Durante su Gobierno el país vivió fuertes eventos como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, que han marcado a los colombianos. Sus esfuerzos crearon una cultura de paz que ha desarrollado y ha permitido la marcha de los recientes procesos de paz.

Por: Alejandro García Hernández

Belisario Betancur nació el 4 de febrero de 1923 en la vereda El Morro de la Paila del municipio de Amagá en el departamento de Antioquia. Sus padres fueron Rosendo Betancur y Ana Otilia Cuartas.

Belisario inició sus estudios en la vereda y luego los continuó, becado, en el Seminario de Misiones de Yarumal en Antioquia. En 1941 se graduó de bachiller y en 1947 de doctor en Derecho y Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín con la tesis «El orden público económico». También recibió el grado de Doctor honoris causa en Humanidades de las Universidades de Colorado y Georgetown (Washington).

Belisario se inició en la política desde el periodismo, escribiendo en ‘La Defensa’, ‘El Colombiano’ y ‘El Siglo’. En 1945 contrajo matrimonio con Rosa Helena Álvarez, con quien tiene tres hijos, ese mismo año fue elegido diputado a la Asamblea de Antioquia hasta 1947, en 1950 fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca y luego por Antioquia.

Siendo senador de la República, se opuso a la dictadura del General Rojas Pinilla y junto a Alfredo Araujo, Raimundo Emiliani y Diego Tovar fundaron el “Escuadrón Suicida” para defender el orden jurídico institucional contra la usurpación. Durante la dictadura sufrió de persecución, carcelazos y torturas por su oposición.

Belisario Betancur fue uno de los precursores del Frente Nacional, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1953 y 1957, donde proclamó que el presidente constitucional era Laureano Gómez y no Gustavo Rojas Pinilla, y fue ministro de Trabajo en 1963, durante el Gobierno de Guillermo León Valencia.

Como ministro de Trabajo se caracterizó por su sentido social, convirtiéndose para muchos sectores críticos en un ministro que defendía a los trabajadores y al que los ricos de entonces vituperaban y tildaban de “socialista” y más tarde, de “populista”, según Vidal (2016).

Posteriormente, creó la Asociación Nacional de Institutos Financieros (ANIF), de la que fue su primer presidente durante un año. Permaneció en España durante dos años como embajador de Colombia ante España, y allí tuvo también la representación diplomática ante los países árabes.

Gobierno de Belisario Betancur

Belisario fue candidato a la Presidencia en tres ocasiones en 1970, en 1978 y en 1982. Finalmente, el 30 de mayo de 1982 fue elegido presidente de la República por 3’168.592 votos, hasta entonces la mayor votación en la historia del país, siendo candidato del ‘Movimiento Nacional’ conformado por el partido Conservador, la Anapo, Partido Democrático Cristiano, la Alianza Nacional Popular y otras fuerzas minoritarias.

Belisario llegó a la presidencia por su alta popularidad como prestigiado intelectual, por su discurso de establecer una ‘Paz Nacional’ y por la división del liberalismo entre los candidatos Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán que obtuvieron entre ambos una votación mayor a la de Betancur.

La economía

El gobierno de Julio Turbay Ayala entregó la economía del país con una inflación del 25% anual, con déficit en la balanza de pago, con tasas de interés por encima del 30%, desequilibrio en las finanzas públicas, resquebrajamiento del sistema financiero y disminución en la producción. Así mismo, el Gobierno de Betancur tuvo que asumir la deuda externa latinoamericana y la crisis del sistema financiero. En definitiva la economía dependía del crédito externo y se había cerrado el crédito, por lo que las reservas del Banco de la República cayeron.

Bajo estas circunstancias, el presidente adoptó una estrategia económica que buscaba el desarrollo, el empleo con equidad y estabilidad de precios. La política económica permitió mantener las importaciones, la inversión extranjera y reactivó sectores de la economía.

El presidente Betancur decidió asumir el pago de la deuda externa sin declarar su moratoria ni reestructurándola.

Por el contrario, el presidente hizo grandes esfuerzos para superar la crisis económica. En primer lugar, usó las relaciones con los Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional no iniciara un programa de ajuste sino que le hiciera monitoreo trimestralmente a la economía del país y para conseguir 210 millones de dólares en el mercado internacional de capitales. Adicionalmente, creó el Fogafín y reformó el Iva en 1983 para consolidarlo en un verdadero impuesto al valor agregado.

También aprobó la participación de los municipios en los ingresos del Iva, la amnistía tributaria, diseñó, financió y ejecutó el Plan Nacional de Rehabilitación para atender zonas pobres del país afectadas por el conflicto armado, construyó el oleoducto Caño Limón – Coveñas e inició la explotación carbón de El Cerrejón Norte.

Durante el Gobierno de Belisario Betancur hubo un crecimiento en la inversión extranjera directa (IED) en el país procedente de América del Norte y Europa.

Los sectores en que más se invirtió fue en petróleo 37,9%, en minas y canteras 25,7% y en manufacturas 27,9%.

De esta forma, el Gobierno de Betancur inició la inversión extranjera en el sector de minas e incrementó la inversión en el sector petróleo gracias a las oportunidades de altas tasas de rentabilidad en los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales.

Estas medidas permitieron reconstruir la economía del país, convirtiendo a Colombia en el único país de la región que pudo disminuir la deuda social y con Chile fue el único que logró crecer en todos los años de la década del 80. De este modo, el presidente Betancur entregó en buen estado la economía del país al siguiente presidente Virgilio Barco.

Sin embargo, el crecimiento de estos sectores económicos fue un factor de intensificación del conflicto interno, puesto que los proyectos adelantados por las empresas transnacionales eran negociados de forma encubierta, sin contar con la participación de las comunidades y estuvieron envueltos en casos de corrupción.

Medidas durante su Gobierno

Durante su Gobierno se aprobó la ley sobre elección popular de alcaldes, las reformas a los regímenes departamental y municipal, al Congreso y a la justicia, la ley de los días festivos suprimidos o trasladados a lunes, el estatuto de televisión, el Código Contencioso Administrativo, el estatuto básico de los partidos, la emisión de los canales regionales de televisión como Teleantioquia y Telecaribe, el estatuto de contratación administrativa y su reglamentación, y el ‘Manual de inducción al funcionario’.

Creó el Consejo Regional de Planeación (Corpes), el Consejo Departamental de Planeación, la Oficina de Desastres de la Presidencia, la universidad abierta y a distancia, la campaña Camina orientada a la alfabetización masiva, promovió la vivienda sin cuota inicial, permitiendo la construcción de 500.000 viviendas nuevas, instaló guarderías infantiles y fue el primer presidente que designó mujeres en sus ministerios, viceministerios y en altas posiciones del Estado.

El sector vial terminó las obras del Plan de Rehabilitación contratada en los setenta con financiación del Banco Mundial y construyó, recuperó o pavimentó carreteras de la red vial nacional, carreteras que conectaban centros urbanos secundarios y puertos con la Red Básica Nacional para acelerar el desarrollo socioeconómico y disminuir costos del transporte. En transporte fluvial construyó el muelle flotante fluvial de Leticia.

Terremoto de Popayán

A las 8:13 de la mañana del jueves santo del 31 de marzo de 1983 un terremoto de 5,6 en la escala de Richter sacudió a Popayán y en tan sólo 18 segundos dejó 283 muertos, 7.500 heridos y 2.500 viviendas destruidas.

A esa hora se profesaba la misa en la catedral y el terremoto hizo desplomar la cúpula, causando la muerte de 90 feligreses. Popayán, una de las reliquias coloniales de América, quedó reducida a escombros, el 70% del sector histórico fue afectado, se derrumbaron los edificios de la Gobernación, la Alcaldía, la Arquidiócesis, la Universidad del Cauca y de colegios, y en el cementerio los muertos salieron de sus tumbas.

Los habitantes de Popayán cayeron en una profunda tristeza por la destrucción generalizada.

Ese mismo día, el presidente Belisario Betancur llegó a la desolada población, recorrió la zona y tomó medidas extraordinarias para conjurar la crisis. Entonces el presidente prometió que Popayán renacería como el ‘Ave Fénix’ con una inversión de 80 millones de dólares. Sólo dos años después llegaron 40 millones de dólares con los que la ciudad pudo reconstruirse, pero fueron insuficientes para que la ciudad volviera a su anterior esplendor.

A partir de esa tragedia se implementó el código de construcciones sismo-resistentes a través del decreto ley 1400 de 1984. También empezó a funcionar la red sismológica de Colombia y se empezó a implementar la red nacional de acelerógrafos a cargo del servicio geológico colombiano que hace estudios de microzonifación que las ciudades de Colombia utilizan para hacer el desarrollo urbanístico.

La paz de Belisario

Belisario Betancur se posicionó como presidente de Colombia con un espíritu de tolerancia, con ausencia total de sectarismo político, con la intención de servir a los otros y ofreciendo la paz para todos los colombianos. De este modo, en su discurso de posesión invitó a los alzados en armas a incorporarse a la vida civil y se comprometió a hacer todos sus esfuerzos para lograrlo.

El proyecto de paz del nuevo Gobierno tenía cuatro fases. La primera, constituir una amplia Comisión de Paz que representara varios sectores políticos y sociales. Segundo, una ley de amnistía amplia y generosa. Tercero, una reforma política para facilitar el tránsito de la guerrilla a la acción política. Por último, el desarme y la reintegración a la vida civil de los alzados en armas.

Betancur también quería lograr la paz para tener una política exterior favorable. Por ello,  inició la apertura democrática en el país para cambiar el escenario político bipartidista por uno en que confluyeran más partidos políticos y movimientos políticos. De este modo, buscaba la incorporación de los principales grupos y movimientos armados a la vida civil.

Creó e impulsó el Grupo de Contadora por la paz en Centroamérica, integrada por Colombia, México, Panamá y Venezuela, para reducir las tensiones en las áreas y sembrar un clima de convivencia política. El Grupo reivindicó el principio de autodeterminación de los pueblos y la obligación de no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El esfuerzo diplomático permitió suscribir la declaración de Cancún y culminó con los acuerdos de paz en Centroamérica. La labor del presidente Belisario le valió el Premio de la Paz Príncipe de Asturias en España.

Para Betancur era prioritario cumplir con el anhelado sueño de la paz de los colombianos a sabiendas de que no era una tarea fácil. El 19 de septiembre de 1982 expidió el Decreto 2711 por el cual creaba la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, que se integró con 40 miembros de distintas tendencias y sectores sociales. Inicialmente fue precedida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, pero por problemas de salud renunció a los seis días y fue sucedido por Otto Morales Benítez.

El 19 noviembre de 1982, el Congreso sancionó la ley 35 que decretaba una amnistía y dictaba normas para el restablecimiento y preservación de la paz. Esta ley marcó el inicio y el fin del deseo de la paz porque otorgó una amnistía sin condiciones y dejó libre a decenas de presos políticos apresados durante la aplicación del Estatuto de Seguridad de Turbay. Lo anterior produjo la ira de los enemigos de las negociaciones y el desánimo de sus defensores.

El proceso de paz con las Farc-EP

La comisión inició el dialogó con el comando de las Farc en La Uribe. Durante los diálogos se trataron temas relacionados con la aplicación de la Ley de Amnistía, el problema agrario, de salud, vivienda rural, empleo, titulación de baldíos de la nación, reforma política, microempresa, estatuto de la oposición y vías de comunicación.

Otto renunció a la comisión el 25 de mayo de 1983 porque a la política de la paz se oponía muchas personas, dentro y fuera del Gobierno, de los sectores económicos, políticos y eclesiásticos. Por lo que resaltaba la importancia de luchar contra los enemigos de la paz. De esta forma, Otto fue sucedido por John Agudelo Ríos.

De este modo, se reiniciaron los diálogos y durante varios meses se adelantaron conversaciones, propuestas, negociaciones, polémicas, subidas y bajadas de tono. Finalmente, el 28 de marzo de 1984 se firmó el acuerdo de Cese al Fuego en los que se comprometieron a que las Farc cesarían  hostilidades y el Gobierno a brindarles seguridad, a adelantar reformas sociales, a facilitarles su reincorporación a la vida civil y a entrar en el juego político.

El 29 de mayo de 1984, un día después de la entrada en vigencia del cese al fuego con las Farc, el Gobierno instaló la Comisión Nacional de Verificación encargada de vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Pocos meses después, el 23 y el 24 de agosto, se firmaron acuerdos de cese al fuego con el EPL, el ADO, y con el M-19. Los tres grupos guerrilleros aceptaron el cese al fuego a partir del 30 de agosto de 1984, y el gobierno de Betancur amplió las tareas de la Comisión Nacional de Verificación.

El 24 de noviembre se acordó un período de prueba de 12 meses para que las Farc se organizaran política, económica y socialmente. Para esa época el país enfrentaba una crisis económica de enormes proporciones y el Gobierno tenía dificultades para llevar a cabo las tareas sociales que se derivaban de los acuerdos.

El 30 de mayo de 1985, las Farc anunciaron la creación del partido político Unión Patriótica (UP) y a su vez inició la amenaza y el asesinato selectivo, dificultando el avance de los acuerdos. La situación obligó a que en septiembre varios de los miembros de la Comisión renunciaran.

El acontecimiento en el Palacio de Justicia dejó la política de paz de Belisario Betancur herida de muerte. No obstante, la Comisión de Paz persistió en sus conversaciones con las Farc y el 2 de marzo de 1986, cinco meses antes de que el presidente entregara su mandato, lograron firmar un acuerdo de prórroga de cese al fuego. La prórroga fue ratificada en la Casa de Nariño entre el presidente Betancur, varios de sus ministros y los dirigentes de la UP Braulio Herrera, Jaime Pardo Leal y Alberto Rojas Puyo.

 Esta prórroga permitió que la Unión Patriótica participara en las elecciones parlamentarias del 9 de marzo, donde lograron ganar cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 20 diputados y 353 concejales. En los años siguientes, los “enemigos agazapados de la paz” se encargarían de ir exterminando, uno a uno, a casi todos los militantes del más joven de los partidos políticos.

El 22 de julio de 1986 se desintegró la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación que sólo era integrada por seis miembros de los cuarenta iniciales, que sin importar la difícil situación persistieron hasta el final.  Esta comisión no tuvo éxito porque los acuerdos que firmaban no comprometían a las instituciones, a los partidos ni al Estado.

Las Farc-EP aprovecharon el cese al fuego para fortalecerse militar y políticamente. De modo que se convirtió en una tregua para continuar la guerra y no para construir la paz.

El proceso de paz con el M-19

Gracias al proceso de paz, el M-19 concentró sus militantes en la región de Yarumales, al norte del departamento del Cauca. En esta región el M-19 realizó una campaña mediática de agitación política, masificó el reclutamiento de nuevos efectivos, logrando la incorporación de 4.000 jóvenes que se unieron voluntariamente, y se fortaleció con la construcción de un búnker bajo tierra con túneles, trincheras, depósitos y dormitorios para resistir el ataque de la fuerza pública. De igual modo, el M-19 soñaba con que en 1986 gobernarían a Cali.

Tras conocerse el reforzamiento del M-19, la fuerza pública rodeó, acordonó y atacó el campamento guerrillero. Ante la tensa situación, el presidente Betancur mandó una comisión de personalidades civiles quienes lograron firmar un nuevo acuerdo en el que reafirmaba el anterior y en el que los guerrilleros se comprometían a trasladarse a Los Robles y se declaró que la zona que ocupaba la guerrillera no es de guerra.

En Los Robles el M-19 planeó reiniciar la guerra gracias a que su programa de reclutamiento masivo había logrado constituir milicias en las ciudades, sobre todo en Cali,  Medellín, Bogotá, Zipaquirá y en la costa colombiana. Por tal razón, planearon que el tercer paro cívico del 20 de junio de 1985 se volviera una insurrección popular y  anunciara el reinicio de la guerra.

No obstante, el presidente Betancur atendió las situaciones por las que se anunciaba el paro y preparó medidas para afrontar las consecuencias del cese de actividades laborales. De igual modo, el anuncio de querer una insurrección popular evitó que las personas apoyaran el paro, porque el pueblo quería la paz y no la guerra. De forma que el paro fue un fracaso, sólo se presentaron actos violentos en Zipaquirá y el M-19 anunció el levantamiento de la comisión de paz y dio por terminado el cese al fuego.

Pese a este revés, la comisión de paz siguió intentando contactar al M-19 para continuar el proceso de paz. Incluso, el mismo día de la toma al palacio de Justicia el secretario de la comisión se encontraba en Cali intentando un acercamiento con el grupo guerrillero.

El narcotráfico durante el Gobierno de Betancur

El Gobierno de Betancur padeció el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la cual inició porque en gobierno de Turbay firmó el Tratado de Extradición el 14 de septiembre de 1979 y el Congreso lo aprobó el 14 de noviembre de 1980 a través de la ley 27.

La Comisión de la Verdad (2010) afirma que el 30 de abril de 1984  sicarios de la mafia del narcotráfico asesinaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Su asesinato provocó que el presidente se decidiera a usar el mecanismo de extradición a los Estados Unidos, dando inicio a la guerra contra los narcotraficantes.

Lara Bonilla fue asesinado porque durante su periodo como ministro de Justicia se declaró acérrimo enemigo de los narcotraficantes. En este cargo denunció la penetración de los narcotraficantes en la política y los deportes de Colombia, coordinó el golpe contra el complejo coquero de Tranquilandia, donde se encontró el helicóptero que pertenecía o perteneció al papá de Álvaro Uribe Vélez, demostró los vínculos con el narcótico de Pablo Escobar Gaviria, causando que este perdiera su escaño en el Congreso y que su visa a Estados Unidos fuera cancelada, revivió viejos procesos penales contra narcotraficantes y ordenó el decomiso de centenares de avionetas y de propiedades.

Los narcotraficantes se autodenominaron ‘extraditables’ y con el lema de “preferimos una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos” intentaron por todos los medios no ser juzgados por los tribunales estadounidenses.

De esta forma, los narcotraficantes usaron la amenaza, el terrorismo y asesinato selectivo de jueces, magistrados, miembros de la fuerza pública e incluso aspirantes presidenciales.

Durante su lucha, pidieron y amenazaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declarasen inexequible la ley 27 de 1980. Así mismo, los narcotraficantes conocían que en la Sala Penal de la Corte se encontraban las solicitudes de extradición de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha.

El M-19 y el narcotráfico de Medellín comenzaron a relacionarse en 1981, cuando los guerrilleros secuestraron a Martha Nieves Ochoa, hermana de un miembro de la cúpula del cartel de Medellín. Este hecho produjo que el cartel de Medellín creara el grupo criminal ‘Muerte a Secuestradores’ (MAS) con el objetivo de matar a todos los integrantes del M-19. Aterrorizados, los guerrilleros liberaron a la mujer y pactaron la paz con el cartel de Medellín.

El M-19 y cartel de Medellín iniciaron una relación en la que el grupo guerrillero apoyaba a los narcotraficantes en la guerra contra la extradición y en contraprestación el Cartel los financiaba.

El M-19 planeó asaltar el Palacio de Justicia para denunciar la situación actual de Colombia, hacer un juicio público al presidente y dar un golpe de estado o provocar una insurrección popular, pero necesitaban financiación y armamento para lograrlo.

De modo que acudieron a Pablo Escobar para que les brindara apoyo porque pensaban que estaría interesado, debido a que allí se debatía la extradición.

Pablo Escobar se comprometió a pagarles 2 millones de dólares si se comprometían a tomarse el Palacio de Justicia el día en que la sala constitucional sesionara sobre las demandas contra el Tratado de Extradición, a quemar los expedientes de los extraditables y a matar a los magistrados de las salas constitucional y penal.

Toma del Palacio de Justicia

La Comisión de la Verdad (2010) afirma que el 16 de octubre de 1985 el ministro de Defensa anunció la existencia de los planes del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia y alertó sobre esta posible acción a los militares, policías y al DAS. Por las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se había creado un Consejo de Seguridad Nacional, en donde se trató esta amenaza. Asimismo, la noticia se difundió en todos los medios periodísticos.

No obstante, el 6 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional programó sesionar sobre la exequibilidad de la extradición, extrañamente la fuerza pública retiró los soldados que habían estado varias semanas custodiando el Palacio, dejando a los celadores privados con armamento inadecuado para su protección.

De esta forma, el M-19 inició el asaltó al Palacio de Justicia con más de 35 efectivos armados con fusiles, carabinas M1, subametralladoras, armas cortas, granadas, dinamita y  bombas kleymore. Al principio pensaron que se iba a repetir lo ocurrido en la toma de la embajada dominicana. Sin embargo, el presidente ordenó de inmediato que el Batallón Guardia Presidencial restableciera el orden.

Durante la toma, el M-19 pidió la publicación de las actas de la Comisión de Verificación, de los acuerdos de paz, de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, de los acuerdos de monitoría del Fondo Monetario Internacional y que el presidente Betancur se presentase al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público.

Así mismo, denunciaron que los gestos de paz del Gobierno eran falsos porque buscaban desarmar a los grupos guerrilleros para luego violar sus acuerdos y hacer amenazas, intimidaciones, atentados, secuestros, torturas y cercos de aniquilamientos.

La toma al Palacio de Justicia fue un fracaso militar desde el inicio porque la falta de comunicación entre la guerrilla impidió que llegara un grupo que se encargaría de defender la entrada que daba a la plaza de Bolívar, ni tampoco alcanzaron a reunir armamento contra vehículos blindados y aéreos.

El presidente Betancur respondió al M-19 que no iba a negociar sus condiciones pero si a dialogar para evitar los enfrentamientos violentos y salvar la vida de todos los implicados.

Ante la negativa del diálogo el Gobierno inició el asalto a la Corte,  a las dos horas de haberse producido la toma el Ejército había logrado ocupar el primer piso y así parecía que todo se acabaría pronto. Se les volvió a ofrecer a los insurrectos que entregaran a los rehenes y que ellos recibirían un juicio civil. Sin embargo, los guerrilleros no cedieron, empecinados a cumplir su misión o hacer una guerra a muerte dentro del Palacio. Tras la negativa del M-19, el presidente Betancur decidió no cancelar la operación militar, sino continuar en  el asalto y presionó al grupo guerrillero a que si no dialogaba no cesaría el fuego.

De esta forma, el presidente quería evitar que el grupo guerrillero se atrincherara, mejorara sus posiciones y recibir apoyo de la posible insurrección popular, poniendo en peligro las instituciones democráticas de Colombia.

El M-19 quería que durante la toma del Palacio se produjese una insurrección popular. Para ello, miembros del grupo guerrillero se esparcieron por la ciudad y como tribunos del pueblo incitaron a la masa popular para provocar la insurrección, lograron hacer una revuelta en el centro de la ciudad.

Sin embargo, el Gobierno censuró la transmisión de esos motines para evitar que se diera la insurrección. Asimismo, planearon el escape masivo de los reclusos de la cárcel Modelo, pero ante las primeras imágenes de la violenta retoma al Palacio y la ausencia de un levantamiento popular se decidió cancelar el plan para preservar la vida de los reclusos.

El grupo guerrillero no se imaginó que el Ejército iba a irrumpir de manera desorganizada, sin coordinación e improvisada con una violencia descomunal, con tanques, explosivos de alto poder y disparos indiscriminados.

El Presidente Betancur nunca ordenó cese el fuego porque el M-19 no lo solicitaba, a pesar de las peticiones del presidente de la Corte, y por ello decidió no pasar al teléfono para atenderlo.

A las 8 de la noche del 8 de noviembre, las calles de Bogotá estaban desiertas, mientras el Palacio humeante registraba la tragedia, aún con 60 rehenes y ocho guerrilleros sobrevivientes al combate y el incendio, pero atrapados en un baño de 20 metros cuadrados.

Al descubrirse este último escondite, el Ejército lanzó el ataque final, en el que murieron 30 rehenes y los guerrilleros. Entonces empezó a descubrirse la dimensión de la tragedia, no sólo la humana sino la del poder.

La hecatombe provocó la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema, 65 funcionarios y visitantes, el incendio del edificio, la destrucción de todos sus archivos y el rescate a 250 rehenes. Durante la toma, Betancur nunca ordenó el cese al fuego, a pesar de que era evidente que el desproporcional ataque militar ponía en alto riesgo la vida de los rehenes. ,El Poder Civil asumió el principio  restablecer el orden público y el control de la autoridad estatal, sin importar si se pasa por encima de la vida de los civiles no combatientes.

Posteriormente, el expresidente Betancur afirmó que había dado la orden de restaurar el orden institucional jurídico y político, pero que se preservaran las vidas de los magistrados, funcionarios, civiles y guerrilleros. Por ello, antes de la retoma del Palacio le hizo ofrecimientos a los asaltantes para que se entregaran. Sin embargo, durante la toma la orden de preservar la vida de las personas fue desatendida, produciendo una gran tragedia humana.

Después de los sucesos del Palacio de Justicia, el narcotráfico asesinó el 31 de julio de 1986 al magistrado de la Sala Penal Hernando Baquero Borda por insistir en mantener la extradición.

El magistrado no estuvo durante la toma al Palacio de Justicia porque se encontraba tomando un curso de informática jurídica.

Asimismo, el 17 de octubre de 1986 murió el  último magistrado de la Sala Penal Luis Enrique Aldana Rozo quien sufría problemas de corazón producido por la impresión de la toma del Palacio y las continuas amenazas. Debido a ello, fue trasladado a Houston para recibir una intervención quirúrgica pero murió de un paro cardíaco esperando un trasplante.

La tragedia de Armero

El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche, una avalancha del río Lagunilla, ocasionada por la erupción del volcán Arenas del nevado del Ruiz, borró del mapa a Armero, la más importante ciudad del norte del Tolima, que dejó un saldo de 26.000 muertos (el 65% de las muertes ocasionadas ese año por desastres de la naturaleza), 20.611 damnificados y heridos, muchos de ellos mutilados y gravemente afectados, por no decir que derrumbados psicológicamente, e incalculables pérdidas económicas (4.400 viviendas, 19 puentes, $1.400 millones del comercio). Era la tragedia de mayor magnitud en la historia de Colombia.

Los gases, el humo y las cenizas se levantaron hasta 15 km de altura y provocaron cambios climáticos en la zona central del país (por ejemplo, 25 mil hectáreas de papa del altiplano cundiboyacense fueron cubiertos por la ceniza proveniente del volcán) y alteraciones ecológicas en el 60% del país; el caudal del río Magdalena creció de forma vertiginosa.

Luego de la tragedia, los cadáveres fueron sepultados en fosas comunes para prevenir posibles epidemias.

El Gobierno se vio obligado a declarar la emergencia económica y contó con la ayuda de agencias internacionales y la solidaridad nacional y extrajera. Comenzó el proceso de reubicación de los damnificados, pero nunca tuvieron el cubrimiento ni la efectividad esperada. Armero fue declarado Campo Santo y visitado por el papa Juan Pablo II en 1986, y durante un tiempo se convirtió en lugar de romería y saqueo.

La tragedia pudo haberse evitado. Desde octubre de 1984 existía la advertencia de una eventual erupción, en diciembre de 1984 se presentaron fumarolas, entre febrero y octubre de 1985, técnicos de Ingeominas y geólogos norteamericanos determinaron que había riesgo volcánico y el 24 de septiembre de 1985 el representante de Caldas, Hernando Arango Monedero, adelantó un debate en la Cámara a cuatro ministros sobre el peligro. Pese a todas estas advertencias el Gobierno no tomó las medidas necesarias para evitar la tragedia.

Vida posterior a la presidencia

En las elecciones de 1986, Virgilio Barco ganó la Presidencia de la República y anunció continuidad en la política de paz a través de acuerdos políticos que fructificaron con el M-19, parte del EPL, el ADO y el Quintín Lame.

La guerrilla irregular de fin de siglo en Colombia cobró plena vigencia. Surgieron diversos grupos de autodefensa y paramilitares que auspiciados por los dineros de los narcos y de los empresarios afectados por las actividades guerrilleras, empezaron a realizar masacres y asesinatos contra las personas acusadas de ser el oxígeno de los rebeldes. El Estado se convirtió entonces en observador del conflicto, que colocó al país como el de mayor violencia en el mundo, con 30.000 homicidios anuales.

Betancur abrió el camino de la paz pactando el primer cese al fuego con las Farc-EP. Desafortunadamente, sus esfuerzos no consiguieron la paz porque eran pocos los interesados, muchos los enemigos, y las fuerzas armadas y las élites de los sectores económicos y políticos más influyentes del país no respaldaron las iniciativas de paz. Belisario Betancur fue llamado el presidente de más izquierda que podían tolerar las esferas sociales del país.

No obstante, los admirables compromisos por la paz del presidente Betancur, de personalidades del país y de muchos sectores sociales, consiguieron que los posteriores gobiernos de Barco y de Gaviria continuaran los esfuerzos por establecerla. A su vez, estos esfuerzos produjeron que el país viva en un ambiente propicio para la actual implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz de la Habana.

Paralelamente a su carrera política, Betancur ejerció el periodismo y la docencia. Cuando terminó su carrera de abogado escribió en El Colombiano, La Defensa, Jerarquía, Semana, y llegó a ser director de El Siglo. En asocio con Luis Carlos Ibáñez y Fabio Lozano Simonelli, fundó la editorial Tercer Mundo. También ha sido autor de numerosos cuentos y libros sobre educación, economía, política y sociología.

Ha sido miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, de las Academias Colombianas de Historia, de Jurisprudencia y de la Lengua, de la Comisión Suramericana de Paz, coordinador de las ediciones emblemáticas del V Centenario, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica, con sede en Bogotá, de la Comisión de la Verdad en el proceso de paz de El Salvador, del grupo ministerial «1992» y de la oficina Panamericana de la Salud en Washington, de la Academia Pontifica de Ciencias Sociales del Vaticano y vicepresidente del Club de Roma para América Latina.

El 7 de diciembre de 2018 Belisario Betancur murió  a los 95 años de edad por complicaciones renales en la Fundación Santa Fé en Bogotá.

La vida de Belisario Betancur nos hace recordar que para cumplir el sueño de una paz estable y duradera no es suficiente con que unas pocas personas trabajen arduamente, sino que es necesario que se vuelva un propósito nacional en el que todos los sectores sociales confluyan seria y sin egoísmos.

Bibliografía

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