El nuevo Gobierno se comprometió con proveer con empleos en el Estado a personas capacitadas que se encuentren desempleadas, a regularizar el trabajo de aquellos vinculados en plataformas digitales y en contratar obras de menor tamaño a nivel rural en las que participen las comunidades locales.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Gustavo Petro fue elegido el pasado 19 de junio como presidente de Colombia por millones de personas que creyeron en sus propuestas de Gobierno, varias de ellas enfocadas en aspectos laborales que llaman la atención por lo que pueden representar para sectores que históricamente han sido ciudadanos marginados a los que les ha tocado, muchas veces sin la ayuda del Estado, buscar sus ingresos en la informalidad y desde el desempleo.

En este sentido, en el programa de Gobierno de Petro se establece que se impulsará un estatuto que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro de los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, los asalariados formales, y las personas contratados mediante Órdenes de Prestación de Servicios y demás formas temporales.

El programa expone que habrá una «política de empleo garantizado» que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir «como las asociadas a las labores del cuidado, a las acciones en el marco de la emergencia climática o a las vocaciones juveniles, donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos».

Detalla que se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera.

«El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados», describe el programa.

La aplicación de esta iniciativa según el programa creará un sector laboral que podrá variar de acuerdo con las necesidades del ciclo económico, «aumentándose durante las recesiones o contrayéndose durante las expansiones».

Petro prometió además que el Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten.

«El Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para la contratación de personal con garantías laborales», detalla el programa.

El nuevo Gobierno también afirma que reconocerá, y remunerará trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado, el cual representa alrededor del 20% de Producto Interno Bruto y es realizado en un 81% por mujeres, «para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar, el Estado, el mercado y el sector comunitario».

«La brecha salarial en razón de género muestra una dimensión de la desigualdad social, por tanto, su cierre se debe promover con políticas públicas de igualdad de salarios de hombres y mujeres que tengan los mismos niveles educativo y ocupación laboral, tanto en el sector público como en las empresas privadas», resalta.

El teletrabajo y trabajo en casa, entre tanto, será regulado de manera que se preserven los derechos laborales de los trabajadores, con dotaciones adecuadas, y verificación de condiciones de salud en el trabajo.

«Las jornadas dedicadas al trabajo remunerado, deberán reconciliarse con las jornadas del trabajo del hogar, la vida social, el estudio y el descanso, por lo que es posible que el incremento de productividad en los hogares permita reducir la jornada laboral para este tipo de trabajo», expone.

Para finalizar el nuevo Gobierno también se comprometió con regularizar los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación laboral y no colaborativa, «formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar».