En el Congreso fue archivado un proyecto de ley que buscaba regular esta figura. Ese revés implica que en el país solo se aplique la protección del puesto de personas que están a menos de tres años de la pensión si se demuestra que la pérdida de un trabajo afectó derechos fundamentales. Un despido injustificado puede ocasionarles graves perjuicios a quienes están a punto de pensionarse, debido a que es posible que no logren obtener un nuevo empleo y se impida la concreción de sus derechos irrenunciables por vejez.
Por: Alejandro García Hernández