La tolerancia es un deber fundamental para garantizar los derechos humanos

La comunidad internacional proclamó el 16 de noviembre como el día internacional para la tolerancia con la intención de poner de relieve los peligros de la intolerancia, fomentar la tolerancia y la educación en favor de ésta. En Colombia se han intensificado los actos de intolerancia dentro de la rama legislativa y en la sociedad en general.

Por: Alejandro García Hernández

Los países miembros de la UNESCO adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia en 1995 con la intención de promover la tolerancia, la solidaridad intelectual y moral y la educación para que las naciones y los grupos étnicos o religiosos convivan en paz, se eviten las guerras y se garantice los derechos humanos.

Tolerancia

Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Foto: Museo Memoria y Tolerancia

Actualmente se ha intensificado los actos de intolerancia, violencia, intimidación, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, marginación y discriminación. Perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, refugiados, trabajadores migrantes, inmigrantes, grupos vulnerables de la sociedad y en general las personas que ejercen su derecho de libre opinión y expresión.

Todos los actos anteriores constituyen obstáculos para el desarrollo, amenazas para la consolidación de la paz y de la democracia en el plano nacional e internacional.

La Corte Constitucional ha definido que las declaraciones y principios sobre derechos humanos elaborados por expertos, relatores o cuerpos especializados son instrumentos internacionales que hacen parte del soft law, normas que no tienen un carácter vinculante y no hacen parte del bloque de constitucionalidad, sentencia C-257 de 2008.

No obstante, permiten determinar el alcance de las obligaciones del Estado en los tratados de derechos humanos, la costumbre internacional y los principios generales de derecho internacional que si son vinculantes por ser parte del hard law (normas vinculantes) y del bloque constitucionalidad, sentencia C-257 de 2008.

En este sentido, la declaración de principios sobre la tolerancia hace parte del soft law y permite interpretar el alcance de las obligaciones en los tratados de derechos humanos ratificados por los Estados. Sobre todo de los instrumentos internacionales de hard law que protegen a los grupos y comunidades menos favorecidas, vulnerables, que sufren discriminación, refugiados, migrantes o niños.

La declaración afirmó que los Estados deben adoptar todas las medidas positivas necesarias para fomentar la tolerancia y combatir contra la intolerancia en nuestras sociedades. En cuanto a que son necesarias para la paz, el progreso económico y social, para desarrollar y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.

Así mismo, el artículo 26 de la declaración universal de los derechos humanos reconoció que la educación tiene por objeto favorecer la tolerancia entre todos los grupos étnicos o religiosos.

Tolerancia

El artículo 1 de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia define que la tolerancia es la armonía en la diferencia a través del respeto, la aceptación y el aprecio de la las culturas de nuestro mundo, de las distintas formas de expresión y de todas las personas por el hecho de ser humanos.

Practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas.

La tolerancia es un deber moral, político y jurídico de los individuos, los grupos y los Estados, para contribuir a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz, a los derechos humanos universales, a las libertades fundamentales, al pluralismo cultural, a la democracia y al Estado de derecho.

En el artículo 3 de la declaración resalta que la intolerancia y los conflictos amenazan al mundo moderno, caracterizado por su diversidad, la aceleración de la movilidad y la mundialización de la economía. La tolerancia es necesaria entre los individuos, la familia y la comunidad.

La declaración resalta la importancia de fomentar la tolerancia en nuestras sociedades. Para ello considera necesario implementar una educación de tolerancia en las escuelas, universidades, hogares, lugares de trabajo y medios de comunicación para difundir los valores de la tolerancia, el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación, la solidaridad, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y poner de relieve el peligro al ascenso de grupos e ideologías intolerantes.

Función del estado

En el artículo 2 de la declaración se afirma que los Estados tienen la función de ejercer el poder judicial de forma imparcial, de implementar una legislación que garantice que todas las personas puedan disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación, de ratificar las convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos, fomentar en los individuos y las comunidades que acepten y respeten el carácter multicultural de la familia humana, impedir la marginación, la violencia, la discriminación, la exclusión de la participación social y política de grupos vulnerables.

Concordante a ello,  la declaración sobre la raza y los prejuicios raciales establece las responsabilidades del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir el racismo, promover la unión de las personas, investigar los casos de discriminación, garantizar la diversidad humana, los derechos humanos y las libertades individuales de todos los individuos.

Educación

El artículo 4 de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia consideró que la educación es un imperativo urgente porque es el medio más eficaz de prevenir la intolerancia. La primera etapa de la educación para la tolerancia consiste en enseñar a las personas los derechos, libertades que comparten y la voluntad de respetarlos y protegerlos.

Para ello, los Estados se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para fomentar la tolerancia y la no violencia, a través de la implementación de políticas, programas e instituciones educativas, en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, con el uso de métodos sistemáticos y racionales de enseñanza que:

  1. Aborden los motivos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos de la intolerancia.
  2. Desarrollen las capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y razonamiento ético.
  3. Contrarresten las influencias que conducen al temor y la exclusión de los demás.
  4. Apoyen y ejecuten programas de investigación sobre ciencias sociales y de educación para la tolerancia, los derechos humanos y la no violencia.
  5. Desarrollen el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, los grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y lingüísticos.
  6. Formen ciudadanos atentos a los demás, responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar y respetar el valor de la libertad, de la dignidad, las diferencias de los seres humanos, de evitar los conflictos y de resolverlos por medios no violentos.

También en la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales consideró que la cultura y la educación promueven la igualdad y el respeto en la dignidad y en los derechos, en particular el derecho a la identidad  cultural.

De modo que los estado tienen la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para usar la educación, la cultura y la información para combatir el racismo,  para aceptar la diversidad humana, promover la unión y el respeto mutuo entre las personas, mejorar la situación de los grupos menos favorecidos, garantizar los derechos humanos y las libertades individuales de todos los individuos.

Posición de la ONU

La ONU afirmó que con la Declaración de Principios sobre la Tolerancia la comunidad internacional se ha comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos que se caracterizan por su diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias. Este imperativo es importante porque en esta era se ha aumentado el extremismo y el radicalismo, provocando conflictos que menosprecian la vida humana.

La ONU resalta que la declaración sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La ONU consideró que para luchar contra la intolerancia los gobiernos deben garantizar:

  1. Los derechos humanos y prohibir la discriminación contra las minorías.
  2. El acceso igualitario y el adecuado funcionamiento de tribunales de justicia para que las disputas sobre la protección de los derechos humanos no se resuelvan por la violencia.
  3. La educación de la tolerancia y de los derechos humanos que permita una actitud abierta y generosa hacia el otro para evitar que surjan actos de intolerancia por la ignorancia. Esta educación debe practicarse en todos los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y en los medios sociales.
  4. El derecho a la información y la libertad de prensa para evitar que se use la desinformación, los prejuicios, los argumentos falaces, la manipulación de hechos y estadísticas con fines políticos o territoriales.

Por último, la ONU resalta que luchar contra la intolerancia es también una labor de todos los individuos, debido a que la intolerancia social es la suma de las intolerancias individuales. De modo que todas las personas deben tener el compromiso de vivir con tolerancia, sin violencia, con solidaridad con las víctimas de la intolerancia y desacreditar la propaganda fomentada por el odio. Así se evita la desconfianza y la violencia en la sociedad.

El desinterés de Colombia en la lucha contra la intolerancia

En la actualidad, el gobierno se ha esforzado por consolidar una paz estable y duradera en el país, a través de la implementación de los acuerdos de La Habana, de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que prometen con firmar un nuevo acuerdo de paz y con la pronta expedición de la ley para el sometimiento de las Bacrim.

Sin embargo, el Estado ha fallado en la lucha contra la intolerancia. La rama legislativa del poder, los medios de comunicación y en general las redes sociales fomentan la intolerancia en el país.

El congreso ha sido escenario central de la intolerancia del país que rivaliza con insultos. El parlamento se divide entre los simpatizantes del proceso de paz y sus opositores. En ambos grupos existen personas que ofenden sin argumentos a su contrario.

Por un lado, los que se oponen al proceso estigmatizan a sus contrarios como ‘defensores del terrorismo’, ‘comunistas’, ‘mentirosos’, ‘pro Farc’ y ‘castrochavista’. Del mismo modo, los simpatizantes les dicen a su contraparte ‘fascistas’ y ‘paracos’.

El desprecio por la lucha contra la intolerancia no es nuevo en el parlamento. En el congreso se ha intentado expedir tres veces la ley por la cual se institucionaliza el día nacional de la tolerancia, la solidaridad y la convivencia. Dos veces ha sido archivada por no poder ser considerado en más de dos legislaturas, conforme al artículo 190 de la ley 5 de 1992 y actualmente se encuentra en trámite a través del proyecto de ley 048 de 2016 del Senado.

Este ambiente de intolerancia en el Capitolio se ha extendido en toda la sociedad. En las redes sociales se volvió normal el debate político a partir de los insultos, la desinformación y los argumentos falaces.

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