La tesis de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que representa a la familia de Yuliana Andrea Samboní, sobre un feminicidio por la muerte de la niña de 7 años, cobra fuerza. Los hechos que rodearon el asesinato, como la asfixia, el abuso sexual y el evidente odio hacia la mujer del perpetrador del  crimen  sustentan el argumento de la entidad.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

La noticia de un asesinato de una niña a manos de un hombre, que según las investigaciones y los datos que hasta el momento se arrojan a la prensa, fue cometida este domingo 4 de diciembre en un apartamento del sector de El Chicó, en Bogotá, puso sobre la mesa la importancia de que se aplique en Colombia la Ley 1761 de 2015, que crea el tipo penal de feminicidio, que por sus características endurece penas en casos de asesinatos a mujeres.

El principal sospechoso del crimen es Rafael Uribe Noguera, pues en su apartamento fue hallado el cuerpo de la niña. Este arquitecto de 38 años, de comprobarse como culpable de la muerte de la niña, sobre la que Medicina Legal informó que incluyó un abuso sexual y asfixia, tendría que responder por el delito de feminicidio, tal como lo pide la Secretaria de la Mujer.

Prospectiva en Justicia y Desarrollo expone razones por las que el crimen contra la niña de 7 años, Yuliana Samboní, tiene las características de un feminicidio, delito por el que en Colombia las condenas son mayores que las que sancionan un homicidio.

Las razones del feminicidio

En Colombia se creó la Ley 1761 de 2015, también conocida como Ley Rosa Elvira Cely, la cual crea el tipo penal de feminicidio, y en la que se basan quienes claman una pena contundente contra el asesino de Yuliana.

El caso de la niña se enmarca en las definiciones hechas en esa Ley, y por esa razón al atacante de Yuliana debería acusarse por ese delito, antes que por la ejecución de un homicidio.

La Ley, diseñada luego del asesinato de Rosa Elvira Cely y en parte respuesta al macabro crimen que incluyó un empalamiento en el Parque Nacional, define el feminicidio como la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido circunstancias, que sin duda sucedieron en el caso Yuliana.

Las características del crimen de la niña, que poco a poco se han dado a conocer, se enmarcan en las descripciones de lo que implica un feminicidio, como el que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, como ocurrió con Yuliana, cuando fue secuestrada y asfixiada, según indican las investigaciones.

Además, otras características del feminicidio, por lo conocido hasta el momento en el caso, también sucedieron en el asesinato de Yuliana,  como lo es la consumación del delito tras ejercer  sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, o acciones de opresión y dominio. En el caso de Yuliana la violación ya la comprobó Medicina Legal.

También se hizo presente en el caso de la niña, la perpetración del delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer y para para generar terror o humillación, que son también condiciones que definen el feminicidio.

Por estas razones, la pena que debería recibir el asesino de Yuliana tendría que estar afín al delito de feminicidio, que habla de condenas que pueden llegar a los 41 años de prisión, cuando la pena mínima por un homicidio común hoy en Colombia puede ser de 13 años.

Más allá de la pena que se aplique al caso de Yuliana, determinar que allí sucedió feminicidio es importante pues, tal como lo ha dicho la representante de Alianza Verde, Ángela María Robledo, coautora de la Ley, el feminicidio al ser un  delito autónomo, obliga a los operadores de la justicia, cuando se haya asesinado a una mujer, a hacer la investigación para determinar qué fue lo que le sucedió a la mujer, más allá de la muerte misma.

Lo sucedido a Yuliana, sin dudas, debería marcar un precedente en Colombia sobre la funcionalidad de aplicar el delito de feminicidio en ese tipo de casos, en parte para que la sociedad reconozca la gravedad de actos como el sucedido a esta niña de apenas 7 años de edad, y se condene ese tipo de violencias con el más alto rigor.