La comunidad internacional ha buscado abolir la pena de muerte en todas las circunstancias y lugares del planeta y estableció el 10 de octubre como el día mundial contra esa condena. Colombia abolió la muerte como castigo penal en 1910 y no puede restablecerla por ser parte del bloque de constitucionalidad.
En Colombia los trabajadores se ven expuestos a distintas situaciones en donde su salud, integridad y vida se ven afectadas. Los empleadores tienen la obligación de brindar condiciones de protección y seguridad. Si el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por culpa o negligencia del empleador tiene derecho a una indemnización por los perjuicios sufridos.
El proceso de paz con las Farc ha causado que otras organizaciones armadas al margen de la ley muestren interés en acogerse a la justicia. Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza la experiencia judicial en el sometimiento de los grupos ilegales y propone un mecanismo que facilite y garantice este proceso.
Los colombianos tienen problemas de abastecimiento de agua debido a que la mayor parte de la población se ubica en regiones con escasez o baja oferta hídrica y por deficiencia en la administración de los recursos hídricos.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza la ‘Constitución para la paz’, conformada por el contenido de la carta política que busca la construcción, consolidación y garantía de una paz estable y duradera. Todos los colombianos somos responsables de garantizar la paz.
Los requisitos para obtener una pensión aumentan en el país bajo el manto de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Las exigencias obstaculizan el acceso y contradicen la razón del desarrollo progresivo del derecho a recibir un dinero en retribución a los años de trabajo.
Actualizado: 15 de octubre de 2020
Los trans han sido históricamente víctimas de discriminación en todos los ámbitos de su vida. La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia que busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de este grupo poblacional.
En Colombia, la Corte Constitucional reconoció que las personas tienen derecho a que se les practique el proceso de eutanasia cuando padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Han pasado 25 años desde la primera vez que la Corte exhortó al Congreso de la República para que regule este derecho y aún no lo ha hecho, por lo que se ha creado un vacío jurídico que ha afectado el ejercicio de este derecho, pese a lo resuelto por la jurisprudencia y las resoluciones 825 de 2018, 2665 del 2018 y 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
La Policía ha multado a los vendedores informales por ocupar el espacio público desde el primero de agosto cuando entró a regir el código, sin considerar que las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad. La autoridad policial también debe contar con la autorización de un proceso administrativo previo.
Sobre el derecho de reunión, la Corte ‘condiciona’ la vigencia normativa a la expedición de una ley estatutaria, y respecto a la inviolabilidad del domicilio concluye que los alcaldes no tienen facultades para ordenar el ingreso a una casa, salvo situaciones excepcionales.
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