El presidente colombiano defiende la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos en un momento en que el país es el mayor productor de coca del mundo. En la esfera nacional se descarta volver a las fumigaciones aéreas con glifosato.

Por: Sergio García Hernández

En Colombia hay un consenso en sus diferentes ramas del poder frente al problema de la cocaína: no se le abrirá la puerta a las fumigaciones desde el aire con glifosato.

Ni las 160 mil hectáreas sembradas con ese cultivo ilícito en el territorio nacional, ni ser el país que más coca produce en el mundo, ni la oposición pueden cambiar esa decisión institucional en el país.

Esa es una elección que Colombia ha tomado desde Gobierno y que ha sido también sustentada por el poder judicial, representado en la Corte Constitucional.

Por ejemplo, desde el Ejecutivo se lanzó el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que  busca erradicar en el primer año unas 50 mil hectáreas de hoja de coca, en cerca de 40 municipios del país.

EL PNIS es un programa que le apuesta al cambio de cultivos de coca por otros. Por eso en el día de su lanzamiento, el pasado jueves 11 de mayo, en La Uribe (Meta), el presidente Juan Manuel Santos sembró una mata de plátano, luego de arrancar una de coca.

Con ese gesto, el presidente Santos mostró que desde el Gobierno se continuará con la erradicación manual y la sustitución. Así se le cierran las puertas a propuestas que sugerían el retorno de las fumigaciones áreas con glifosato ante la expansión de los cultivos ilícitos.

Esta elección que ha tomado el país también se ha moldeado en el poder judicial. La más reciente muestra de ello es la sentencia T-080 del 2017, que resuelve la tutela de representantes del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare).

Esta comunidad reclamó a entidades del Gobierno como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Justicia vulneración de sus derechos fundamentales «a la consulta previa, a la vida, a la existencia física y cultural, a la educación, al medioambiente sano, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, generada por la fumigación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato sobre los territorios consagrados a la autoridad y soberanía» del resguardo.

En la sentencia la Corte no solo le da la razón a la comunidad sino que llama la atención del Gobierno Nacional “respecto de la utilización de sustancias químicas potencialmente tóxicas como única forma de combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y sobre la efectividad de tales medidas”.

La Corte confirmó que el resguardo Carijona de Puerto Nare (Guaviare) fue fumigado con glifosato en el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos y que esta actividad “ha producido afectaciones en la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente”.  

En la sentencia, la Corte declara que a la comunidad indígena Carijona se les desconoció el derecho fundamental a la realización de una consulta previa, libre e informada, frente a la implementación del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos.

A su vez, en el fallo se lee que en el término de 5 meses, contados a partir de la notificación de la providencia, se tendrá que realizar un proceso de consulta a las autoridades de la comunidad “con la finalidad de adoptar medidas de etno-reparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios por el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato”.

De esta manera, con las decisiones que tanto en el poder judicial como ejecutivo se han tomado, desde la institucionalidad se rechaza las fumigaciones desde el aire. Con esa elección y direccionamiento, viajó Santos a Estados Unidos.

Allí el jefe de Estado promovió esa posición ante su homólogo estadounidense Donald Trump, de quien se espera cooperación con el fin de que el Gobierno siga adelante con su plan para erradicar la coca del territorio nacional, una tarea urgente, pues otra vez somos el mayor productor de coca del mundo.