El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia asegura que 64 líderes murieron el año pasado por atentados contra su vida. Para Indepaz, la cifra llegó a las 117 muertes. La situación lleva a preguntarse quién necesita protección en el país: ¿seguridad para las Farc o para los que están pagando con su vida el devenir de la negociación?
En nuestro propósito de hacer escuela, se analiza el alcance de la Ley 1826 de 2017, que empezará a regir desde mitad de año, y que busca constituir la figura del acusador privado, como una manera de garantizar a las personas el acceso a la justicia en casos penales, y a su vez desconcentrar la función de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se calcula que aumentará la demanda ante juzgados penales.
Las protestas de 65 representantes a la Cámara del Partido Demócrata con su inasistencia a la posesión del nuevo Presidente, las manifestaciones de ciudadanos en Washington, y los silencios entre frase y frase en el primer discurso del magnate como Jefe de Estado, son muestras de los límites que ya pone la institucionalidad norteamericana al nuevo inquilino de la Casa Blanca.
El presidente Santos anunció que en febrero comenzará la negociación formal de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El acuerdo se logró luego de que se pactara la liberación de Odín Sánchez. En otro intento por finalizar el conflicto, la conversación luce posible.
Los pagos de la empresa Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García en el país, para adjudicarse contratos en el sector construcción, y otros sobornos que se investigan, se convierten en el hecho que está uniendo a gremios, el Gobierno, los entes de control y la sociedad civil a crear un frente contra la corrupción. De a poco, en el territorio nacional se impone el mensaje: ser corrupto no paga.
El 2017 inicia con la entrada en vigencia, el próximo 29 de enero, del código de Policía, en donde se define la convivencia como interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. Además se plantean los objetivos, las categorías y finalidades de convivencia, con el fin de garantizar la seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública.
El Estado colombiano fue condenado por detenciones ilegales, desplazamiento forzado y un asesinato producto de la falta de protección de 5 mujeres defensoras de derechos humanos, en operaciones militares en la comuna 13 en el 2002, momento en que en el lugar actuaban guerrillas y grupos paramilitares. La decisión tiene implicaciones para el proceso de paz y recuerda al país que sigue siendo foco de vigilancia de la Corte internacional.
El Gobierno reconoce dificultades en adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y busca adaptarse a la situación. Pese a respuesta del Ejecutivo a los problemas, es evidente que hubo falta de planeación sobre el funcionamiento de los lugares destinados para el proceso de desarme y desmovilización.
El presidente visitó uno de los lugares en donde los guerrilleros de las Farc se desmovilizarán, en un escenario de crítica por denuncias ligadas a la ausencia de condiciones para su estadía, falta de rigor de la ONU en esos espacios e, incluso, de posibles casos de presencia de trabajadoras sexuales. A la situación se le suma el retiro del mecanismo de monitoreo de la insurgencia en el corregimiento de Conejo, del municipio de Fonseca (La Guajira).
En el año que terminó, la Corte Constitucional emitió una providencia que protege derechos fundamentales de dos mujeres a la libre circulación, la libertad personal y la no discriminación por su actividad. A su vez, se reafirmó que la prostitución no es un delito y que lo servicios sexuales no pueden equipararse a la venta de un objeto.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 