El Índice de Paz Global, que publica el Instituto para la Economía y la Paz, pone al país en el puesto 147 en una lista de 163. El escalafón sitúa en sus últimos lugares a las naciones más peligrosas del mundo. En Suramérica la ubicación del territorio nacional es la peor de la región, incluso por debajo de la de Venezuela, que obtuvo el lugar 143.
El próximo lunes 13 de marzo está citado en plenaria del Congreso el debate del acto legislativo de la JEP. Con el proyecto se busca crear el sistema de justicia con la que serán juzgados excombatientes en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado por las Farc y el Gobierno.
El fin del conflicto. La paz total. El posconflicto. Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Las estrategias de reformas al sector de seguridad. El diálogo social. Todos ellos complejos conceptos, dignos de investigación académica, que están lejos de ser palpables en zonas del pacífico colombiano, en donde según la Acnur van más de 3500 desplazados en el 2017.
De acuerdo con el Fiscal, hay evidencias de ‘gastos’ de la empresa a favor de las campañas presidenciales del 2014 de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Prospectiva en Justicia y Desarrollo reseña los casos concretos, en los que el ente investigador encuentra actuaciones de la compañía brasilera en Colombia.
La Corte Constitucional emitió un fallo en el que exige que en el establecimiento penitenciario del municipio caldense, se garantice en periodos de anormalidad en la distribución de agua, un abastecimiento diario del líquido vital potable equivalente a 25 litros por persona. Además, la corporación obliga a que a la población carceleria del lugar, estimada en unas 1570 personas, con un índice de hacinamiento del 3%, se les faciliten los utensilios para que puedan almacenar al menos 5 litros en las noches, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza.
Dos capítulos de importancia contiene la Ley 1820 de 2016, en el marco del Acuerdo Final de Paz: los beneficios judiciales que recibirán los guerrilleros de las Farc y los tratamientos especiales para los agentes del Estado, que cometieron delitos con ocasión al conflicto armado. Estos mecanismos persiguen el perdón judicial por algunos delitos, y sus diferencias son apenas de contenido ‘semántico’.
Javier Darío Restrepo, Julio César González ‘Matador’, Alfredo Molano y Claudia López participaron en un evento que giró en torno al rol de la prensa, el cubrimiento del proceso de paz, y temas críticos del país, como la muerte de líderes sociales.
Durante 52 años Colombia esperó el momento en que esa guerrilla iniciara la entrega de su armamento. Las garantías jurídicas para la insurgencia avanzan en el Congreso, con el acto legislativo que sienta las bases de la Jurisdicción de Paz, y con el decreto presidencial para agilizar la Ley de Amnistía. Zonas veredales nunca estuvieron listas.
El Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el atentado cometido en la zona de La Macarena en Bogotá, el pasado 19 de febrero, que le costó la vida al patrullero Albeiro Garibello Alvarado, de tan solo 23 años. El ataque al Esmad demuestra que esa guerrilla no piensa ceder en sus más caprichosos intereses políticos para lograr la paz. Al Ejecutivo se le agota la paciencia, con una organización que no cambia su pretensión de tener poder político a partir de las armas.
Colombia logró la repatriación de Sara María Galeano, condenada hace 7 años a cadena perpetua en la nación asiática por llevar cocaína hacia allí. El hecho es una conquista diplomática del Gobierno nacional. Desde una mirada jurídica, razones humanitarias y el principio de doble incriminación fueron claves para traer a la connacional de vuelta. Ahora, terminará de cumplir, en el país, una pena de 18 años y tres meses de prisión.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 