La  voluntad popular de rechazar  el Acuerdo Final no implica que los puntos tratados en La Habana dejen de tener importancia. Se convierten en la base de una agenda de debate, en búsqueda de un acuerdo político para la terminación del conflicto.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

Prospectiva en Justicia y Desarrollo decidió publicar la última de las 10 prospectivas un día después de la votación del plebiscito, por considerar importante el análisis del resultado frente al camino a seguir, luego de la consulta resuelta por el pueblo.

En este sentido y conforme a las manifestaciones del Gobierno Nacional, los líderes del ‘No’ y lo expuesto por las Farc, existe la posibilidad de llegar a un pacto político nacional, que parta de la revisión y reconducción de los acuerdos. Esto se traduce en que los actores en el proceso reconocen la importancia de los puntos de discusión que llevaron al acuerdo de La Habana, luego de 4 años de negociaciones.

Para rescatar el trabajo adelantado en La Habana, en principio podría pensarse en llevar la discusión al seno de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, ello trae algunas dificultades prácticas. Conforme lo establece el artículo 376 de la Constitución,  convocar la Asamblea invita a abrir un escenario que implica la incertidumbre, por los efectos que traería la suspensión de la facultad ordinaria del Congreso para reformar la constitución.

Además, esta posibilidad llevaría al riesgo de plantearse una reforma integral de la Carta Política, con el peligro de llegarse a la sustitución de la misma.

Ahora, lo que se observa con el resultado del plebiscito, es que el 50.21% de la población colombiana desaprobó el acuerdo de La Habana, mientras que el 49,78% lo aprobó, y que la desaprobación, según las primeras lecturas de los líderes del ‘No’, se fundamentó en las inconsistencias que se presentaron en los temas de justicia y de acceso a cargos de representación popular por los miembros de las Farc.

Esos serían los puntos de mayor importancia y discusión y que requerirían de un acuerdo nacional para, a través de mecanismos de reforma constitucional y legal, establecer los requisitos o condiciones que llevarían al otorgamiento de beneficios judiciales y reconocimiento de acceso a cargos de elección popular. Dos temas que implican un profundo debate según el querer popular, pues estos puntos giran en torno de la claridad que merecen sobre su diseño, aprobación e implementación.

Esos dos aspectos, de trascendental importancia y de difícil solución en el marco constitucional actual, podrían someterse al mecanismo de participación democrática de referendo, una vez se concluyan las discusiones que culminarán en el pacto político. Lea: ¿Por qué se acudió al plebiscito para refrendar el Acuerdo Final?

Los resultados del plebiscito dejan en su lectura la necesidad de abrir los espacios de discusión. Para ello puede plantearse extender las negociaciones de La Habana por un tiempo razonable, con la participación de las fuerzas políticas en representación de las mayorías en la consulta plebiscitaria.

Ahora, conforme a los análisis expuestos en nuestras 9 prospectivas anteriores, el núcleo del contenido de los acuerdos está sustentado en una serie de ausencias relacionadas con políticas públicas, que buscan el bienestar social e integral, y el acceso a los servicios para garantizar el mínimo vital. Todas ellas, obligaciones que el Estado colombiano tiene y que por no haberse conseguido en plenitud, busca atender en medio de la resolución del conflicto.

De otra parte, si se revisan con objetividad y profundidad los acuerdos de La Habana. Aparte de los temas de justicia y participación política, los demás puntos plasmados van dirigidos a saldar la deuda histórica que el Estado tiene con distintos sectores de la sociedad. Situación que, para ser saldada, requiere de la implementación de políticas públicas de responsabilidad institucional.

De tal forma, que los temas o puntos contenidos en el acuerdo de La Habana y que requieren de reconducción, según expresó el Centro Democrático, pueden ser objeto de discusión y, como resultado del pacto político, ser presentados los proyectos o planes de desarrollo al Congreso de la República, para de este modo cumplir con las responsabilidades que se tienen con ciertos sectores y comunidades del país.

Para cerrar este ciclo de 10 análisis sobre lo que ayer no se aprobó, Prospectiva en Justicia Desarrollo invita a las distintas fuerzas políticas que representaron el ‘Sí’ y el ‘No’, para que de inmediato se inicie la estrategia que apunte a lograr el acuerdo nacional que se requiere en búsqueda de una paz estable y duradera.

Los puntos analizados durante los cuatro años de discusión en La Habana merecen ser atendidos en la nueva agenda, para lo cual debe establecerse un cronograma de trabajo que atienda la concentración y permanencia en las discusiones, así como establecerse un tiempo de discusión razonable, y de esa manera, responder de manera oportuna a la sociedad colombiana.

No puede perderse la valiosa oportunidad de dar el paso final para la consecución de una paz estable y duradera, pues luego de 52 años de conflicto con las Farc, por primera vez en la historia reciente de Colombia, este grupo guerrillero da muestras de voluntad para llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto.

La historia indica que la solución al conflicto interno armado no ha sido posible por las armas. Por el contrario, la confrontación solo deja por resultado la muerte de miles de colombianos: población civil, soldados y miembros de las Farc. Por ello y pese al ‘No’, el país debe aprovechar esta oportunidad de dar fin a una guerra de 5 décadas.