En esta prospectiva se analiza el último capítulo del Acuerdo Final, que comprende tres aspectos -implementación, verificación y refrendación-. Estos puntos marcarán el éxito o fracaso de la negociación con las Farc.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

Implementar, verificar y refrendar, son los tres verbos que envuelven el último punto de lo pactado en La Habana, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. En ellos se basan los compromisos que asumen los firmantes del Acuerdo, la sociedad colombiana en su conjunto y la comunidad internacional. La meta: dar seriedad, confianza y garantía al cumplimiento de lo pactado.

En el capítulo 6 se resolvió que para el cumplimiento del Acuerdo final, el Gobierno Nacional y las Farc, acordaron la creación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, en donde participan tres representantes del Gobierno Nacional y 3 de las Farc o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. La duración tendrá un primer periodo de funcionamiento hasta enero de 2019, y podría extenderse hasta 10 años.

Mecanismos de implementación y verificación

Es importante destacar que la Comisión tiene los siguientes objetivos:

•  Resolución de diferencias
•  Seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento
• Impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos
• Presentación de informes de seguimiento a la implementación
• Recibir insumos de instancias encargadas de implementación

Lo pactado en el punto 6 contempla acciones a tener cuenta en la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz: el principio de buena fe, la atención recíproca en el cumplimiento de las obligaciones, la promoción para la integración de las poblaciones afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad.

En esta línea y con el propósito de garantizar la implementación de lo acordado -políticas, normas, planes, programas-, la Comisión tendrá como tarea dentro de los 4 meses siguientes a su constitución, la presentación del plan marco para la implementación de los acuerdos, sobre la base del borrador que será presentado por el Gobierno Nacional.

Este plan contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, recomendaciones de política, priorización y secuencia, cronograma e instituciones responsables. Allí se prestará especial atención a las necesidades de las mujeres.

Según el Acuerdo, el Gobierno Nacional tramitará y aprobará, en el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, un documento CONPES sobre el plan marco de implementación, en los términos aprobados por la Comisión, que contendrá la indicación de los recursos para su financiación.

El capítulo 6 también reseña que al Gobierno le corresponderá en los distintos niveles tramitar las reformas normativas necesarias, promover mecanismos y medidas para que con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías se contribuya a financiar la implementación de los acuerdos.

Otras medidas complementarias para el cumplimiento del acuerdo tienen que ver con la participación del sector empresarial, el apoyo de los fondos de cooperación internacional. En cuanto a la reincorporación, se contará con el apoyo de los recursos de las Farc. Igualmente, se diseñarán mecanismos para garantizar la promoción de la participación de organizaciones sociales.

Para la implementación del Acuerdo, el Gobierno Nacional priorizará el trámite de los proyectos normativos, los cuales en su urgencia comprenderán: la Ley de amnistía, el Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Ley de aprobación.

También se tramitará el Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas, la Ley sobre la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, y la Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito.

Además, se elaborarán aquellas otras medidas normativas que permitirán la implementación del acuerdo, como son: la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc y colaboradores, o personas acusadas de serlo, y la reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la Farc.

A su vez, se tramitarán las normas relacionadas con la extinción judicial de dominio, el desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad, la modificación de la Ley 1448 de 2011 -Víctimas y Restitución de Tierras-, las circunscripciones especiales de paz, las medidas para combatir la corrupción, entre otras.

En las zonas priorizadas se implementarán 16 programas de desarrollo con enfoque territorial. Mientras, en aquellos municipios o zonas no priorizadas, se pondrán en marcha diferentes medidas que incluyen acciones humanitarias, la identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales que habitan esos municipios y que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad.

Reconocimiento para los pueblos étnicos

En el Acuerdo Final se reconoce que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de paz, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y se establece que son grupos que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, además de la afectación sufrida por el conflicto armado interno.

Por esas razones a los pueblos étnicos, se establece en lo pactado, deben propiciárseles las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos, en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones, por lo que para el Acuerdo Final resulta fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural.

En este sentido, para salvaguardar las garantías de los pueblos étnicos, se respetará el carácter principal y no subsidiario de la Consulta Previa, libre e informada, y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición.

Para garantizar el respeto de sus derechos, los pueblos étnicos participarán en la Reforma Rural Integral, en particular para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral o tradicionalmente.

Además, se les garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona, e igualmente su participación para el fortalecimiento y reconocimiento en los demás programas que se desarrollen con ocasión al cumplimiento del acuerdo.

Componente internacional de verificación de la Comisión

Es importante señalar que el Gobierno Nacional y las Farc, acordaron la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos, que tendrá un componente internacional, y cuya responsabilidad consistirá en el análisis de la información recolectada durante el proceso de monitoreo, con el fin de constatar el cumplimiento o no de los acuerdos.

En lo pactado se presentan los criterios orientadores del mecanismo de verificación, los cuales se concretan en:

-La comprobación del estado de la implementación y puntos de discusión y controversia.
-La rigurosidad de los informes o pronunciamientos que deben estar soportados en datos y hechos, los cuales deben tener correspondencia en las materias y contenidos de que trata el Acuerdo.
-La atención al impacto diferencial y de género, así como la garantía de acceso a la información, para poder realizar la labor de verificación, que además debe gozar de transparencia.

Componente de acompañamiento internacional

Aparte del componente internacional de verificación, el Acuerdo cuenta con un acompañamiento foráneo que se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El principal criterio que se tiene en el acompañamiento se basa en los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El acompañamiento internacional acordado entre el Gobierno Nacional y las Farc, comprende la participación de diferentes Estados e instancias internacionales, que han trabajado por el respeto de los derechos humanos y la colaboración, en programas dirigidos a lograr la paz y el bienestar social. En este sentido, cada uno de los acuerdos cuenta con especial acompañamiento para hacer posible su cumplimiento.

Además, en el Acuerdo, se invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente internacional de acompañamiento, a contribuir con la financiación de los aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo Final.

En síntesis, en este punto del Acuerdo, se observa el reto que se tiene para el correcto funcionamiento de lo pactado en La Habana, no sólo desde las partes que negociaron, sino las responsabilidades que derivan para la sociedad, y para la institucionalidad en su máxima comprensión, al estar comprometida no sólo en el orden nacional, sino también en el departamental y municipal.