Actualizado: 22 de octubre de 2020

Fue uno de los políticos más influyentes de Colombia. Fue tres veces candidato a la presidencia y defendió la salida negociada al conflicto armado en los años ochenta. Antes de su muerte criticó la política antidrogas de Estados Unidos y denunció la existencia de un ‘régimen’ que se beneficiaba del conflicto armado.

Por: Alejandro García Hernández

Álvaro Gómez nació en Bogotá el 8 de mayo de 1919. Sus padres fueron Laureano Gómez Castro y María Hurtado Cajiao. Creció y estudió en Buenos Aires, París, Bruselas y Berlín. Finalmente, en 1936, se graduó de bachiller del Colegio de San Bartolomé.

A la corta edad de diecisiete años y siendo aún estudiante del colegio San Bartolomé, Álvaro comenzó a trabajar en el diario de su padre, ‘El Siglo’. A lo largo de su vida, Álvaro Gómez se desempeñó en el diario como traductor, redactor, caricaturista, jefe de armada y redacción, subdirector y director. Trabajando en el diario cubrió la Segunda Guerra Mundial y asistió a la fundación de las Naciones Unidas. El 9 de abril de 1949, ‘El Siglo’ fue destruido por las revueltas que generó el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, por lo que Gómez Hurtado se tuvo que dedicar a reconstruirlo.

Gómez dirigió la Revista Colombiana de 1938 a 1942. En 1940 es elegido concejal de Engativá. En 1941 se gradúa cómo abogado en la Pontificia Universidad Javeriana con la tesis ‘Influencias del estoicismo en el derecho civil’. En este año es elegido cómo concejal de Bogotá.

El 10 de julio de 1944 los militares dieron un golpe de cuartel contra el presidente Alfonso López en Pasto. El presidente culpó a los conservadores del golpe y ordenó la clausura de ‘El Siglo’ (el cual reapareció el 7 de agosto), la captura de Laureano Gómez (quien se asiló en la embajada de Brasil) y encarceló a simpatizantes conservadores. Álvaro Gómez, subgerente de ‘El Siglo’ y miembro del Directorio conservador de Cundinamarca, tuvo que pedir asilo en la embajada de Ecuador, según Credencial Historia (2006).

Gómez ocupó varias veces una curul en el Congreso, fue representante a la cámara de 1944 a 1946 y de 1948 a 1950 y fue senador por Cundinamarca de 1950 a 1974 y de 1978 a 1986. También fue embajador de Colombia ante Suiza en 1946, Italia en 1953, Estados Unidos en 1983 y Francia en 1992. El 22 de junio de 1946 se casó con Margarita Escobar López con quién tuvo tres hijos.

Álvaro Gómez fue miembro de la Academia Caro en 1945 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1953 a 1957. Fue fundador del Banco Popular y miembro de su junta directiva, conforme al Instituto Colombiano de Cultura (1982).

El presidente Carlos Lleras Restrepo impulsó la reforma agraria con la justificación de querer adjudicar tierras a los campesinos y solucionar los problemas agroindustriales del país. Álvaro Gómez Hurtado se opuso a la reforma agraria porque consideró que promovía las luchas sociales. Del total de tierras adjudicadas entre 1962 y 2004, el Gobierno de Lleras adjudicó el 72% de estas. La reforma agraria favoreció a sectores modernos como financistas cafeteros, industriales y algunos sectores empresariales del campo.

Operación Soberanía

En 1962, el senador Álvaro Gómez Hurtado denunció la existencia en Colombia de supuestas ‘repúblicas independientes’, estas eran zonas campesinas con armas que escapaban al control estatal. Gómez insistía en que no se podía justificar su existencia diciendo que luchan contra “los actos de fuerza de las administraciones conservadoras” y en nombre de “la libertad y los principios del liberalismo”, de acuerdo con el CNMH (2013).

El 27 de mayo de 1964, el gobierno de Guillermo Valencia, con apoyo de Estados Unidos, ejecutó la operación ‘Soberanía’ en Marquetalia contra un asentamiento de campesinos comunistas y armados. Estos campesinos se habían armado y organizado cómo guerrilleros comunistas en la época de La Violencia para defenderse de los ataques de las fuerzas militares y grupos paramilitares conservadores.

En la época de la Violencia también surgieron guerrillas liberales que se habían desmovilizado, aunque sus líderes fueron asesinados posteriormente, cómo Guadalupe Salcedo. Por su parte, las guerrillas comunistas decidieron no entregar sus armadas porque no confiaban en el Estado y en su lugar se habían aislado en el campo.

Moreno (2017) afirma que antes de la operación, el sacerdote Camilo Torres, Orlando Fals Borda, Gustavo Pérez, Eduardo Umaña Luna y Garavito Muñoz presentaron una solicitud al Ministerio de Guerra para que una misión de paz, conformada por ellos, pudiera ir a la zona y hablar con los campesinos. La solicitud fue negada.

La operación Marquetalia se ejecutó sin diferenciar los combatientes de la población civil, por lo que muchos civiles fueron encarcelados, torturados, desmembrados o desplazados, incluso 15 niños murieron en un ataque aéreo. La operación también usó armas biológicas que enfermó a la población local. Tras la operación, los guerrilleros se reorganizaron y fundaron las Farc y usaron esta operación cómo uno de sus hitos fundacionales, con los que querían demostrar la violencia estatal contra los campesinos, según Moreno (2017).

Esta operación generó un rechazo nacional e internacional porque fue un bombardeo indiscriminado y se generaron fusilamientos y torturas. Así mismo, la operación fue criticada por los gastos que implicó por contratar la asesoría de los norteamericanos, alquilar aviones de sus fuerzas armadas y comprarles costosos armamentos, conforme con el CNMH (2014).

Estas posiciones políticas eran parte de la estrategia de “seguridad interior” que Estados Unidos había estableció en las políticas antisubversivas de Latinoamérica durante la Guerra Fría, lo que se conoció cómo doctrina de seguridad nacional. Estas posiciones justificaron la intervención militar en todos los países de Latinoamérica, llegando al extremo de reprimir la democracia e instaurar las dictaduras latinoamericanas para garantizar que se cumplieran las políticas estadounidenses.

En Colombia, las élites políticas se encargaron de cumplir con las políticas de los estadounidenses y de esa forma evitar una intervención militar que les quitara el control político del país. Para cumplir con estas políticas se les dio total autonomía a las fuerzas militares en el manejo del orden público y se estableció en las fuerzas militares una estrategia de lucha anticomunista, la cual establecía que el comunismo se encontraba en las guerrillas y en los movimientos sociales, lo que significó una fuerte represión a sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes, docentes, campesinos, entre otros.

Esta lógica anticomunista llevó a identificar cómo comunista a todos los opositores del Gobierno o de las empresas y por ende debían ser reprimidos. Las intervenciones militares en el campo provocaron el desplazamiento de campesinos, lo cual benefició a empresas multinacionales que se apropiaron de los terrenos abandonados para explotarlos en diferentes actividades económicas.

Gómez en los setenta

Gómez fundó el noticiero 24 Horas en 1976, y la revista Síntesis Económica. En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 1970 fue cofundador de la Universidad Católica de Colombia y en 1984 fue cofundador de la Universidad Sergio Arboleda.

Las elecciones presidenciales de 1974 se caracterizaron por ser las primeras que se celebraron por fuera del pacto bipartidista del Frente Nacional y porque los candidatos eran hijos de políticos con gran influencia en el país. Los candidatos presidenciales fueron Álvaro Gómez Hurtado por el partido conservador, hijo de Laureano Gómez, Alfonso López Michelsen por el partido liberal, hijo de Alfonso López Pumarejo, y María Eugenia Rojas por la Anapo, hija de Gustavo Rojas Pinilla.

Durante la campaña presidencial, Álvaro Gómez denunció que en Colombia no existía una verdadera libertad de prensa. Adicionalmente, consideró que los casos de corrupción en Colombia eran denunciados, pero no eran investigados ni perseguidos, de acuerdo con el CNMH (2015).

Los esfuerzos de Álvaro Gómez Hurtado por la paz

Álvaro Gómez Hurtado fue candidato presidencial por el partido Conservador en las elecciones de 1986. Sus contrincantes fueron Virgilio Barco Vargas por el partido liberal y Jaime Pardo Leal por la Unión Patriótica. Para estas elecciones, Álvaro Gómez Hurtado representaba la continuación de la política de paz de Belisario Betancur, Virgilio Barco Vargas representó la crítica al proceso de paz y Jaime Pardo Leal representaba la voluntad de la izquierda de querer llegar al poder por vías pacíficas y lograr el fin del conflicto armado en Colombia. Virgilio Barco consiguió ganar las elecciones.

El 29 de mayo de 1988, Álvaro Gómez fue secuestrado por el M-19 por ser miembro de la oligarquía del país y exigieron para su liberación el inicio de un diálogo nacional y una manifestación del Gobierno en contra de la desaparición forzada.

Duarte (2018) afirma que Álvaro Gómez se molestó porque el grupo guerrillero lo identificara cómo un miembro de oligarquía y alegó que ellos eran los que no le permitían que él fuera presidente y que sólo les interesaba mantenerse poderosos, favorecerse y enriquecerse.

A raíz del secuestro se dieron diálogos en México, Costa Rica, Cuba y Panamá para lograr la liberación de Álvaro Gómez. El 14 de julio de 1988, se firmó un acuerdo entre varios sectores políticos y sociales que estableció un compromiso de paz, se pactó la liberación de Álvaro Gómez y se comprometían a reunirse en una cumbre por la paz. Gracias a estos diálogos Gómez Hurtado fue liberado a los seis días.

El 29 de julio se reunió la ‘Cumbre de Usaquén’ a la que asistieron personas de distintos sectores políticos y sociales, incluso Álvaro Gómez asistió. La cumbre constituyó la Comisión de Seguimiento al Proceso de Diálogo y la Comisión de Convivencia Democrática. Estas Cumbres se convirtieron en la voluntad de paz de la sociedad en general, pese a que el Gobierno no asistió a ninguna de las dos.

Las cumbres, las propuestas de diálogo de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar y la presión de distintos sectores sociales y políticos obligaron al Gobierno a lanzar en septiembre de 1988 la ‘Iniciativa para la paz’ para modificar la política de paz, reactivar las negociaciones estancadas desde 1985 y conseguir pactos de paz. Con esta política se consiguió pactar la paz con el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS.

La política de paz de Barco garantizó el indulto y la participación política a los subversivos que dejaran las armas, pedía a los paramilitares y a las fuerzas armadas que no cometieran actos violentos contra el proceso y a la sociedad un compromiso de reconciliación, según Molina (2018).

En 1990, Álvaro Gómez Hurtado fue candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional. Durante su campaña presidencial tuvo conversaciones telefónicas en secreto con Jacobo Arenas para eventualmente lograr a un acuerdo para la terminación del conflicto armado con las Farc-EP, conforme con Agudelo (2013).

Las elecciones presidenciales de 1990 se caracterizaron por ser un atentado contra la democracia, puesto que cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados. Finalmente, César Gaviria consiguió ganar las elecciones gracias a que recibió la candidatura de Luis Carlos Galán, quien había sido asesinado siendo el candidato más fuerte de las elecciones. El 22 de agosto de 1990, el diario El Siglo se moderniza y hace transición a El Nuevo Siglo, de la mano del editor Juan Gabriel Uribe.

Valencia (2017) afirma que Cesar Gaviria continuó con la política de paz del Gobierno de Barco. Esto permitió que se estableciera una Asamblea Nacional Constituyente para la aprobación de una nueva constitución política. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de diciembre de 1990, aprobó que grupos guerrilleros desmovilizados participaran en la Asamblea.

Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa presidieron la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución Política de Colombia de 1991. La intención de Álvaro Gómez fue lograr ‘un acuerdo sobre los fundamental’ para hacer frente a la desigualdad.

Cómo constituyente se aseguró de establecer la elección popular de los alcaldes, la conformación de entes como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, reconocer los derechos humanos y establecer la finalidad del Estado de garantizar la paz y el ambiente sano, de acuerdo con Londoño (2011).

Sus últimos días con vida

Desde 1994 dictó la cátedra de cultura colombiana en la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. En 1995, Álvaro Gómez Hurtado declaró una lucha contra el Régimen.

Para Gómez, ‘el Régimen’ era una gran red de personas que operan en conjunto, que perdura en el tiempo porque se remplazaba fácilmente a las personas que la componen y tiene una posición de sumisión ante los Estados Unidos.

Gómez decía que hace dos décadas ‘el Régimen’ había logrado que la política cayera bajo el dominio del clientelismo y se sometiera a la preponderancia del dinero, permitiéndole tener el control político del país.

Para Gómez, el control político les permitía mantener las condiciones para continuar su dominio del país. De igual forma, Gómez señalaba que ‘el Régimen’ ha conseguido tener el control del Congreso, los partidos políticos, la prensa, los grupos económicos, los gremios, los sindicatos, la iglesia, la policía y la enseñanza. Por otro lado, Gómez consideró que ‘el Régimen’ buscaba destruir o inaplicar la Constitución Política de Colombia de 1991.

Para Gómez, ‘el Régimen’ era el responsable de la corrupción y la decadencia del país, en especial se beneficiaba del conflicto armado por los recursos que consiguen de las zonas devastadas del país. A su vez, ‘el Régimen’ salía impune de responsabilidad al culpar a los Gobiernos de turno.

Gómez decía que ‘el Régimen’ había conseguido doblegar la opinión pública al punto de que muchas personas se resignan y piensan que ya no vale la pena opinar ni protestar, convirtiéndose en cómplices silenciosos de las desgracias del país.

Por otra parte, Gómez destacaba que Estados Unidos era cómplice de los narcotraficantes, debido a que la política antidrogas era un negocio de los estadounidenses que les permitía mantener alto el precio de la droga, cuyos ingresos financiaban el sistema bancario de ese país. De igual forma, Gómez resaltaba que la lucha contra la droga en Colombia sólo había provocado la perdida de muchas vidas humanas, represión, perjuicios económicos y corrupción en las instituciones.

Gómez consideraba que el país podía salir de su desgracia si se legalizaba la droga, se desburocratizara el aparato institucional y se acabara con los grupos armados, tanto guerrilleros cómo paramilitares. Sobre todo, Gómez destacaba que la sociedad debía salir de su tolerancia pasiva de la adversidad, la cual la había sumido en el pesimismo de que nada va a cambiar y que todos los esfuerzos son inútiles. Por último, Gómez destacó que no se trataba de atacar sólo a las personas que componen ‘el Régimen’ o las instituciones que controla, sino que se debía tener el propósito nacional de acabar con la totalidad del sistema de ‘el Régimen’.

Álvaro Gómez se identificaba cómo liberal y conservador, pero que de eso ya no existía en los partidos políticos porque se habían convertido en centros de clientelismo. Decía que cómo conservador resaltaba la importancia de mantener la espiritualidad de las personas, de establecer unas fuerzas militares que protegieran de verdad a la población civil del narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla y de tener un régimen jurídico que impidiera la impunidad. Cómo liberal decía que defendía las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Desde ‘El Nuevo Siglo’ y el noticiero ’24 Horas’, Álvaro Gómez Hurtado reveló las grabaciones secretas que comprobaban la financiación del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, lo que se conoció cómo el proceso 8000.

El 2 de noviembre de 1995, Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado cuando salía de dictar clase de la Universidad Sergio Arboleda en su automóvil con su conductor José del Cristo Huerta. Enrique Gómez Hurtado, su hermano, considera que el magnicidio fue orquestado entre narcotraficantes y agentes del Estado.

Lo que se ha demostrado hasta el momento es que agentes del Estado ejecutaron un plan sistemático para dejar en la impunidad el magnicidio, a través la desviación de la investigación, la utilización de testigos falsos, el uso de documentos falsos o que callan la verdad para que sirvieran de pruebas, el ocultamiento, la alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, el fraude procesal y la captura y judicialización de personas inocentes.

Las causas de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado no se han clarificado todavía. Entre las teorías que se han considerado se encuentran que lo mataron porque no estuvo de acuerdo con los militares para hacer un golpe de Estado al Gobierno de Ernesto Samper. La familia de Gómez Hurtado considera que el Gobierno de Samper ordenó su asesinato para callar a su mayor opositor y desviar la atención del proceso 8000. Samper y Serpa consideran que fue un magnicidio para desestabilizar al Gobierno de la época.

En diciembre de 2017, se declaró el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado cómo un delito de lesa humanidad, por lo que no prescribirá la acción penal, y se reactivó su investigación. La fiscalía consideró que este crimen fue cometido por el cartel del Norte del Valle dentro de una política de asesinatos sistemáticos a todas las personas que investigaban o denunciaban la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país.

El 30 de septiembre de 2020, la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió una carta en la que el antiguo Secretariado de las Farc-EP se ofrece a aportar la verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir la responsabilidad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en una época en la que se asesinaron sistemáticamente a periodistas, políticos, docentes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales para defender un sistema político, social, militar y económico que les permitió a las élites económicas mundiales y locales apropiarse de grandes extensiones de tierras para ejecutar megaproyectos productivos de narcotraficantes, ganaderos, cafeteros, bananeros, mineros, madereros, palmicultores, petroleros y de empresas multinacionales, entre otros.

Este sistema se sostiene gracias a la asociación entre las élites económicas mundiales y locales, paramilitares, parapolíticos, miembros de la fuerza pública, del DAS, de la fiscalía, de la rama judicial, medios de comunicación masivos y notarios, entre otros. Entre todos estos actores se estableció un plan para justificar el desplazamiento masivo de la población en los territorios que querían ocupar y perseguir a las personas que los denunciaba, los investigaba o se les oponía para conseguir la impunidad y mantener el control del país.

Igualmente, desplegaron distintas estrategias para conseguir sus objetivos. Desplegaron acciones violentas en los territorios y contra las personas que los denunciaba, los investigaba o los percibían como opositores para infundir terror, provocar el desplazamiento, conseguir la impunidad de sus crímenes y mantener el control territorial, social, político y económico.

Por otra parte, en la población general usaron discursos de odio y estigmatizadores en contra de la población que atacaban, lo que causaba su victimización y con ellos conseguían el apoyo de la población en general. Estos discursos consistían en señalarlos cómo comunistas, guerrilleros o colaboradores de ellos, culparlos por las diversas situaciones de injusticia que sufren las personas en el país o fomentando su discriminación.

De esta forma, las élites económicas mundiales han promovido el conflicto armado colombiano para satisfacer sus intereses económicos. El caso colombiano no es el único ejemplo de las atrocidades promovidas por las élites económicas mundiales. Por el contrario, las élites económicas mundiales han promovido la militarización a nivel mundial para conseguir el control territorial, social y político del mundo para satisfacer sus intereses económicos, por lo que han promovido conflictos armados, intervenciones militares y la constitución y mantenimiento de dictaduras.

Los ejemplos más conocidos de estas políticas mundiales son la constitución de todas las dictaduras militares en Latinoamérica en la segunda parte de siglo XX, de la cual el caso más documentado es la intervención militar de Estados Unidos en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende y constituir la dictadura de Augusto Pinochet. Asimismo, Estados Unidos apoyó la continuación de la dictadura de Francisco Franco en España sin importar que este se apropió del poder gracias a la ayuda del Ejército nazi de Alemania y del Ejército fascista de Italia. Así como, las intervenciones militares en los países Árabes o la neocolonización de los países africanos.

Las atrocidades que han promovido las élites económicas mundiales para satisfacer sus intereses económicos son innumerables. En la actualidad, la economía global insaturada de forma violenta por las élites económicas mundiales también es responsable de la crisis climática que sufre el mundo. Sin embargo, estas élites son incapaces de aceptar su responsabilidad frente a la crisis climática, de la misma forma como no reconocen su responsabilidad frente a las atrocidades sociales que han causado en todo el mundo.

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