Miguel Antonio Caro, el ideólogo de la constitución política de 1886

Se cumplen 175 del nacimiento de Miguel Antonio Caro. Durante su vida se caracterizó por querer instaurar un Estado Católico Ultraconservador, defender los intereses de la Iglesia y lograr plasmar sus ideales en la constitución política de 1886, la cual rigió el destino del país por 105 años. Cómo vicepresidente ejerció el poder Ejecutivo durante seis años. Su Gobierno fue autoritario, lo que desencadenó múltiples protestas y enfrentamientos violentos.

Por: Alejandro García Hernández

Miguel Antonio José Zoilo Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro Tobar nació en Bogotá, el 10 de noviembre de 1843. Sus padres fueron José Eusebio Caro, uno de los fundadores del partido conservador, y Blasina Tobar.

Caro vivió toda su vida en Bogotá y sólo una vez salió de los contornos sabaneros. Junto a sus hermanos pasó por varios colegios de la capital, pero su educación estuvo principalmente a cargo de su madre, su abuelo materno Miguel Tobar y el profesor particular Thomas Jones Stevens. En 1861, Caro decidió abandonar su educación regular.

Desde 1864 hasta 1868 escribió para los periódicos “La Caridad”, “La Voz de la Patria”, “La República”, “El Iris” y “El Símbolo”. Al mismo tiempo, en 1865 inicia su labor cómo catedrático de filosofía, la cual dictó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el colegio Pío y en la Universidad de los Estados Unidos de Colombia, conforme a Barquero (2004).

En 1868 asume la dirección del periódico “La Fe”, escribe su estudio sobre el utilitarismo y consigue ser electo Representante a la Cámara Suplente por el Estado de Cundinamarca, en donde se interesó en proyectos educativos y culturales, y por restablecer las relaciones Iglesia-Estado. El 10 de mayo de 1871, junto a José María Vergara y José Manuel Marroquín, fundan la Academia Colombiana de la Lengua, según Baquero et al. (2004).

En noviembre de 1871 funda el periódico “El Tradicionista”, en donde se dedicó a escribir hasta agosto de 1876, cuando fue suspendido por el gobierno radical por ir en contra del Estado laico. En sus artículos, Caro defendía las tradiciones heredadas de los españoles y la religión católica porque consideraba que eran el principio de unidad política y moral de la nación y era lo único que podía proteger a la sociedad del caos. De forma que, para Caro, la conquista, la inquisición y la colonización fue una obra de civilización.

Por el contrario, despreciaba el utilitarismo de Jeremy Bentham, el libre mercado de los anglosajones, el federalismo, la libertad de imprenta, la libertad de conciencia religiosa, la pluralidad de ideas y creencias, el Estado y la educación laica, los gobiernos de los liberales radicales, la masonería, la modernización política y la cultura indígena porque consideraba que todas estas provocaban la decadencia y la desazón de la sociedad y la inestabilidad política. Consideraba que los indígenas y la mezcla de razas de los españoles con estos había provocado la inseguridad, el desorden y todo lo salvaje. Por otra parte, Caro se oponía a los derechos y libertades absolutas porque impedían la acción del gobierno para reprimir la anarquía. También se oponía al sufragio universal y directo porque producía el absolutismo de la plebe y la oposición política no podía existir porque los políticos sólo deben buscar el orden social, obedeciendo los principios católicos de forma absoluta y sumisa.

Caro propuso crear un partido católico porque consideraba que el poder civil ejerce una autoridad que viene de Dios. Por ello, el Estado debe cumplir con la misión encomendada por Dios de educar y castigar a los hombres. Para él, la Iglesia era una institución divina y poseedora de la verdad que debía dirigir la sociedad. De modo que, para Caro, la soberanía no proviene del pueblo, sino de Dios, sus leyes y de la razón que provenga de la verdad teológica. A su vez, consideraba que la moral, el derecho y la política debían organizar y estructurar la sociedad según los preceptos de la religión. Así mismo, consideraba que el partido conservador había dejado a un lado los ideales católicos.

En 1873 se casó con Ana Narváez, con quien tuvo nueve hijos. En 1875 fue electo Senador Suplente por el Estado de Tolima. En 1878 estableció la Librería Americana y es electo cómo Represente a la Cámara Titular por el Estado de Tolima. Después fue nombrado por Rafael Núñez cómo director de la Biblioteca Nacional. En 1884 fue nombrado cómo rector de la Universidad Católica.

Constitución política de 1886

En 1885, junto con Rafael Nuñez, fundaron el Partido Nacional e iniciaron el movimiento de la Regeneración que buscaba la unidad y el establecimiento de un Estado central con un régimen presidencial independiente, fuerte, estable y respetable, en detrimento del federalismo y el poder de las regiones. Caro fue delegatorio por el Estado de Panamá en el Consejo Nacional de Delegatarios, el cual expidió la constitución de 1886, que rigió los destinos del país hasta 1991, y ejerció funciones legislativas hasta el 20 de julio de 1888.

Caro fue redactor del proyecto de la constitución y logró que sus ideales políticos fueran aprobados por el Consejo. Estas eran el Estado unitario, el régimen presidencial, libertades públicas limitadas y protección a la religión católica en los ámbitos ideológicos, institucionales y normativos. De este modo, la constitución instauró un proyecto nacional fundado en la identidad católica y en el centralismo político. Para Caro, la Constitución establecía la obligación del Estado de conservar el orden social que la Iglesia Católica considerara correcto porque la ley escrita no debía contradecir las leyes naturales o divinas.

La constitución política de 1886 reconoce a Dios como fuente de toda autoridad y en su nombre se establece una República unitaria llamada “República de Colombia”. La constitución reconocía la obligación del Estado de proteger la vida, honra y bienes de las personas y a la Religión Católica porque era esencial para el orden social. A su vez, las personas tenían la obligación de respetar recíprocamente sus derechos.

Se reconoce y garantiza los derechos de propiedad intelectual, a la propiedad, a la paz, a la seguridad personal, la libertad de religión siempre que no sea contrario a la moral cristiana, a la educación organizada y dirigida entre el Estado y la Iglesia con instrucción primaria gratuita pero no obligatoria, a la libertad de prensa, al trabajo, de petición, a la libertad de asociación pacífica, las garantías legales a quien se sospeche, sea acusado o condenado por cometer un delito o este privado de su libertad, los derechos a la indemnización por la expropiación total o parcial de los bienes y se puede limitar los derechos para proteger el orden social, la paz, la tranquilidad y el orden público, la moral cristiana, los derechos de los demás y de la comunidad.

Se prohíbe la obligación de declarar contra sí mismo o sus parientes, la esclavitud, las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio, la correspondencia u otras comunicaciones y la privación de la libertad de forma ilegal o por no poder cumplir con una obligación contractual. Se permite la pena de muerte para los delitos más graves.

Establecía que sólo los ciudadanos podían votar, ejercer funciones electorales y desempeñar empleos públicos, estos son los hombres mayores de veintiún años que tengan una ocupación lícita que le proporcione un medio legítimo y conocido de subsistencia. Todos los ciudadanos tenían derecho de votar y elegir los consejeros municipales y los Diputados de las Asambleas departamentales.

Para votar por Electores y Representantes a Cámara se requería saber leer y escribir, tener una renta anual de quinientos pesos o un bien inmueble de mil quinientos pesos. Para ser Representante a la Cámara se requería ser mayor de veinticinco años, su periodo era de cuatro años y podían ser reelegidos indefinidamente. Los Electores votaban por el Presidente y Vicepresidente para un periodo de seis años y sólo podía ser reelegido si no se había ejercido la presidencia diez meses antes de las elecciones, estos electores debían ser renovados para cada elección presidencial.

Las Asambleas departamentales elegían a los Senadores por un periodo de seis años y podían ser reelegidos indefinidamente. Para ser Senador se requería ser mayor de treinta años y tener un ingreso anual de dos mil pesos. El senado nombraba a dos miembros del Consejo de Estado, aprobaba o desaprobaba los nombramientos del Presidente para Magistrados de la Corte Suprema y los ascensos de los grados militares desde el teniente-coronel. La Cámara de Representantes nombraba a dos miembros del Consejo de Estado.

Para ser Presidente se debía cumplir con los mismos requisitos para ser Senador. El presidente nombraba a los ministros, a sus agentes, a los gobernadores, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores, estos últimos según ternas presentadas por la Corte Suprema, y a dos miembros del Consejo de Estado. El presidente disponía y dirigía a la fuerza pública para garantizar la seguridad interior y exterior del país. El presidente junto a sus ministros podía declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella, el cual le permitía reprimir el alzamiento. El periodo de los Consejeros de Estado era de cuatro años, el del Procurador General de la Nación era de tres años y los magistrados a la Corte Suprema de Justicia eran vitalicios.

La Constitución Política de 1886 y los gobiernos de la Regeneración establecieron un gobierno centralista y autoritario con amplias facultades y con una política de “orden” que excluyó y reprimió cualquier oposición. Las facultades del Presidente de nombrar directamente a los gobernadores y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales provocó el desaparecimiento de toda la autonomía de las regiones y de la rama judicial del Estado, las cuales eran reconocidas por los anteriores gobiernos liberales radicales, de acuerdo a Fischer (2001).

La Constitución de 1886 mantuvo el sistema de elecciones libres para el congreso. Sin embargo, Rodríguez (1973) afirma que el fraude electoral y la represión violenta no permitieron la participación de los liberales en el congreso, ni en ningún puesto público.

El 17 de febrero de 1888, Rafael Núñez aprobó el Decreto 151 de 1888. Este decreto declaraba cómo “delito de imprenta contra la sociedad” cualquier publicación que atacara a la Religión católica, la institución militar, las clases sociales, a las autoridades y corporaciones del Estado y la de las religiones reconocidas por el Estado, la publicación sin previa autorización de actos oficiales o revelaciones que comprometan los intereses de la República o perturben una negociación diplomática, escritos obscenos, noticias escandalosas y publicaciones que tomen el nombre y representación del pueblo.

En los anteriores casos la autoridad competente podía amonestar al escritor y exigirle que rectifique o enmiende su publicación, prohibir su venta o suspender su impresión por el termino de quince días a seis meses. En caso de desobediencia o reincidencia, la autoridad podía secuestrar y anular los ejemplares impresos y suspender de forma absoluta su publicación. Por otro lado, el decreto establecía que cuando se tratará de ataques a la Religión católica se debía expedir una resolución prohibitiva o suspensiva provisional y la autoridad eclesiástica era la encargada de derimir el asunto.

Este decreto le permitió al gobierno y a su fuerza pública censurar y reprimir a toda la prensa opositora del gobierno. Durante el gobierno de Carlos Holguín Mallarino se suspendieron catorce periódicos y se impuso multas que sumaban 3.220 pesos.

Caro fue consejero de estado desde 1888 hasta 1892. Cargo en el hizo varios estudios jurídicos sobre proyectos de ley e informes sobre la vigencia o constitucionalidad de las leyes, de acuerdo a Baquero et al. (2004).

Presidencia de la República

Para las elecciones de 1891-1892, Núñez y Caro se lanzaron como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Durante las elecciones el gobierno redujo a prisión a 800 personas, desterró a César Conto y confinó a Rufino Gutiérrez y a Carlos Albán. Finalmente, Núñez y Caro ganaron gracias al fraude electoral. Caro asumió las riendas del país en calidad de vicepresidente porque Nuñez se retiró a el Cabrero en Cartagena.

La administración de Caro inició el 7 de agosto de 1892 y terminó el 7 de agosto de 1898. El gobierno de Caro se caracterizó por ser autoritario y represivo, por lo que tuvo una fuerte oposición por parte de liberales y de los conservadores históricos Carlos Martínez Silva, Guillermo Quintero Calderón y Marceliano Vélez, quienes no estaban de acuerdo con su política.

Los nacionalistas liderados por Rafael Nuñez, Carlos Holguin y Caro defendían el conservatismo ortodoxo y ultrarreligioso. Por el contrario, los conservadores históricos promovían un movimiento conservador civilista y democrático y pedían que se adoptaran leyes de prensa, elecciones menos represivas, suspensión de las facultades extraordinarias del Presidente, abandono de la política aduanera de altas tarifas proteccionistas y objetaba los elementos básicos de la política económica regeneradora. Los conservadores históricos se desilusionaron con la regeneración debido a que no había logrado una paz sólida y la administración se había convertido en dispensadora de favores económicos.

En enero de 1893, en Bogotá el pueblo se reveló y tuvo violentos asaltos y choques con la fuerza pública. La bandera roja y negra de la Comuna se paseó entonces por Bogotá, como símbolo de inspiración de un movimiento de inconformidad. Caro se radicó en Ubaque, no se movió de allí y puso en manos del general y ministro de Gobierno Antonio Basilio Cuervo el problema de orden público y logró el retorno a la normalidad a costa de su vida, conforme a Valderrama (1993).

Ramírez (2009) afirma que durante el primer semestre de 1893, Caro defendió el decreto 151 de 1888 y las acciones que la administración de Holguín había tomado en su ejecución. Para Caro la censura era importante para impedir el ateísmo, las noticias difamatorias y la inmoralidad. Así mismo, defendía las políticas de la iglesia sobre libros prohibidos y los índices expurgatorios porque consideraba que no toda opinión o doctrina tiene derecho a propagarse o manifestarse sin restricción alguna.

Por tal razón, defendía que la Iglesia podía censurar todo escrito que tratara asuntos teológicos o morales y que la autoridad civil podía hacer uso de las sagradas escrituras y los parámetros de interpretación de la iglesia para determinar si una publicación es obscena o escandalosa. Por último, Caro consideraba que la represión a las publicaciones no era suficiente para garantizar el orden y la tranquilidad, por lo que era necesario cerrar periódicos alborotadores como una medida preventiva, de acuerdo a Ramírez (2009).

En agosto de 1893 Caro ordenó el cierre indefinido del periódico “El Relator” y el destierro de Santiago Pérez argumentando que sus artículos habían provocado el levantamiento en armas de Avelino Rosas en Barranquilla, según Aguilera (1992).

Carlos Martínez Silva, conservador histórico, denunció en el periódico “El Correo Nacional” la corrupción de los gobiernos de la Regeneración y la emisión clandestina de billetes, sin respaldo en oro, del Banco Nacional ordenada por Caro. Por estas denuncias, Caro cerró “El Correo Nacional” en 1894 y selló la definitiva ruptura entre los conservadores nacionalistas e históricos. Adicionalmente, Caro suspendió “La siesta” de Juan de Dios Uribe y Antonio José Restrepo, “El Liberal” de Nicolas de Esguerra y “El Constitucional” de Juan Bautista Pérez y Soto, de acuerdo con Vallejo (2006).

En 1894, los artesanos y el sector joven del radicalismo liberal quisieron aprovechar la división de los conservadores, la impopular línea fiscal y varios escándalos ventilados en el Congreso para convertir el descontento en un levantamiento general en Bogotá con ramificaciones en varios departamentos. Dicho plan se programo para el 1 de abril, pero la policía secreta lo descubrió y evitó el alboroto, conforme a Arango (2009).

Caro desterró del país a varios dirigentes políticos, periodistas y artesanos del partido liberal, lo que generó grandes divisiones y un ambiente hostil. Por esta razón, Caro le solicitó a Núñez su regreso a Bogotá. Sin embargo, Núñez murió en septiembre de 1894, por lo que Caro continuó ejerciendo el poder ejecutivo como vicepresidente encargado para terminar el período presidencial. Igualmente, Carlos Holguín murió al mes siguiente, por lo que Caro se convirtió en el líder absoluto de los nacionalistas.

En 1895 las fuerzas liberales planearon un complot contra el gobierno. En la noche del 22 de enero de 1895 se reunieron en Bogotá algunos revolucionarios con el propósito de apresar al Presidente y a sus ministros, y apoderarse de los cuarteles capitalinos, pero la Policía secreta los descubrió y fueron apresados. Se iniciaron crueles masacres en el interior del país y desembarcó en la costa una expedición socorrida por mercenarios extranjeros. El 24 de enero, el gobierno declaró turbado el orden público en toda la República.

Caro llamó al general Rafael Reyes y lo puso al frente de los ejércitos legitimistas. Reyes, con talento indiscutible de estratega y jefe militar, planeó una campaña relámpago que inició en La Tribuna, adelante de Facatativá, bajó al Magdalena, siguió hasta la Costa Atlántica y entró por allí a Santander, donde estaba el foco de la revuelta, acabando con la guerra en Enciso y devolviendo la paz al país. El 9 de noviembre de 1895 el Gobierno levantó el estado de sitio de la República y concedió indulto a los comprometidos en la revolución, con algunas excepciones.

Caro se separó del poder en marzo de 1896 por problemas de salud. Se retiró a la hacienda de Casablanca en Sopó y encargó el gobierno al general Guillermo Quintero Calderón. El designado nombró a Abraham Moreno como ministro de gobierno, un reconocido conservador histórico. Caro se degustó porque no quería a ningún conservador histórico dentro del gobierno. De forma que reasumió el mando en Sopó, nombró al general Manuel Casabianca como ministro de Gobierno y de Guerra y le ordenó restablecer el orden dentro de los marcos de inspiración nacionalista de su gobierno. El gobierno de Quintero se llamó de los Cinco Días porque apenas duro del 12 al 17 de marzo.

En 1897 el presidente Caro decidió encarcelar por 30 días al director del periódico “El Constitucional” y fue suspendida sus publicaciones por seis meses por hacer publicaciones en contra del gobierno y el presidente. Esta represión a la prensa produjo una fuerte oposición en el país porque era un acto arbitrario que iba en contra de la libertad de pensamiento y de prensa, de acuerdo a Martínez (1980).

Vallejo (2006) afirma que en 1898 el periódico liberal “La Crónica” denunció que el gobierno de Caro monopolizó la venta y fabricación de fósforos. Por esta denuncia el periódico fue suspendido por seis meses.

Durante su administración se inauguró El Teatro Colón, se hizo inversiones a los ferrocarriles en Cajicá, en Cartagena, en el Tequendama y en Antioquia, y llegó al país una misión de oficiales franceses con el fin de reorganizar el ejército.

Para las elecciones de 1898, Caro buscó ser reelegido, pero no consiguió el apoyo de su partido para desconocer las estipulaciones constitucionales que lo impedían. De modo que propuso cómo candidatos de los nacionalistas a Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín, convencido que con ellos podía gobernar interpuesta persona y que su avanzada edad podría provocar que ambos dejaran el cargo, lo que permitía que Caro fuera electo por el Congreso.

Las elecciones se discutieron con los conservadores históricos Marceliano Vélez y Guillermo Quintero Calderón y los liberales Miguel Samper y Foción Soto. Finalmente, los nacionalistas ganaron las elecciones, aunque los liberales denunciaron que fue producto del fraude electoral y del atropello sistemático en contra de sus derechos políticos.

Vida después de la presidencia

Por su avanzada edad, el presidente Sanclemente no se pudo posesionar por problemas de salud. Por ello, se encargó el gobierno a Marroquín del 7 de agosto al 3 de noviembre de 1898. Según Melo (1996), en este período el vicepresidente derogó la ley de facultades extraordinarias, adoptó una ley de prensa y una ley del sistema electoral menos represiva.

Estas medidas propias de los conservadores históricos aceleraron la posesión del presidente Sanclemente. Sin embargo, de acuerdo a Fischer (2001), la senilidad del presidente no lo permitió gobernar y dejó que su vicepresidente asumiera el cargo.

La guerra de los Mil Días inició el 17 de octubre de 1899 por la exclusión de los liberales en el poder desde 1886 y la negligencia del gobierno de asumir la crisis de los cafeteros ocasionada por la caída de las cotizaciones internacionales de 1896. Además en ese período la situación empeoró al establecerse un impuesto a las exportaciones, según Kalmanovitz (1984) .

El 31 de julio de 1900 el vicepresidente Marroquín derrocó al presidente Sanclemente, en un golpe de Estado apoyado por el ejército y los conservadores históricos, con la excusa de que el presidente Sanclemente no se encontraba en las condiciones para afrontar la Guerra de los Mil Días, según Mitchell (2015). De esta forma, Caro perdió todo su control sobre el gobierno y se convirtió en un opositor de Marroquín.

El 9 de marzo de 1902, Caro redactó una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores en la que defendía el derecho a la vida de cuatro presos políticos de la Guerra de los Mil Días a quienes se les quería imponer la pena de muerte porque los enemigos no querían soltar unos prisioneros de guerra. Caro argumentó que dicha decisión iba en contra de la Constitución Política y en cualquier caso, el Estado de Sitio sólo podía restringir los derechos humanos más no los podía suprimir de forma absoluta, de acuerdo a Baquero et al. (2004).

Tras el fin de la guerra de los Mil Días, el gobierno estadounidense exigió la conclusión de las negociaciones sobre el canal de Panamá. Finalmente, se firmó el tratado Herrán-Hay por el cual Colombia otorgaba a los Estados Unidos la concesión para construir el canal de Panamá, según Fischer (2001).

En las elecciones parlamentarias de 1902, Caro obtuvo un escaño en el Senado para el periodo 1903-1904. Desde allí, Caro se opuso a la ratificación del Tratado Herrán-Hay, queriendo una compensación más alta a la reconocida. Mientras se discutía dicha decisión, Estados Unidos amenazó a Colombia diciendo que lamentarían no ratificar el tratado. Finalmente, el congreso conservador decidió no ratificar el tratado.

De esta forma, Estados Unidos decidió ayudar a Panamá para que separara de Colombia y reconocerla como nueva nación el 3 de Noviembre de 1903, pues consideró que era la forma más efectiva de construir el canal, conforme a Fischer (2001).

En 1903 Caro fue nombrado profesor de derecho constitucional en la Escuela de Derecho y a partir de 1905 se retira definitivamente de la vida pública. El 5 de agosto de 1909 murió en Bogotá.

Bibliografía

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Cardona, Patricia. “El pasado en discordia. Miguel Antonio Caro y José María Quijano, 1872” Universidad EAFIT. Colombia. 2017. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6160422.pdf

“Miguel Antonio Caro”. Revista Credencial Historia No. 173. Mayo de 2004. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-173/personajes-del-ano-1901-1903

Aguilera, Mario. “Santiago Pérez y Carlos Holguín: censura de prensa y responsabilidad presidencial”. Revista Credencial Historia No. 31. Julio de 1992. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-31

Ramírez, Gonzalo. “Los artículos sobre libertad de imprenta de Bentham y Miguel Antonio Caro: divergencias y eventuales correspondencias”. Revista Derecho del Estado no.22. Junio de 2009. https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName=Los%20articulos%20sobre%20libertad%20de%20imprenta%20de%20Bentham%20y%20Miguel%20Antonio%20Caro.pdf

Coneo, Jhonatan. “La tradición hispánica en la construcción de la identidad nacional colombiana. Una mirada a partir del caribe 1886-1902”. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Humanas. Programa de Historia. 2017. http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/5598/1/Tesis%20Final%20Andres%20Coneo.pdf

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Rodríguez, Gustavo. “Benjamín Herrera, en la guerra y en la paz”. Universidad Libre de Colombia. Bogotá. 1973.

Fischer, Thomas “De la guerra de los Mil Días a la pérdida de Panamá” en “Memoria de un país en guerra. Los Mil Días 1899-1902”. Editorial Planeta Colombia S.A. Bogotá. 2001.

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Kalmanovitz, Salomón (1984) “El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia” en “Manuel de Historia de Colombia”. Tomo II. Tercera Edición. Procultura S.A. Instituto Colombiano de Cultura. 1984.

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