El bienestar social no fue derrotado con el plebiscito

El Gobierno  tiene la capacidad de implementar políticas públicas de desarrollo económico y social contenidas en lo pactado en La Habana, si acata el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Por: Hernando Aníbal García Dueñas

La victoria del ‘No’, en la votación del 2 de octubre, no implica que los programas enfocados al mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio nacional, descritos en el Acuerdo Final, tengan que ser pospuestos o que hayan sido vencidos.

El Presidente tiene el deber de expedir las normas y tramitar los proyectos de Ley para cumplir con políticas y programas dirigidos al mejoramiento del  bienestar social y calidad de vida de los colombianos.

La obligación del jefe de Estado corresponde a las acciones que se deben realizar en acatamiento del plan de desarrollo. Es decir que el resultado del plebiscito, no impide el cumplimiento de las tareas que están propuestas desde el 2014 y que, por las características propias de un escenario de negociación, también se contemplaron en La Habana.

Aspectos del Plan de Desarrollo afines con el Acuerdo Final

El Presidente en su Plan 2014-2018  fijó como propósito para alcanzar una Colombia en paz, las estrategias territoriales que se requieren, con el fin de garantizar sostenibilidad y reconstrucción de las zonas afectadas por el conflicto armado interno.

Esas estrategias se acompañan de políticas de seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz. A su vez, de la transformación integral del campo colombiano y del desarrollo de competitividad e infraestructura, para que se garantice el soporte fundamental para su sostenibilidad en todos los territorios.

En los objetivos y lineamientos del plan, el Gobierno Nacional, a su vez, se propuso erradicar la pobreza extrema en la década siguiente, reducir la pobreza y disminuir la grieta poblacional en materia de ingresos, con el impulso de inclusión productiva y financiera, generación de empleo, y la provisión de servicios de salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad.

De igual modo, se propuso como metas el desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación, con el apoyo de iniciativas empresariales y el fortalecimiento en competitividad agropecuaria.

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El Acuerdo y el Plan de Desarrollo tienen puntos en común.

El plan también trazó el marco para la transformación de la educación y la cultura en el país, en particular para cerrar las brechas en acceso y calidad a esos aspectos de la sociedad entre individuos, grupos poblacionales y regiones.

En materia de competitividad e infraestructura estratégica, el plan apunta a garantizar un entorno estable, de reglas claras que favorezca la certidumbre, planificación y toma de riesgos y decisiones por parte del sector privado.

En cuanto a la transformación del campo, se reconoció que el 84,7 % del territorio colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, con más de 42 millones de hectáreas aptas para las actividades agropecuarias y forestales. Además, se define que existen fuentes de recursos naturales que ofrecen ventajas comparativas para el país, en el desarrollo del sector hidrocarburos y de minerales.

En el plan, además, se formularon los objetivos para el ordenamiento territorio rural. Allí se propone mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios sin o con tierra insuficiente.

También se contempla el impulso del uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, bajo un enfoque de crecimiento verde, así como la dotación de bienes públicos y servicios sociales para el desarrollo humano, la inclusión productiva de los campesinos, y el impulso de la competitividad agropecuaria.

Entre tanto, en materia de justicia, algunos de los temas del acuerdo de la Habana que pueden fortalecerse por corresponderse con los lineamientos del plan de desarrollo son:

  • La creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.
  • La unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales –ya implementado en la Fiscalía, previo al plebiscito-.
  • El proyecto de Ley de tratamiento penal diferenciado, para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito.

A su vez,  en el Plan de Desarrollo se incluye la Reforma Rural Integral, la Ley de sustitución de los cultivos de uso ilícito, las normas de desarrollo para la reforma de la extinción judicial de dominio, las modificaciones en materia de restitución de tierras, las normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción, los programas de desarrollo con enfoque territorial y los ajustes a la reforma tributaria.

Necesidad de definición de agenda del Gobierno

Debido a que una buena parte del contenido temático del Acuerdo Final, en particular de los programas para el desarrollo social o comunitario, se encuentran dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno Nacional debe revisar y priorizar los temas que harían parte de la agenda del legislativo.

De esta manera el ejecutivo permitiría la aprobación por Ley de las políticas públicas y el establecimiento temporal para su implementación, en y por fuera del tiempo de gobierno que le queda al Presidente.

En este sentido, el ‘No’ en el plebiscito lleva a la posibilidad de integración de las distintas fuerzas políticas,  que tendrán la oportunidad de establecer la agenda de trabajo para llegar a un pacto nacional que puede incluir el trámite ante el Congreso de la República de los proyectos de Ley que recogen temas importantes del Acuerdo Final.

Por ejemplo, por vía de Ley pueden implementarse políticas que encajarían con aquellas que se justifican en Acuerdo como la búsqueda de la paz con justicia social, el respeto de los Derechos Humanos, el desarrollo económico con bienestar y el reconocimiento de una reforma agraria.

Un acuerdo nacional con el apoyo de los expresidentes y los líderes de las distintas organizaciones políticas y sociales permitiría saldar esa deuda social de los últimos 50 años, tiempo en el que ninguno de los Gobiernos pudo cubrir las necesidades de la comunidad, particularmente las del campesinado colombiano.

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