Los pagos de la empresa Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García en el país, para adjudicarse contratos en el sector construcción, y otros sobornos que se investigan, se convierten en el hecho que está uniendo a gremios, el Gobierno, los entes de control y la sociedad civil a crear un frente contra la corrupción. De a poco, en el territorio nacional se impone el mensaje: ser corrupto no paga.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Colombia es un país con “serios niveles de corrupción”, según dice el informe más reciente de la organización Transparencia Internacional, que ubica al país en el puesto 83, en una lista que pone arriba a las naciones más transparentes. Lea: En un mundo corrupto, Colombia no es la excepción

Sin embargo, los hechos recientes ocurridos con la constructora brasilera Odebrecht han puesto a reflexionar  a diversos sectores de la sociedad sobre esa problemática que desangra al país.

Además, la resolución frente al caso ha sido efectiva pues Colombia es el único país, de los 12 en los que esa firma pagó sobornos, que tiene un proceso judicial en marcha contra un exfuncionario de Gobierno, por los sobornos pagados por los brasileros a cambio de contratos.

De hecho, el exviceministro de Transporte Gabriel García aceptó cargos por una transferencia de Odebrecht de 6,5, millones de dólares, que los brasileros pagaron en el territorio nacional para quedarse con una licitación de la Ruta del Sol.

El impacto que generó el caso Odebrecht, por ejemplo, propició que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se moviera a poner a la corrupción como una de las prioridades a enfrentar durante el 2017.

En entrevista con Noticias Caracol, el jefe de Estado aseguró que “el Fiscal, el Procurador y el Contralor forman una troica que compone una comisión especial que por primera vez se van a poner de acuerdo para luchar contra la corrupción”.

Además, Santos anotó que la intención del Gobierno es unir esfuerzos para llegar al fondo en ese tipo de casos, y que “si alguien en este Gobierno incurre en corrupción, le caerá todo el peso de la ley”.

El rechazo a la corrupción también propició que un gremio como la Cámara Colombiana de infraestructura, CCI, expulsara a la compañía Odebrecht de su asociación, por el escándalo de sobornos.

“La CCI conmina al Gobierno y a los nuevos rectores de las instancias de control, doctores Edgardo Maya, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, a liderar con toda decisión y energía, una gran cruzada nacional para combatir y erradicar el fenómeno corrosivo de la corrupción, en la contratación, originado, en buena parte, por la injerencia perniciosa de algunos sectores políticos en los procesos contractuales”, aseveró en un comunicado la Cámara.

En la arena política, la corrupción también luce como un tema que influirá en la elección presidencial 2018.

La senadora Claudia López, precandidata, en entrevista con El Tiempo, se describe como una opción para el electorado “desesperado con la corrupción”, e incluso dice que se puede formar una alianza que comparta esa idea y que le luche la Presidencia al Centro Democrático y a la Unidad Nacional.

De esta manera, el gran tema político de 2017 se desplaza del proceso de paz a la lucha contra la corrupción.

Frente a esa problemática, el país ha dado pasos importantes y la justicia colombiana ha logrado condenar a algunos de los perpetradores de desfalcos como el que envió a prisión al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por recibir dineros a cambio de facilitar la selección de un contratista acordado para obras públicas en el sistema de transporte de la capital colombiana.

De a poco, Colombia crea un cerco contra la corrupción y casos en los que se movieron millones de dólares, como el de Odebrecht, quedan sancionados.

Sin embargo, si el país quiere atacar ese flagelo, el reto más grande está en las regiones. Colombia necesita fortalecer sus entes de control a nivel de territorial, con el fin de llevar a prisión a quienes mueven dineros de forma fraudulenta y roban el erario público.

En la región se mueven formas de corrupción que afectan el desarrollo del país, y es allí donde está el reto de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y el Gobierno, en un país que de a poco le da la batalla a ese delito y logra, con acciones eficaces, como las efectuadas en el caso Odebrecht, enviar el mensaje de que ‘ser corrupto no paga’.