Colombia vivió graves violaciones de derechos humanos. El acuerdo de paz con las Farc disminuyó la violencia en los territorios ocupados por esta guerrilla. Sin embargo, aún existe el conflicto armado interno cuyos actores armados son los grupos sucesores del paramilitarismo, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y las fuerzas armadas. Más de 48.000 personas han sido desplazadas por el conflicto. 566 líderes sociales han sido asesinados desde enero de 2016 hasta enero de 2019. Las mujeres sufren de una violencia de género que se ha normalizado. Las comunidades indígenas sufren condiciones de pobreza que les impide gozar sus derechos humanos.

Por: Geraldine Murillo Rodríguez

El último informe de derechos humanos realizado por la organización no gubernamental Human Rights Watch en Colombia, muestra una investigación detallada y un análisis de los hechos de violencia ocurridos en el 2018. El informe evidencia lo positivo del proceso de paz, las disidencias de las FARC, los actos violentos ejecutados por los grupos armados legales e ilegales, la afectación a la población y el constante asesinato a líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas comunitarios. Adicionalmente, hace énfasis en la violencia de género, derechos de las comunidades indígenas y los actores que intervienen en el conflicto colombiano.

A partir de la firma del acuerdo de paz en el 2016 disminuyó la violencia en algunos territorios del país que pertenecían a las FARC. No obstante, estos territorios han sido ocupados por otros actores armados, entre los que se encuentran: grupos sucesores del paramilitarismo (paramilitares), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y las fuerzas armadas de Colombia.

Todos estos actores armados han vulnerado los derechos humanos de las comunidades al interior de Colombia, ya que han cometido delitos como: violaciones sexuales, secuestros, asesinatos, homicidios, desplazamientos forzados entre otros, hechos que han quedado en la impunidad.

Se han presentado obstáculos en la restitución de tierras, limitaciones a los derechos reproductivos y graves condiciones de pobreza en las comunidades negras, indígenas, afrocolombianas y palenqueras. A continuación, se exponen los hechos que vulneraron los derechos humanos en Colombia durante el 2018.

Guerrillas y disidencias de las FARC

En junio de 2017 la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno entregaron sus armas, se desmovilizaron y crearon su partido político la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), estos sucesos permitieron la paz en varios territorios del país.

Una minoría de este grupo armado no aceptó unirse a los acuerdos, estos crearon nuevos grupos o se sumaron a otros grupos, el cual ha crecido por la falta de garantías en los programas de reincorporación. Actualmente, los disidentes de las FARC tienen más de 1400 miembros.

En marzo del 2018 uno de estos grupos secuestró a tres empleados del periódico ecuatoriano el Comercio, quienes estaban investigando las actividades del grupo armado en Mataje, Ecuador. El grupo los mantuvo como rehenes durante dos semanas, mientras exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres de sus miembros encarcelados. El 11 de abril, el grupo difundió un panfleto que anunciaba que los tres secuestrados habían muerto. Sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco a mediados de junio. (Organización Human Rights Watch, 2018).

Por otra parte, el ELN durante el 2018 cometió varios delitos como: asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamiento infantil, secuestros, entre otros. El hecho de mayor importancia se presentó en la zona nororiental de Catatumbo donde se enfrentaron con el Ejército Popular de Liberación (EPL), lo que ocasionó el desplazamiento de más de 12.000 personas.

Paramilitares y sus sucesores

Entre los años 2003 y 2006 las organizaciones paramilitares, que tenían vínculos con la fuerza pública y con varios políticos del país, iniciaron un proceso de desmovilización. Este no fue exitoso, debido a que se presentaron graves falencias, varios miembros nunca se desmovilizaron y continuaron activos formando otros grupos.

Para dinamizar el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares se genera la Ley de Justicia y Paz de 2005, la cual ofrece una reducción de penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes. Pese a ello, de los 30.000 paramilitares que se desmovilizaron solo 4.000 han solicitado los beneficios de la ley y en el 2018 fueron condenadas 215 personas.

Para julio del año pasado, el Congreso aprobó una la Ley que reduce sustancialmente las condenas impuestas a los miembros de grupos armados que se desmovilicen, reconozcan los delitos que se les atribuyen y proporcionen información sobre cómo actúan los grupos.

Uno de los grupos que ha azotado a las comunidades con actos violentos son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), este grupo es el mayor sucesor del paramilitarismo. De ellos se desprendió un grupo llamado los Caparros, quienes en el 2018 provocaron el desplazamiento de personas del Bajo Cauca, en el norte de Colombia. Las AGC señalaron el interés de desmovilizarse en el gobierno de Juan Manuel Santos y de acogerse a la ley, lastimosamente este proceso no se ha llevado a cabo, según Human Rights Watch (2018).

Los paramilitares tuvieron nexos con grandes ganaderos, empresarios y políticos del país, entre ellos los hermanos Uribe Vélez. Santiago Uribe es procesado por homicidios y por crear y liderar el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ en la década de 1990. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por permitir que se hicieran gestiones para manipular testigos que lo relacionaban con paramilitares, de acuerdo a la ONG Human Rights Watch (2018).

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

La Fiscalía General de la nación investigó más de 3600 ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del ejército y hasta marzo de 2018 había conseguido condenar a más de 1600 soldados únicamente de escalones bajos y medios, especialmente en los casos conocidos como falsos positivos que se presentaron entre el 2002 y 2008, en donde los soldados y oficiales engañaban a sus víctimas con falsas promesas de empleo para asesinarlas, vestirlas como guerrilleros y colocarles armas junto a sus cuerpos para demostrar grandes bajas de guerrilleros en combates, conforme al informe Human Rights Watch (2018).

Sin embargo, no se han condenado a los altos mandos del ejército. Las investigaciones a 19 generales no han presentado avances, por lo que ninguno ha sido condenado por casos de falsos positivos.

En el 2017, ochos agricultores fueron asesinados en Tumaco durante una protesta presentada contra las demoras en programas de sustitución de cultivos ilícitos. Inicialmente el Ministerio de Defensa culpó a disidentes de las FARC por estos hechos, pero los sobrevivientes responsabilizaron a los policías, según informe Human Rights Watch (2018).

Violencia contra activistas comunitarios, sindicalistas y periodistas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó el asesinato de 53 defensores de derechos humanos entre enero y septiembre de 2018. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registra 566 homicidios desde enero de 2016 hasta el 11 de enero de 2019.

La Fundación Paz y Reconciliación (2018) afirma que entre el 24 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre de 2018 se presentaron 545 casos de agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos donde se registran: 274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, 9 secuestros, 4 desapariciones forzadas y 2 agresiones sexuales. Los departamentos con mayor número de homicidios contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos han sido Antioquia (32), Cauca (32), Chocó (14), Norte de Santander (13) y Nariño (13). Las víctimas de estos asesinatos pertenecían a:

1. Organizaciones de víctimas o de restitución de tierras.
2. JAC y organizaciones que representan derechos colectivos y étnicos.
3. Movimientos que se han opuesto y denunciado acciones de corrupción, minería ilegal y otras economías ilegales.

Los responsables de estos hechos son estructuras criminales, oficinas de cobro y sicariatos. No obstante, muchos casos han quedado impunes. (Fundación Paz y Reconciliación, 2018).

La Fiscalía General de la Nación detuvo a 71 personas relacionadas con este delito y solo en 5 casos se han condenado a los autores, de acuerdo con el informe Human Rights Watch (2018).

Negociaciones de paz y rendición de cuentas

Con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se estableció La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de procesar y juzgar a los miembros de las FARC y de las Fuerzas Armadas que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto. La JEP señala que: los que cooperen y confiesen sus delitos quedan sujetos a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”, pero no a penas de prisión. (Human Rights Watch, 2018).

Los magistrados de la JEP han priorizado las siguientes situaciones: secuestros cometidos por las FARC; falsos positivos; abusos de integrantes del Ejército y de las FARC contra personas afrocolombianas e indígenas en tres municipios del departamento de Nariño entre 1990 y 2016; y abusos perpetrados por miembros de las FARC y del Ejército en la zona de Urabá entre 1986 y 2016, conforme al informe Human Rights Watch (2018).

En Julio del 2018, el Centro Democrático presentó al Congreso proyectos para frustrar los procesos contra miembros de fuerza pública, frenando los procesos de falsos positivos, como por ejemplo permitir que los miembros del ejército reciban beneficios en materia punitiva con independencia de si confiesan o no los delitos. (Human Rights Watch, 2018). Este mismo partido ha planteado falsos señalamientos contra magistrados con el argumento de tener prejuicios contra la fuerza pública.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

El informe Human Rights Watch (2018) afirma que entre enero y septiembre del año pasado más de 48.000 personas fueron desplazadas por hechos relacionados con el conflicto armado.

La Ley 1448 de 2011 busca reparar a las víctimas y restituir las tierras de las víctimas de despojo y abandono forzoso ocasionado por el conflicto armado. Sin embargo, se presenta pocos avances, desde su promulgación hasta noviembre de 2018 se han dictado 8.200 sentencias de 116.000 solicitudes.

En septiembre del 2018, el Centro Democrático presentó un proyecto en el Congreso que busca limitar la restitución de las tierras que fueron usurpadas y luego vendidas a terceros. (Human Rights Watch, 2018).

Violencia e identidad de género

Actualmente no existe capacitación en temas de violencia de género. Por el contrario, su práctica se ha normalizado y los mecanismos de justicia generan obstáculos que impiden a las mujeres y niñas ejercer sus derechos, lo que genera que muchos delitos queden en la impunidad. Igualmente, hay poco acceso a servicios médicos, según el informe Human Rights Watch (2018).

Las mujeres enfrentan obstáculos cuando exigen que se les practique el aborto por estar en una de las tres circunstancias en las que legalmente se puede realizar, estas son cuando el embarazo es producto de una violación sexual, el feto presenta malformaciones que hace inviable su vida extrauterina o está en peligro la vida de la madre. Esto debido a que el proceso se demora tanto que el aborto no se practica o se hace en una etapa muy avanzada del embarazo, lo cual vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Durante el 2018, no se presentaron avances significativos en materia de orientación sexual e identidad de género. El último progreso fue en el 2016 cuando la Corte Constitucional consagró el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Derechos de la población indígena

La población indígena de Colombia se ve afectada por los niveles de pobreza que impiden que accedan a oportunidades y se garantice sus derechos humanos con enfoque diferencial. En el 2018, según el informe de Human Rights Watch, en la comunidad indígena Wayuu fallecieron 43 niños y niñas de menos de cinco años por desnutrición y acceso limitado a agua potable, a pesar de que en diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno medidas para frenar estas muertes.

Actores intervinientes

En el 2018, Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por 390 millones para el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Una parte de la asistencia militar estadounidense se encuentra supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. No obstante, el cumplimiento de estos requisitos no ha sido exigido rigurosamente por el Departamento de Estado de EE. UU. (Human Rights Watch, 2018).

La Corte Penal Internacional continúa realizando seguimiento a investigaciones en Colombia sobre crímenes que estarían comprendidos dentro de su competencia. En el 2018, el personal de la Fiscalía de la CPI visitó a Colombia para obtener información sobre procesos penales en el país, de acuerdo con el informe Human Rights Watch (2018).

la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia para verificar la implementación por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP del acuerdo de paz continuará sus labores hasta el 25 de septiembre de 2019.

En el 2018, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos designó a Alberto Brunori como nuevo representante en Colombia.

Conclusiones

• Los derechos humanos en Colombia se encuentran en crisis, existen pocas medidas para garantizarlos y proteger a las comunidades de los abusos ocasionados por el conflicto armado. Adicionalmente, la falta de interés del Estado por intervenir en los departamentos más abandonados del país impide que a la población se les garantice sus derechos humanos a la salud y educación.
• Las poblaciones que se encuentran en estado de vulnerabilidad no pueden gozar de sus derechos humanos porque se encuentran con barreras como el poco conocimiento sobre ellos y como exigirlos. Además, los profesionales de las instituciones se encuentran poco capacitados para atender a la población y brindar las garantías necesarias para su desarrollo y bienestar social.
• El proceso de paz fue positivo para algunos territorios en Colombia. No obstante, se requiere mayor investigación y seguimiento sobre los acuerdos de paz y los programas de reinserción e integración para que se pueda cumplir su finalidad y evitar el crecimiento de disidencias de las FARC.
• Se requiere mayor investigación y planes de acción para generar diálogos con otros grupos armados diferentes al ELN y las disidencias de las FARC, pues en Colombia se presentan más actores armados que afectan y vulneran los derechos de la población.
• El Estado colombiano debe promover, garantizar y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en los sexuales y reproductivos. Para ello debe formar y capacitar a las niñas y mujeres para que los conozcan y en caso de que sean vulnerados puedan acceder a mecanismos de justicia y reparación.
• Las medidas del Estado han sido pocas para garantizar y proteger la vida de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en los territorios.

Bibliografía

• Informe mundial Colombia Eventos de 2018. Organization Human Rights Watch. (2018). Obtenido de: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326041?fbclid=IwAR2PNvNOPwIieR_8y_8MA-AI8xz8wtkXf6cUXXB9Oo4cLHuvYGzqmuMKrTo
• Los líderes asesinados tienen rostro. Fundación Paz & Reconciliación. (10 de diciembre, 2018). Obtenido de: https://pares.com.co/2018/12/10/los-lideres-asesinados-tienen-rostro/?fbclid=IwAR0HjclTzwmy8aYLh7uyxUOPt9VHPLDZE2pj6eCqjBInBDfyi0kp30vRVts