El Estado colombiano fue condenado por detenciones ilegales, desplazamiento forzado y un asesinato producto de la falta de protección de 5 mujeres defensoras de derechos humanos, en operaciones militares en la comuna 13 en el 2002, momento en que en el lugar actuaban guerrillas y grupos paramilitares. La decisión tiene implicaciones para el proceso de paz y recuerda al país que sigue siendo foco de vigilancia de la Corte internacional.