El primer punto del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc es quizás el mejor logrado de los 6 que componen el documento que será sometido a refrendación en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. El capítulo apunta a solventar la deuda histórica que el Estado tiene con la población rural del territorio nacional en materia de educación, infraestructura, acceso a la vivienda y el agua potable, y garantías en protección social de los trabajadores campesinos del país y de la población que se encuentra en edades de adulto mayor.

Por: Sergio García Hernández

Un nuevo campo colombiano, eso es lo que busca el primer punto de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc. El campo que se describe y ‘hacía’ el que se quiere llegar es uno en donde las regiones afectadas por la pobreza extrema, la desigualdad y el conflicto son priorizadas como lugares que reciben las mayores inversiones por parte del Estado y en donde los proyectos sociales buscan mejorar los ingresos y las condiciones de vida o ‘el buen vivir’ de los campesinos del país.

Más que un acuerdo entre la más tenebrosa guerrilla latinoamericana de las últimas 5 décadas y el Gobierno Nacional, el primer punto parece la redacción de un plan de desarrollo o de una política pública que el Estado estaba en mora de diseñar para el olvidado campo colombiano en el que, según estima el Dane, para el 2015, el 40,3% de la población se clasificó como pobre y en el que el 18% de las personas viven en condición de pobreza extrema.

En el primer punto se traza como ‘objetivos guía’ la erradicación de la pobreza extrema y la promoción de la igualdad, con un enfoque territorial y en el que se expone una y otra vez la importancia de la participación de la mujer rural, que se busca sea la principal beneficiada de las ideas planteadas en el acuerdo.

‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano’ plantea el reconocimiento de la economía campesina y familiar como motor de la producción de alimentos, con lo que se busca dar alternativas e independencia económica a quienes dependen de sus cultivos para subsistir.

En el capítulo se expone que esa economía familiar debe ser impulsada por créditos y capital semilla para que puedan arrancar los proyectos agropecuarios de los campesinos y en donde se percibe una apuesta por el autoconsumo y la autosuficiencia.

En ese sentido se plantea la creación de un Fondo de Tierras en el que 3 millones de hectáreas serán entregadas a los habitantes del campo en condiciones más vulnerables.

Los predios provendrán de tierras olvidadas por el Estado como los baldíos, aquellas que han sido centro de extinción de dominio, tierras inexplotadas o incluso expropiadas pero con indemnizaciones y, siempre y cuando, sea en la búsqueda de la promoción del acceso a la propiedad rural.

Con el mismo norte de promover el fin de la pobreza extrema y la desigualdad, el punto 1 de los acuerdos abre la puerta a subsidios a proyectos y líneas de crédito que permitan mejorar el ingreso de los campesinos, y sobre todo de esos 4 de cada 10 más pobres, según el Dane. En el acuerdo también se describe la necesidad de acabar con el analfabetismo y de mejorar la atención integral a la primera infancia, así como el apoyo a los docentes de las escuelas rurales.

La búsqueda de ese ‘nuevo campo’ incluye también la participación de las comunidades en la demanda de las necesidades y acciones para mejorar sus condiciones de vida, en el diseño de estrategias para conseguir una producción de alimentos que se acomode a las condiciones de la región, con un enfoque de género, en el que la mujer es clave. No es casual que este punto las exponga a ellas como las más olvidadas y afectadas por la desigualdad en la ruralidad, por cuenta de la poca  propiedad que tienen sobre las tierras y el olvido del que son presa en momentos vulnerables de su vida, como lo es cuando están en etapa de gestación y lactancia.

El capítulo uno del acuerdo también promueve la creación de un sistema catastral que permita de a poco formalizar la tierra, una demanda  constante de gremios agropecuarios y movimientos sociales vinculados al campo. A su vez, se apunta a una mayor cobertura de electricidad, mejores sistemas de riego y la adecuación de vías terciarias aparecen como temas claves a tratar, y que parecen respuesta a los continuos reclamos de organizaciones rurales y federaciones del sector agrícola, lechero y ganadero.

En este sentido, si los acuerdos se votaran uno a uno, este punto ganaría por goleada porque es difícil oponerse a una transformación estructural del campo como la que allí se plantea. Es claro que, aunque lo descrito en el punto se enmascara en el fin del conflicto con las Farc, lo  cierto es que lo plasmado en esas primeras hojas del Acuerdo Final no es más que la respuesta a las continuas demandas de los campesinos, que viven en un campo olvidado en donde se presentan indicadores de pobreza que duplican  y a veces triplican a los que se registran en las urbes del país.