Prospectiva en Justicia y Desarrollo analiza la importancia de pensar en urbes que reconozcan los derechos y que sean incluyentes con la población desplazada, con ocasión a la 5ª Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, que se vive en Bogotá del 12 al 15 de octubre.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

El intercambio de experiencias de gobiernos locales y regionales para mejorar la capacidad de afrontar retos comunes, de la planificación urbana a la migración, hace parte de un congreso que invita a pensar en los retos que tienen las urbes colombianas con las víctimas de la violencia, que un día llegan a sus calles.

Por ello, en momentos en que se cumple la 5ª Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales,  es clave analizar cómo las ciudades colombianas se han comportado con las víctimas del conflicto y los retos que tienen con las personas desplazadas por la violencia.

Cifras de las principales ciudades del país del Registro Único de Víctimas muestran los siguientes datos:

Número de víctimas del conflicto armado por ciudad

• Bogotá: 344.626.
• Medellín: 414.521.
• Cali: 143.351.
• Cúcuta: 89.242.
• Florencia: 88.494.
• Barranquilla: 79.498.
• Quibdó: 64.723.
• Soacha (ciudad no capital): 39.954.

Estos datos son solo una muestra de la realidad de las ciudades de Colombia, que indican la dimensión de la responsabilidad que las urbes tienen que asumir en temas de salud, educación, empleo e integración, para las víctimas del conflicto armado, con el fin de darles un trato digno e inclusivo.

Las personas que migran a las ciudades suelen ubicarse en la periferia y en ocasiones, según consultas hechas por Prospectiva en Justicia y Desarrollo, se ven obligadas a ocupar territorios en forma ilegal, sin posibilidad de habitar una unidad básica de vivienda familiar, que cuente con los servicios de agua potable, alcantarillado, electrificación y acceso.

Por lo regular, el asentamiento de las víctimas se efectúa en condiciones precarias, por estar obligadas a habitar en improvisados ‘cambuches’ y con el riesgo de ser revictimizadas por la criminalidad urbana.

En este sentido, la atención de las personas víctimas del conflicto que migran a las ciudades es un reto para la gobiernos regionales y locales, pues en la coyuntura deben diseñar programas que permitan responder a las necesidades de esas poblaciones.

La oportunidad con la cumbre en Colombia

En el marco de la cumbre es clave hacer seguimiento a las discusiones de los paneles y talleres sobre paz y desigualdad, que podrían aportarle al país en la adopción de mecanismos jurídicos que garanticen la inclusión y el desarrollo de las comunidades desplazadas por el conflicto armado.

A su vez, es importante que se analice la pertinencia de actividades pedagógicas para que los residentes de las ciudades acepten y vean de forma inclusiva a las personas desplazadas.

Estos temas que surgen de la Cumbre no pueden ser ajenos para Colombia, que por cuenta del conflicto armado tiene 7.900.102 víctimas de las cuales, según el Registro Único de Víctimas, un total de 1.642.394 aún no son sujetos de atención.

La deuda que las ciudades tienen con las víctimas implica una nueva forma de pensar las urbes, desde un enfoque en el desarrollo humano.

En esta época de discusión comunitaria por la paz, los gobernantes en todos sus niveles tienen el deber de proyectar, gestionar y desarrollar las acciones públicas que permitan hacer ciudades más democráticas, con capacidad de reconocer la igualdad diferenciada para sus habitantes.

En este sentido se expresó también, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje a la Cumbre, al decir que a pesar de las dificultades que se presentan en el desarrollo de las ciudades, estas deben ser más inclusivas para poder lograr estabilidad y paz.

De allí la importancia para urbes, como las colombianas, de pensar en las víctimas del conflicto armado.