El informe de la Defensoría del Pueblo denuncia que está en riesgo la vida de líderes sociales en toda Colombia. 52 defensores han sido asesinados en lo que va del 2017. En los últimos 18 meses, la cifra asciende a 186 muertos. Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entre quienes amenazan en regiones del Magdalena Medio.

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Las cifras que de a poco consolida el Gobierno sobre atentados contra aquellos que en sus comunidades exigen garantías para la vida, la educación, la libertad, la igualdad o servicios básicos, son los mismos que en el territorio nacional están en constante peligro de muerte.

De acuerdo con cifras divulgadas por el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, 52 personas dedicadas a actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos han sido asesinadas en el 2017 en Colombia.

Al escalofriante dato, de acuerdo con las estadísticas del ministerio público, hay que sumarle los 134 líderes sociales asesinados en el 2016, para un total de 186 personas que fueron víctimas de homicidios en el último año y medio, por sus denuncias, su trabajo, su vocación o su compromiso con derechos que en la ley y el papel están protegidos por la Constitución Nacional.

El defensor del pueblo también aseguró que hay unos 500 líderes más amenazados y anotó que la mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las Farc.

“La sociedad y el Estado tendrán que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, porque si hemos logrado la paz con un grupo como las Farc, debemos buscar los espacios de reconciliación luego de que haya verdad y reparación», aseguró Negret.

Como responsables de los asesinatos, el defensor del pueblo señaló a grupos armados ilegales y organizaciones criminales. A su vez se refirió al caso concreto de Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), y Cantagallo y San Pablo (Bolívar). En esas zonas, según Negret, operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, al que calificó como un grupo que pone en un “escenario de  riesgo” a los líderes sociales.

En esos municipios, ubicados en pleno Magdalena Medio colombiano y reconocidos por producir más de 58 mil barriles diarios de petróleo que equivalen al 6,5% del total nacional, se registraron 17 quejas por amenazas contra defensores de derechos humanos en el 2016. Entre tanto, a 12 de julio del 2017, la Defensoría cuenta en sus datos cinco denuncias en lo que va del año, que se suman a las cinco centenas de amenazas de las que tiene reporte la entidad.

Las cifras divulgadas ponen en el renglón número uno de prioridades, en tiempos de implementación del acuerdo de paz, la seguridad de los defensores de derechos humanos. Los asesinatos a esos líderes indican que el conflicto en Colombia sigue vivo pese al desarme de las Farc, y que hay otras redes criminales que el Estado debe desmantelar y enfrentar.

Cabe resaltar que las denuncias de la Defensoría deben ser atendidas de inmediato por las entidades de control y de protección del Estado, pues los datos recién divulgados solo se suman a los reportes que desde el año pasado ya conocía, por ejemplo, el Ministerio del Interior.

En su momento, el ministerio aseguró que en el 2016 se tenía conocimiento de 64 personas muertas por sus labores asociadas a la defensa de derechos humanos. En ese sentido, ya para finales del año pasado los asesinatos eran conocidos, y pese a ello las cifras se volvieron más alarmantes.

Los muertos este año ya se cuentan en 52, y los 64 del año pasado, calculados por el Ejecutivo, eran apenas la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el país, pues la Defensoría tiene información de 70 casos más para ese período. Lea: Más de 5 defensores de derechos humanos fueron asesinados por mes en el 2016

Las cifras de la Defensoría sobre la violencia, que en las regiones existe contra los defensores de derechos humanos, representan un fuerte golpe al gobierno. El Estado, pese a algunos logros en la lucha contra las bandas criminales, como el reciente operativo contra uno de los hombres más fuertes del ‘clan del Golfo’, Efrén Vargas Gutiérrez, se está convirtiendo en notario de muertes de líderes sociales.

Por ello, las alertas que da Negret, en cumplimiento de su función, deben ser el punto de quiebre para que surjan estrategias que permitan salvar la vida de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades.

El país tiene la necesidad de que se salven las vidas de los líderes regionales pues no puede volver a suceder que salga un ministro, como lo hizo el del Interior, en enero pasado, angustiado por el panorama y que tan solo 6 meses después, se tengan que conocer que más de medio centenar de personas se sumaron a los asesinados desde entonces. Algo tiene que cambiar.