La aspiración del exministro del gobierno Uribe, que su caso sea revisado por la JEP, crea una alerta para que en ese sistema de justicia no se cuelen las investigaciones de delitos que tienen que dar cuentas, de forma exclusiva, ante la justicia ordinaria.

Por: Sergio García Hernández

El exministro Diego Palacio hizo llegar un derecho de petición al secretario jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que su caso, ya resuelto en 2015 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el funcionario incurrió en cohecho, sea revisado por la denominada ‘justicia de paz’.

Ese texto generó un debate sobre si el entonces funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe, con esa carta, estaba confesando la compra de la reelección en el 2006, o si pretendía una revisión de la JEP sobre un delito que no cometió.

Más allá de ese debate que tiene ‘contra las cuerdas’ al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la situación debe ser analizada con pinzas por los integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz.

La aspiración de Palacio se constituye en el ejemplo claro de cómo personas que se consideran agentes del Estado pueden aspirar a reducir sus penas por delitos que nada tienen que ver con el conflicto.

El caso del exministro es prueba de ello pues Palacio, ya condenado por la Corte Suprema de Justicia, está argumentando que el delito por el que está pagando una pena está relacionado al conflicto.

Palacio hila tan fino que deja en la opinión pública las dudas sobre si confiesa o no la compra de una reelección pero, eso sí, tiene claro que el delito por el que se lo condena es conexo al conflicto.

La JEP debe tener claro cómo resolver ese tipo de aspiraciones sin caer en el impacto político que pueden generar solicitudes como la de Palacio.

Más allá de si el exministro confiesa o no la compra de la reelección, lo clave en su caso para la JEP debe ser el tener la claridad de que el delito, por el que Palacio está en prisión desde hace 23 meses, no tiene nada que ver con el conflicto.

La jurisdicción de paz debe garantizar a la institucionalidad colombiana que las decisiones tomadas por la justicia ordinaria sean respetadas frente a argumentaciones tan ‘adaptadas’ o ‘amañadas’,  como las de Palacio, según la cual el delito por el que es condenado buscó la prolongación de la política de seguridad democrática “la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra los grupos armados al margen de la Ley”.

La JEP necesita tener bien puestos los lentes para que este tipo de argumentos no se ‘cuelen’ en la jurisdicción con la cual se busca justicia, luego de la terminación del conflicto.