El Informe Colombia: resultados y perspectivas -retos humanitarios 2017-, del Comité Internacional de la Cruz Roja, debe ser conocido por los distintos sectores de la sociedad. Su contenido muestra la tragedia humanitaria resultado del conflicto armado y otorga motivos para no dar un paso atrás en el compromiso de continuar con el proceso de paz.

 Por: Hernando Aníbal García Dueñas

El conflicto armado entre naciones o al interior de los Estados es un fenómeno que a través de la historia constituye una tragedia para la humanidad. El enfrentamiento de grupos armados solo deja la muerte del adversario y la afectación de la población civil.

Los excesos en el trato de los prisioneros de guerra, contra la población civil por el desconocimiento de garantías judiciales, el homicidio, la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual y otras conductas que afectan a la humanidad son razones para que los Estados acojan el derecho internacional humanitario (DIH) o derecho de los conflictos armados.

Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 son el fundamento universal del DIH.

El primer protocolo es relativo a los conflictos armados internacionales y el segundo a los conflictos armados no internacionales.

Colombia en su historia no es ajena a la violencia y al conflicto armado interno, y por este motivo con la Ley 5 de 1960 se aprueba la convención de Ginebra, la cual se ratifica el 8 de noviembre de 1961, como también las leyes 11 de 1992 y  171 de 1994 aprueban los protocolos de 1977, que igual se ratifican el 1 de septiembre de 1993 y 18 de agosto de 1995.

De modo que Colombia está obligada a atender el DIH, al igual que cumplir con sus obligaciones internacionales relacionadas con el respeto de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en desarrollo de la convención de Ginebra tienen por finalidad atender las situaciones humanitarias derivadas del conflicto armado.

Aspectos esenciales del informe del CICR 2017

De acuerdo al contexto esbozado sobre las obligaciones del Estado colombiano, debe entenderse que los resultados y perspectivas -retos humanitarios 2017- presentados en el informe del CICR tendrán que ser analizados para el desarrollo de los acuerdos de paz.

En ese informe se concluyen 3 puntos claves a tener en cuenta de cara a la implementación del acuerdo de paz:

Retos humanitarios

De acuerdo con el informe el cese al fuego unilateral, en julio de 2015 permitió el descenso en el número de personas afectadas por el conflicto armado, y dejó planteados los siguientes retos:

• La implementación del desminado humanitario por la presencia de artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra que han ocasionado daños a la población.
• La adopción de medidas inmediatas para la búsqueda de personas desaparecidas. La dimensión del problema es tal que hoy se desconoce el paradero de 85 mil 900 personas.
• La salida de los menores de edad que están en las filas de las Farc, y de todos los menores que también están en los grupos armados organizados al margen de la ley.
• La atención de las víctimas por violencia sexual, pues el silencio y el temor se traduce en un significativo sub-registro en la información.
• La importancia de continuar las negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Su éxito permitirá mejorar la situación de quienes aún no han tenido la esperanza de la paz.
• Mayor celeridad y acciones concretas en los avances en materia humanitaria.
• Constante voluntad política para que las víctimas del conflicto reciban la respuesta y la atención que merecen.
• La necesidad de implementar un modelo pedagógico dirigido a los distintos sectores de la sociedad, pues no será suficiente acabar la violencia con la puesta en marcha del acuerdo final. La paz requiere del esfuerzo de todos.

Incumplimiento de normas humanitarias

Pese a los avances desde las conversaciones de La Habana, según el informe las acciones de los distintos actores armados siguen afectando el DIH.

Si bien las negociaciones con las Farc permitieron el descenso de personas afectadas, preocupa el número de víctimas con ocasión a los fenómenos de violencia en el territorio nacional. El CICR registró infracciones del DIH y otros principios humanitarios como:

• Se identificaron 838 infracciones en Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. 40 % de los casos afectaron a mujeres y menores de edad, en un total de 18 mil 671 víctimas.
• En cuatro años se registraron cerca de 302 mil víctimas de bandas armadas organizadas.
• El mayor número de infracciones humanitarias, durante el 2016, se registraron en San Calixto (Norte de Santander), El Bagre (Bolívar), Riosucio y Alto Baudó (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Arauca (Arauca), Barbacoas (Nariño), y Puerto Asís (Putumayo). En Chocó se identificó la presencia de varios actores armados.
• Los casos más graves están en el desplazamiento, la violencia sexual, los homicidios y la tortura en personas protegidas.

De modo que la atención sobre las víctimas y los cambios que se necesitan en las zonas históricamente afectadas por el conflicto deben ser un objetivo constante del Estado. Así que la indiferencia colectiva hacia ellas puede convertir la paz en una promesa frágil.

 El DIH sigue vigente en el posacuerdo

Varias razones se exponen en el informe para considerar que en Colombia las negociaciones con las Farc no implica la pérdida de la vigencia del DIH. Son estas:

• Las disidencias de las Farc podrían ser una fuente de nuevos conflictos.
• Existen obligaciones más allá del fin de las hostilidades, como el desminado.
• La contaminación por armas, asociado con artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, tiene como sitios neurálgicos territorios de Chocó, Arauca, Nariño, Antioquia, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Córdoba.
• La búsqueda de las personas desaparecidas.
• El deber de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra.

Reflexión

El proceso de paz en su implementación tendrá su propia dinámica con sus dificultades y aciertos. Son múltiples los actores que desde sus puntos de vista e ideologías incidirán en su avance.

El camino que recorrerá el proceso, como ya se sabía desde la época de las conversaciones en La Habana, será pedregoso y resbaloso. Por esa razón la crítica y la controversia seguirán desde los sectores sociales, políticos y judiciales.

Ningún colombiano es ajeno a la paz. Todos pese a sus posturas siempre coincidirán en el disfrute de la paz y su garantía para no dejar deudas a las generaciones futuras. Es un compromiso de todos.

Esto para decir que las decisiones de las Cortes, los debates públicos o en las corporaciones legislativas en lo nacional y regional, y la opinión de la sociedad civil, al final generarán la mejor de las cosechas, no solo en la solidez y estabilidad del proceso con la Farc, sino los que vendrán con otros actores del conflicto.

En este contexto colombiano cobra importancia los informes y  recomendaciones, como el del Comité Internacional de la Cruz Roja, que sin perder sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia alertan al Estado sobre las distintas situaciones que vive el país, desde su lógica de  la deuda humanitaria a la que hay que poner atención durante el posconflicto.

No admitir la realidad es poner en riesgo la anhelada paz que queremos. Por ello es importante discutir y orientar las etapas para implementar los acuerdos, sin afectar el núcleo de lo acordado en La Habana, más aun cuando la experiencia del actual proceso con seguridad incidirá en las  negociaciones venideras.