El peligro del discurso del vandalismo

En Colombia, el discurso de odio contra ‘el vandalismo’ utilizado por el Gobierno y los medios de comunicación está estigmatizando y criminalizando la protesta social. Bajo este, el Gobierno justifica la represión violenta de la protesta social para supuestamente garantizar la seguridad de los ciudadanos con lo que se causa graves violaciones de los derechos humanos, se invisibilizan las situaciones de injusticia que se denuncian con la protesta social y se niega el diálogo social que es la base de las democracias.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Los discursos de odio son expresiones que tiene la intención de incitar al odio y a la violencia contra un grupo de personas que identifica como ‘enemigos’ (Esquivel Alonso, 2016). Para lograrlo, los Estados y los medios de comunicación difunden diversos discursos de odio para exagerar o crear miedos, temores y amenazas de peligros hacia los supuestos ‘enemigos’ (Bauman, 2011).

De esta forma estas personas son deshumanizadas y, por lo tanto, son presentadas como objetos que deben ser eliminados como una medida preventiva, que no merecen ninguna protección ni tampoco ser escuchados. En consecuencia, justifican medidas de seguridad para supuestamente proteger a la sociedad de estas amenazas o peligros (Bauman, 2011).

Por otra parte, Internet y las redes sociales han facilitado que las personas puedan recibir y difundir discursos de odio de forma inmediata, masiva y descontrolada (Moreno Antón, 2015).

Foto: OBSERVACOM


Las estrategias de los discursos de odio nacieron en la Alemania nazi para provocar que la sociedad alemana persiguiera y matara a los judíos, a los comunistas y en general a los opositores del régimen. Durante la guerra fría, los discursos de odio fueron utilizados en Latinoamérica para perseguir militarmente a los comunistas quienes para los gobiernos autoritarios eran todas las personas que se opusieran a sus políticas económicas y militares.

Actualmente, los discursos de odio son usados en la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico para justificar la militarización y por los políticos de extrema derecha quienes utilizan el racismo y la discriminación como plataforma política.

La aplicación del discurso de odio se caracteriza por producir miedo en los sujetos destinatarios del odio. En este sentido, los discursos de odio provocan miedo por las acciones violentas que se justifican y ejecutan durante su promoción y por la reacción no planeada de la sociedad civil a la que se le incentiva el odio.

En Colombia, el gobierno nacional está utilizando el discurso del vandalismo y del terrorismo para estigmatizar a los protestantes ante la sociedad y, de esta forma, provocar división social, causar desconfianza sobre la protesta, desviar la atención sobre los descontentos sociales y promover el odio hacia los manifestantes para deshumanizarlos.

Con la deshumanización del protestante se pretende que la sociedad civil justifique la militarización y las acciones violentas y crueles de represión contra los manifestantes y no se conmueva por el sufrimiento que se causa con estas acciones. De esta forma, no se causa indignación ni se aumenta el descontento social por la represión cruel.

Los discursos de odio afectan directamente el derecho a la protesta porque estigmatiza y criminaliza a los manifestantes, lo que justifica acciones crueles contra ellos, como su asesinato o maltrato, o se termina utilizando a la justicia para capturarlos arbitrariamente e intentar judicializarlos, suministrando falsas evidencias o sin evidencias, para aplicarles la prisión preventiva y condenarlos injustamente (CIDH, 2019).

El uso del discurso del odio para estigmatizar y criminalizar la protesta social no es nuevo en Colombia. Desde los años sesenta se utilizó el discurso de odio para calificar a los manifestantes como guerrilleros, lo que con el paso de los años ha mutado por el calificativo de terroristas y en la actualidad se utiliza el de vándalos, aunque en medios de extrema derecha siguen utilizando los calificativos de guerrilleros o terroristas.

En este sentido, en Colombia, los discursos de odio se han utilizado como medio para militarizar, criminalizar y estigmatizar a protestantes, y sobre todo esconder las situaciones de injusticia por las que el pueblo protesta, como la violencia extrema, las pocas garantías de salud, las barreras en el acceso a la educación de calidad y la pobreza extrema.

Ahora bien, la militarización y el uso de la fuerza pública con el supuesto argumento de garantizar la seguridad, preservar el orden interno y proteger bienes contra el vandalismo, es una falta grave a los derechos humanos, debido a que “la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los civiles que participan en las manifestaciones” (CIDH, 2019).

Asimismo, la militarización conlleva múltiples preocupaciones porque las fuerzas militares, por su entrenamiento y los protocolos de actuación que aplican, recurren al uso arbitrario de la fuerza como primer recurso en contra de quienes califican como ‘enemigo’. Adicionalmente, la justicia penal militar dificulta que se enjuicie y se establezca responsabilidades penales sobre los abusos o usos excesivos de la fuerza que cometen (CIDH, 2019).

Por otra parte, el discurso del vandalismo también ha sido vinculado con la idea de que los protestantes “lo quieren todo regalado”, lo que desconoce que sus exigencias son legítimas para que se garanticen derechos humanos, como la salud, la educación, el trabajo y la vida. Ante esto es importante recordar que todos tenemos los mismos derechos humanos y estos son prerrogativas que los Estados están obligados a satisfacer, por lo que no son simples regalos o favores.

De igual forma, la CIDH (2019) ha afirmado que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas pues a través de este derecho las personas expresan públicamente diversas opiniones y disensos, exigen el cumplimiento de derechos humanos, hacen demandas sociales y ambientales y denuncian situaciones de injusticia. Por esto, la protesta juega un papel central y hace posible la defensa de la democracia y los derechos humanos. Por otra parte, el ejercicio de este derecho exige que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica.

Lo grave del discurso de odio del vandalismo es que ha sido recepcionado por diversos medios masivos de comunicación como una forma normal de hacer un periodismo neutral sobre la protesta. En este sentido, los medios de comunicación muestran videos sobre daños que ‘vándalos’ ocasionan y a la vez muestran la represión violenta a manifestantes como una reacción lógica de los desmanes, calificando la represión violenta como enfrentamientos o disturbios.

Lo que los medios de comunicación no muestran son los actos de provocación violenta de la Policía, los daños que los policías causan a los bienes para responsabilizar a los protestantes de estos, ni tampoco están documentando que hay policías que están saliendo vestidos de civiles para incitar la violencia y posteriormente participar en la represión a los manifestantes.

Al respecto, es importante aclarar, sin ánimo de justificar, que algunos protestantes atacan bienes que para ellos tienen una carga simbólica negativa y en este sentido es importante reflexionar sobre porqué se ataca dichos bienes. Por ejemplo, es común que los manifestantes ataquen monumentos de polémicos personajes históricos que son idolatrados por la sociedad en general sin condenarles los actos crueles o injustos que cometieron, que se ataquen bancos que son percibidos como los concentradores de las riquezas y por ende son el blanco del descontento social sobre la desigualdad social o que se ataquen empresas que han causado graves daños ambientales o sociales durante sus actividades. En este sentido, si bien estas acciones no son justificables si deben abrir el diálogo y la reflexión crítica de las causas que generan dichas acciones.

Lo peor de todo es que los medios de comunicación televisivos no están documentando la masacre que está ocurriendo en las noches en el país, donde los policías armados y a veces vestidos de civiles disparan contra los manifestantes que protestan por la noche o que están regresando a sus casas o los capturan ilegalmente para torturarlos o desaparecerlos.

Sin embargo, los efectos del discurso de odio del vandalismo no han sido del todo efectivo, pues gracias a las redes sociales la sociedad civil ha podido informar, registrar y transmitir las protestas y los abusos de la autoridad para que los colombianos y la sociedad civil global se den cuenta de la violación a los derechos humanos que cometen miembros de la fuerza pública colombiana.

Lo grave del asunto es que los medios de comunicación y el gobierno, conociendo esta situación, han propuesto el cierre de las redes sociales con lo cual aspiran cometer abusos de autoridad sin que se difundan, dejando al pueblo en total incomunicación e indefensión, como ocurrió con la caída del internet en la noche del 4 de mayo en Cali.

Para impedir que el discurso del vandalismo o cualquier otro discurso de odio en contra de la protesta social cause su estigmatización se requiere de una sociedad civil que rechace y condene de forma contundente cualquier tipo de acción violenta en contra de cualquier persona y que siempre defienda los derechos humanos de todas las personas.

De igual forma, se requiere que se reconozca que los conflictos sociales y las protestas son aspectos normales que surgen dentro de la vida democrática de la sociedad y que pretenden generar un diálogo social crítico para transformar las situaciones de injusticia que causan los descontentos sociales.

Por lo tanto, se debe rechazar la represión de la protesta y promover un diálogo serio para atender las demandas sociales. Lo contrario, sería un ataque a los derechos humanos y a la democracia como está sucediendo en estos momentos en Colombia.

Bibliografía


-Bauman, Z. (2011). Daños Colaterales. Desigualdades sociales en la era global. México: Fondo de Cultura Económica.

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Protesta y Derechos Humanos. OEA – Relator Especial para la Libertad de Expresión.

-Esquivel Alonso, Y. (Diciembre de 2016). El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Obtenido de scielo: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932016000200003

-Moreno Antón, E. G. (2015). La libertad de expresión y discurso del odio desde la perspectiva internacional de los derechos humanos. Obtenido de Universidad de la Rioja: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000971.pd

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