil panorama en la negociación implicó la presentación de alternativas en busca de mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades, en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. De ahí la necesidad de diseñar los planes y programas con un enfoque territorial, donde se garantice la participación ciudadana y de las instituciones responsables de la atención, seguridad y protección de la comunidad.

Sustitución de cultivos de uso ilícito

Según el Acuerdo Final, la sustitución de cultivos de uso ilícito se cimienta en la estructuración de planes integrales de desarrollo, con la  participación de sectores sociales vulnerados, que tendrán la oportunidad de diseñar, ejecutar y evaluar los programas que se implementen.

Para ello, el Gobierno pondrá en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, cuya responsabilidad será transversal al demandar la coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

El PNIS, en su construcción y desarrollo, se regirá en los principios que describen así:

• Integración a la Reforma Rural Integral (RRI) –por coincidir los territorios afectados con los cultivos de uso ilícito-.
• La construcción conjunta participativa y concertada -en la medida que las comunidades afectadas participarán para superar las condiciones de pobreza-.
• Enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio -el PNIS debe reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y comunidades-.
• Respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho y convivencia ciudadana, y la sustitución voluntaria, para determinar las alternativas sostenibles, económica y socio-ambientalmente necesarias.

En este marco, el PNIS tiene por finalidad la desvinculación definitiva de la actividad ilícita, para todos los habitantes de las zonas afectadas por cultivos, que puedan gozar de condiciones de bienestar y buen vivir, como también en garantizar: el acceso y formalización de la propiedad, la adecuación de tierras, la vivienda, la asistencia técnica, los estímulos a la economía solidaria y cooperativa, los subsidios, generación de ingresos y crédito, mercadeo y comercialización, programas de compras estatales, así como la provisión de bienes y servicios públicos.

Todo lo anterior bajo las condiciones de seguridad y protección que las comunidades requieren.

Acuerdos con las comunidades

Según el Acuerdo Final, la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito es de carácter voluntario y concertado. En este sentido, las comunidades formularán las alternativas para la sustitución de las actividades ilícitas a otras lícitas. El Gobierno, además, se compromete con las condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas, las cuales quedarán suscritas en los acuerdos que se celebren.

Los acuerdos estiman que se atenderá la producción de alimentos para cubrir las necesidades propias de la comunidad. De modo que la importancia de la sustitución de cultivos está fundada en la formulación de programas sociales que garanticen la sostenibilidad de familias y campesinos, esto para atender a quienes están  comprometidos con la comunidad en su estructura familiar y particular.

Para facilitar el cumplimiento de los acuerdos, entre las comunidades y el Gobierno Nacional, se tramitarán los ajustes normativos que permitan la renuncia al ejercicio de la acción penal o la extinción de la sanción penal impuesta contra los pequeños agricultores que tengan o hayan tenido vínculos con los cultivos de uso ilícito.

Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública

En este punto, se destaca el compromiso y el trabajo que se requiere entre todos – autoridades, comunidad y la familia- para desarrollar los programas de promoción en salud, prevención, atención integral y social, en particular para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Los programas girarán en torno a un enfoque que garanticen los derechos humanos, la no estigmatización o discriminación del consumidor, con una política de salud pública integral, efectiva y sostenible, de respeto y defensa de las poblaciones más vulnerables por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género diversa, condición de discapacidad, condición socioeconómica y ubicación geográfica.

Las acciones que se adelanten, en el marco del Acuerdo, respetarán el uso ancestral de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas. Así que debe reconocerse la realidad ancestral que deriva de la cultura de nuestros pueblos, donde no puede imperar la cultura foránea que invade la tradición indígena, ni se puede imponer una lógica extraña a los pueblos nativos, salvo cuando el uso esté relacionado con la producción y comercialización con fines criminales.

Producción y comercialización de narcóticos

En el acuerdo se establece la necesidad de poner en práctica políticas y programas contra el crimen organizado, para desactivar los factores que estimulan el problema de la producción y comercialización de drogas ilícitas, en un propósito donde la construcción de una paz estable y duradera, se encamine en el tema del esclarecimiento del vínculo entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, que incluya la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico.

Judicialización efectiva y control de insumos

En materia de justicia, en el Acuerdo, se impone una política criminal que comprenda la relación entre el crimen organizado y la corrupción, que implique la capacidad de investigar, judicializar y sancionar a quienes cometan delitos vinculados con organizaciones criminales relacionadas con la producción y comercialización de drogas ilícitas.

También se propone una política de prevención para el control efectivo sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos, utilizados en el procesamiento de las drogas ilícitas. Así mismo, la adecuación de las normas y mecanismos control para las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de insumos.

En síntesis, en el punto 4 del Acuerdo Final, se presentan una serie de postulados que bien pueden interpretarse como la consolidación de una política pública coherente para enfrentar los fenómenos criminales asociados a los cultivos de uso ílicito.