Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza la ‘Constitución para la paz’, conformada por el contenido de la carta política que busca la construcción, consolidación y garantía de una paz estable y duradera. Todos los colombianos somos responsables de garantizar la paz.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reconoció que la violencia y el conflicto armado generaron graves afectaciones a los derechos humanos, y consideró necesaria una Constitución Política que obligara al Estado a garantizar el derecho a la paz y el deber de los colombianos de contribuir a su consolidación.

En la actualidad, las Farc asumieron la obligación de cumplir lo acordado en La Habana, el Gobierno Nacional el compromiso de garantizar y desarrollar la implementación integral de los puntos del acuerdo final, y la sociedad colombiana el deber de vivir en paz.

Fundamento de respeto de la dignidad humana y derecho a la paz

El Preámbulo de la Constitución Política tiene por fundamento establecer las finalidades del Estado para asegurar a todas las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Derechos sin los cuales no es posible reconocer el principio de respeto a la dignidad humana y el derecho a una paz estable y duradera.

De igual forma, la Constitución Política observó que para garantizar la convivencia pacífica es necesario respetar el principio de la dignidad humana, el cual se basa en el reconocimiento de la condición humana y de los derechos a la vida, al bienestar social y a la vigencia de un orden justo.

También, la Constitución Política garantiza la protección a la diversidad étnica y cultural, a las riquezas culturales de la nación, al reconocimiento, el respeto de la pluralidad y a la participación, lo que constituye la aceptación de las distintas formas de vida y la comprensión del mundo, tal como lo refiere la Sentencia T-272 de 2017.

Además, el respeto a la dignidad humana requiere que se garantice los derechos a la vida, a la igualdad y a la paz, los cuales serán posibles con la superación de la violencia, el conflicto armado y cuando se garantice la convivencia pacífica.

De igual modo, la Constitución Política contempla el derecho a la educación, el cual se concreta con el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” y con la formación en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la paz.

De manera que de acuerdo a lo expuesto, la Constitución Política contempla los fundamentos que permiten el reconocimiento del derecho a la paz y traza el camino de transformación de la sociedad a partir de la construcción y consolidación de una cultura de paz.

Obligaciones de las personas en el proceso de construcción y consolidación de una cultura de paz

El respeto del derecho a la dignidad humana lleva al reconocimiento de la razón, la capacidad del desarrollo del pensamiento y la posibilidad de decidir sin desconocer los derechos de las demás personas y de aquellas que por su condición de vulnerabilidad requieren de la atención de los demás.

En este sentido, la Constitución Política dispone obligaciones que se deben cumplir para garantizar la convivencia pacífica de una sociedad que reconoce y arraiga una cultura de paz.

De este modo, el artículo 95 de la Constitución Política contempla los deberes de respeto del derecho ajeno, no abuso de los propios, de obrar de acuerdo al principio de solidaridad y el deber de defender y difundir los derechos humanos. Este último es el fundamento de la convivencia pacífica y  la principal obligación para hacer posible el logro de una paz estable y duradera.

Igualmente, el artículo 218 de la Constitución Política fija las facultades de la Policía Nacional, las cuales tienen por finalidad  garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia en paz.

De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional tiene como principal función la prevención de comportamientos que afectan la convivencia y la conciliación en los desacuerdos que se causen entre los miembros de la comunidad. Así mismo lo definió el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

Conforme a la Constitución Política, las personas y los ciudadanos tienen obligaciones para garantizar el mantenimiento de la paz. Igualmente, existen mecanismos de control para quienes no cumplan con los deberes y obligaciones que buscan garantizar la convivencia pacífica.

A manera de conclusión

La Asamblea Nacional Constituyente estableció la prioridad de garantizar la convivencia pacífica, no solo por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado sino también por el deber de las personas de asegurar el mantenimiento de la paz.

En síntesis, los postulados constitucionales anteriormente reseñados componen la ‘constitución para la paz’, como lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia C-048 de 2001. Así lo expuso la Personería de Bogotá recientemente en un evento que realizó con la participación de algunos líderes de comunidades indígenas y servidores públicos del Distrito Capital.