El fin del conflicto. La paz total. El posconflicto. Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Las estrategias de reformas al sector de seguridad. El diálogo social. Todos ellos complejos conceptos, dignos de investigación académica, que están lejos de ser palpables en  zonas del pacífico colombiano, en donde según la Acnur van más de 3500 desplazados en el 2017.

Por: Sergio García Hernández

Mientras el país de debate en investigaciones por el caso Odebrecth y acusaciones por corrupción, entre sectores políticos, con intereses electorales en el 2018, en regiones del pacífico colombiano se viven guerras entre grupos insurgentes que dejan más de 3500 desplazados en lo corrido del año.

La cifra la divulgó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, que estima que en el 2017, unas 913 familias de dichas zonas han sido desplazadas, con un total de 3549 personas.

La agencia hizo “un especial llamado de atención” a la necesidad de proteger a la población civil, que ha resultado afectada por enfrentamientos de grupos insurgentes.

“Urge poner en marcha los planes de contingencia elaborados en el marco de los Comités de Justicia Transicional, así como la respuesta de otras instituciones nacionales”, aseguró la agencia.

Acnur dio a conocer los datos, luego de que se reportara que el primer fin de semana de marzo, unas 340 personas fueron desplazadas a causa de enfrentamientos registrados, presuntamente entre el ELN y el clan ‘del Golfo’ en el Alto Baudó y en el Litoral San Juan, municipios de Chocó,  sobre los que dijo que son una muestra de las necesidades de protección que enfrentan comunidades de la zona.

Las crudas cifras se suman  a alertas que ha lanzado la Corte Constitucional a agencias del Estado, sobre la situación en el pacífico.

En un reciente auto, con fecha del 24 de febrero de este año, la Corte dice que ha sido informada de restricciones a la movilidad sobre los grupos étnicos que habitan en zonas del Bajo San Juan y Bajo Calima, en los límites que divide a los departamentos del Valle del Cauca y Chocó.

“Debido a la intensificación del control territorial por parte de los actores armados ilegales que operan en la zona, solo en el periodo de enero-mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4166 personas; en el Alto Baudó, 1604 personas, y en el Medio Baudó, 200 integrantes de comunidades étnicas”, asegura la Corte.

La Corporación agrega que “de visitas efectuadas a la región del Bajo San Juan” fue informada de zozobra en las comunidades por la presencia de integrantes de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública en sus territorios y viviendas, de desconocimiento y falta de activación de las rutas gubernamentales para la protección de los líderes y las comunidades, de incursiones militares y ocupación temporal de escuelas, reclutamiento forzado, y señalamientos.

En el auto 091/17, de hecho, pide cuentas al Ejecutivo. Dice que la Sala Especial de Seguimiento a la T-025/04 de la Corte Constitucional dio un plazo de 15 días, al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para que entreguen información sobre las medidas adoptadas para atender y proteger a las comunidades étnicas de la región del Bajo San Juan y Bajo Calima.

La solicitud fue hecha en el marco de la vigilancia a las medidas emprendidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

De esta manera, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y Acnur dejan claro que hay una zona en Colombia a 500 kilómetros de Bogotá, en donde el posconflicto y la ‘paz total’ están lejos de ser posibles.