En atención a las recomendaciones de nuestros lectores, Prospectiva en Justicia y Desarrollo comparte el esquema o modelo de estudio sistemático del articulado del texto del Decreto Ley 588 del 5 de abril de 2017, por medio del cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.
La aspiración del exministro del gobierno Uribe, que su caso sea revisado por la JEP, crea una alerta para que en ese sistema de justicia no se cuelen las investigaciones de delitos que tienen que dar cuentas, de forma exclusiva, ante la justicia ordinaria.
Nace una federación de personas que sufrieron debido a acciones de la guerrilla. La agrupación cuenta con unos 74 mil 800 afiliados en todo el país, y se proyecta que reúna a 150 mil. Cumplirá rol clave en veeduría de lo negociado por la insurgencia y el Gobierno, y se afianza como el grupo que permitirá un papel proactivo en el posconflicto por parte de quienes padecieron los efectos de la guerra.
La figura política más importante de su Gobierno, Germán Vargas Lleras, se retira del Ejecutivo para planear su campaña a la presidencia 2018. Algunos congresistas de la unidad nacional buscan excusas para no participar en el debate de la jurisdicción de paz. Mientras, la aprobación de su Gobierno es de apenas el 24%. El caso Odebrecht y las fallas en la implementación del acuerdo de paz castigan al presidente.
El Índice de Paz Global, que publica el Instituto para la Economía y la Paz, pone al país en el puesto 147 en una lista de 163. El escalafón sitúa en sus últimos lugares a las naciones más peligrosas del mundo. En Suramérica la ubicación del territorio nacional es la peor de la región, incluso por debajo de la de Venezuela, que obtuvo el lugar 143.
El próximo lunes 13 de marzo está citado en plenaria del Congreso el debate del acto legislativo de la JEP. Con el proyecto se busca crear el sistema de justicia con la que serán juzgados excombatientes en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado por las Farc y el Gobierno.
El fin del conflicto. La paz total. El posconflicto. Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Las estrategias de reformas al sector de seguridad. El diálogo social. Todos ellos complejos conceptos, dignos de investigación académica, que están lejos de ser palpables en zonas del pacífico colombiano, en donde según la Acnur van más de 3500 desplazados en el 2017.
Dos capítulos de importancia contiene la Ley 1820 de 2016, en el marco del Acuerdo Final de Paz: los beneficios judiciales que recibirán los guerrilleros de las Farc y los tratamientos especiales para los agentes del Estado, que cometieron delitos con ocasión al conflicto armado. Estos mecanismos persiguen el perdón judicial por algunos delitos, y sus diferencias son apenas de contenido ‘semántico’.
Javier Darío Restrepo, Julio César González ‘Matador’, Alfredo Molano y Claudia López participaron en un evento que giró en torno al rol de la prensa, el cubrimiento del proceso de paz, y temas críticos del país, como la muerte de líderes sociales.
Durante 52 años Colombia esperó el momento en que esa guerrilla iniciara la entrega de su armamento. Las garantías jurídicas para la insurgencia avanzan en el Congreso, con el acto legislativo que sienta las bases de la Jurisdicción de Paz, y con el decreto presidencial para agilizar la Ley de Amnistía. Zonas veredales nunca estuvieron listas.
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