Corte Constitucional le pide al Instituto Nacional para Sordos un protocolo para denuncias de acoso sexual y laboral

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, se refirió a un caso en el que, en segunda estancia, el Consejo de Estado no le dio credibilidad a una ciudadana que denunció un presunto acoso sexual debido a que los hechos ocurrieron en una reunión privada.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) que expida un protocolo de atención “oportuno, preventivo y con enfoque de género” para evaluar las denuncias sobre acoso laboral y sexual que se realicen al interior de la entidad.

La decisión fue adoptada al fallar una tutela a favor de una ciudadana que denunció ser víctima de acoso laboral al interior del INSOR lo que la llevó a renunciar. La mujer, luego, presentó una demanda de nulidad contra la resolución que aceptó la renuncia.

En el 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de un juez que había fallado a su favor, por lo que presentó una tutela contra dicha sentencia ante el Consejo de Estado. En primera instancia fue concedida, pero en segunda instancia fue revocada.

Crédito Obligatorio: Corte Constitucional de Colombia

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, advirtió que no hubo un análisis conjunto de los hechos probados, puesto que no se le dio credibilidad a lo manifestado por la ciudadana solo porque no era posible probar el acoso sexual únicamente a partir del testimonio de la víctima, puesto que los hechos ocurrieron en una reunión privada.

“Tal análisis parte de la necesidad de contar con una prueba directa de lo ocurrido en una reunión privada, algo sobre lo cual esta Corporación ya ha señalado que en este tipo de eventos resulta de difícil recaudo, por lo que deben privilegiarse los indicios que los hechos probados suministran al operador judicial como claves para descubrir y representar el hecho que busca ser probado. A lo cual debe sumarse una perspectiva de género en tanto se trata de una mujer en un contexto laboral”, explicó el Alto Tribunal.

El fallo revocó la sentencia del Consejo de Estado en segunda instancia, con lo cual cobra vigencia el fallo de tutela de primera instancia que ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir un fallo de remplazo en el que reconozca que la ciudadana fue víctima de acoso laboral y disponga su reintegró al mismo cargo o a uno de mejores condiciones, además del pago de una indemnización.

La Sala advirtió que en casos de acoso laboral, en los que la presunta víctima es una mujer, la autoridad judicial debe adelantar el análisis probatorio incluyendo un enfoque de género. La ponencia establece que el enfoque de género se requiere debido a que la presencia de la mujer en el mercado laboral ha estado y está permeada de un ambiente de agresividad y discriminación, en el cual aún no existen respuestas contundentes que cambien la realidad.

El alto tribunal resaltó la importancia de que los operadores judiciales introduzcan en sus análisis probatorios que el reconocimiento de que la violencia contra la mujer sucede en el ámbito laboral y que la invisibilización o normalización de actos que atenten contra su dignidad reproduce en ese contexto asimetrías de poder derivadas de un modelo de sociedad “machista y patriarcal” que impregna la cultura laboral.

“De allí que la función judicial, en el ámbito de sus competencias, también deba contribuir a eliminar tratos diferenciales basados en estereotipos sustentados en la cultura machista y patriarcal o en generalizaciones discriminatorias”, indicó la Corte.

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