El Acuerdo Final describe el plan de acción para resolver el problema progresivo de las drogas ilícitas, en particular la estructuración de estrategias dirigidas a la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Se resalta la formulación de acuerdos con las comunidades para erradicarlos. Allí también son mencionados Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y proyectos para enfrentar el crimen organizado, con mecanismos de judicialización efectiva.
El tercer punto del Acuerdo Final plantea la ruta para que las Farc dejen las armas en 180 días. También se mencionan elementos claves para la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, sobre todo en la garantía de su seguridad, una vez se desarmen. Además, se indica que el grupo político que resulte de la hoy insurgencia tendrá 10 curules en el Congreso.
Un escenario que apunta a un sueño común de debate público, sin armas ni intimidación, plantea el Acuerdo Final en su punto 2. En el capítulo es fijado como fundamento para la construcción de paz, la participación de la sociedad en su conjunto, sin distinción. Se señala que la paz solo es posible si todos aportamos lo mejor desde nuestras habilidades y propósitos personales.
El primer punto del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc es quizás el mejor logrado de los 6 que componen el documento que será sometido a refrendación en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. El capítulo apunta a solventar la deuda histórica que el Estado tiene con la población rural del territorio nacional en materia de educación, infraestructura, acceso a la vivienda y el agua potable, y garantías en protección social de los trabajadores campesinos del país y de la población que se encuentra en edades de adulto mayor.
Prospectiva en Justicia y Desarrollo 