Prospectiva 6: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, parte 2

Prospectiva en Justicia y Desarrollo publica el segundo análisis del capítulo 5 del Acuerdo Final. Se aborda la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que tiene que ver con el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y los contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

En el punto 5 de lo pactado entre el Gobierno y las Farc, los principios básicos del componente de justicia del Sistema Integral, parten del deber jurídico que tienen los Estados para  atender los derechos de las víctimas. También, se indica, tienen su origen en la obligación de los Gobiernos de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado, así como de la necesidad de satisfacer y proteger los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.

Además, en la gama de principios que envuelven la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se resalta la autonomía del Estado para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales.

En este sentido, el Gobierno aprecia y evalúa la complejidad, duración y gravedad del conflicto, y adopta los mecanismos de justicia para lograr la paz, sin perder de vista la reparación de las víctimas por la gravedad del sufrimiento infligido por graves infracciones al Derecho Internacional, en particular por daños causados a las mujeres.

 Límites de la concesión de amnistías e indultos

 El Sistema Integral tiene por finalidad la consolidación de la paz, y la garantía de los derechos de las víctimas. Estos presupuestos deben atenderse al momento de otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos, según lo permite la Constitución Política.

También, se debe tener en cuenta que no pueden amnistiarse los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y el genocidio, conforme a la descripción contemplada en el Estatuto de Roma, que marca la competencia de la Corte Penal Internacional.

En este sentido, no son amnistiables la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Los delitos que permiten amnistía están en el marco de respeto del DIH y la Constitución Política, por tanto solo aplica para delitos políticos y conexos –rebelión, sedición asonada y porte de armas-. En principio aplica para aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión, cometidos con ocasión del conflicto armado -como la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares-, o en las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

Ahora, especial discusión merece si el delito de narcotráfico es conexo con los delitos políticos –en la Prospectiva  4 se abordó la problemática de las drogas ilícitas-. Vea: Prospectiva 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Como lo explicó el constitucionalista Manuel José Cepeda Espinosa, será un tema que se analizará en la Ley de amnistía e indulto, donde se determinarán los criterios de conexidad, pues no es desconocido que las Farc tuvieron actividades de cobro de recursos –impuesto al gramaje para financiar la organización-.

Esto exige el profundo análisis de si el delito estuvo específicamente relacionado con los fines de la subversión.  Caso contario y en el evento de que se haya buscado con la conducta una riqueza particular, el delito narcotráfico dejaría de ser conexo, y la investigación, acusación y juzgamiento corresponderá a la justicia ordinaria.

En realidad cada caso tendrá que ser analizado por el Tribunal para la Paz, que inmensa responsabilidad tendrá.

Procedimiento, órganos y sanciones del componente de justicia del Sistema Integral

 El modelo jurisdiccional en el marco del sistema Integral, según el Acuerdo Final, estará integrado por los siguientes órganos:

-El Tribunal para la Paz – creado como cabeza y órgano de cierre-.

-La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

-La Sala de Amnistía o Indulto.

-La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

-La Unidad de Investigación y Acusación.

Con esta estructura se espera cumplir con la investigación y juzgamiento de los miembros de las Farc que se someten a la justicia, según los procedimientos que a continuación se exponen:

  • Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad

 La importancia de este componente radica en la oportunidad que se dará a quienes se sometan a la justicia para reconocer la verdad y responsabilidad por los delitos cometidos, lo cual podrá hacerse de forma individual o colectiva, oral o mediante escrito remitido a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en el plazo de un año,  que podrá prorrogarse, de forma pública y suficientemente motivada, por periodos sucesivos de tres meses.

Las funciones a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, se concreta en:

1-. Recibir los informes procedentes de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y de la Rama Judicial, que pondrá en conocimiento las sentencias proferidas que tengan relación con el conflicto. Igualmente, la Sala recibirá los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

2-. Los informes en realidad son la principal fuente de información, pues la Sala tendrá que aplicar metodologías para agrupar los hechos por presuntos autores o condenados y por conductas semejantes en una misma categoría, sin calificarlas jurídicamente.

Esto le permitirá  a la Sala establecer si alguna persona se encuentra comprometida, caso en el cual la notificará para darle la oportunidad de rendir de forma voluntaria su versión de los hechos. Esos informes los podrá analizar y contrastar con las declaraciones de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.

3-. Luego de recibir los informes y analizada la situación se pondrá en conocimiento de la Sala de Amnistía e Indulto, el listado de las personas que se beneficiarán. Igualmente, cuando no se reconozcan las conductas, las someterá a la Unidad de Investigación y Acusación, para que se inicie el procedimiento de juicio ante el Tribunal.

En todo caso debe remitir a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dos relaciones de personas: la primera con aquellas personas o conductas que no serán objeto de amnistía o indulto, como tampoco incluidas en la resolución de conclusiones. Y, una segunda relación de personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal.

Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad

Cuando no exista reconocimiento de delitos ni responsabilidad, entonces se acudirá al procedimiento ordinario dentro del marco de la Jurisdicción Especial de Paz, cuya competencia está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación, la que acusará ante el Tribunal para la Paz. En todo caso se respetará el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las víctimas a saber que habrá justicia, verdad, reparación de los daños causados y garantías de no repetición.

Con este componente para quienes no acepten las imputaciones efectuadas por el sistema, se garantiza que no habrá impunidad, pues la jurisdicción para la paz funciona en dos dimensiones: la primera, frente a la aceptación de los cargos con las sanciones que correspondan y la investigación, acusación y juzgamiento de conductas no aceptadas, y la segunda, en cuanto a que el modelo garantiza la presunción de inocencia ante la posibilidad de producir sentencias absolutorias.

Debe entenderse que el sometimiento a  la justicia es el factor determinante para que por, conductas no aceptadas, investigadas y juzgadas, se permita la  pena hasta de 20 años dentro de la Jurisdicción, para los casos en que no haya aceptación. Por eso, no puede aplicarse la justicia ordinaria, la cual queda para quienes hayan cometido delitos por fuera del conflicto armado y la pertenencia a la organización subversiva.

 

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