La Policía ha multado a los vendedores informales por ocupar el espacio público desde el primero de agosto cuando entró a regir el código, sin considerar que las autoridades competentes primero deben ofrecer programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, garantizándoles los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad. La autoridad policial también debe contar con la autorización de un proceso administrativo previo.

 Por: Alejandro García Hernández

El nuevo código de policía sanciona a las personas que ocupen el espacio público en violación a las normas vigentes. Según el código, la multa por dicha conducta es de 4 salarios mínimos diarios y si se comete dos o más veces, el agente debe decomisar o destruir el bien con el que incurre en la ocupación.

La obligación de proteger el espacio público no es absoluta cuando entra en confrontación con el derecho al trabajo, el mínimo vital y el principio de confianza legítima de los comerciantes informales.

La sentencia C-211 de 2017 consideró que los vendedores informales, por su condición económicamente vulnerable, son un grupo de la sociedad que goza de especial protección constitucional.

Según la sentencia T-772 de 2003 los vendedores informales se dividen en tres clases:

1. Vendedores informales estacionarios: se instalan de forma fija en un determinado segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas en que el vendedor se ausenta del lugar, por ejemplo, mediante una caseta.
2. Vendedores informales semi-estacionarios: no ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público, pero ocupan en forma transitoria un determinado segmento del espacio público.
3. Vendedores informales ambulantes: No ocupan el espacio público por llevar consigo los bienes y mercancías, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más allá de su presencia física.

Cambio abrupto e injustificado de las situación jurídica de los vendedores informales ambulantes.

La Corte Constitucional, en sentencia T-772 de 2003, había determinado que los vendedores informales ambulantes no pueden ser sancionados por la autoridad de policía porque no ocupan el espacio público.

Sin embargo, en sentencia T-424 de 2017, la Corte Constitucional desconoció su propio precedente y dictaminó que los vendedores informales ambulantes si ocupan el espacio público y su protección constitucional se hace más etérea debido a que su natural movilidad no permite configurar una situación generalizada de confianza legítima. Por lo tanto, estos vendedores tienen que probar en cada caso particular la confianza legítima para que se le reconozca la protección constitucional.

En concepto de Prospectiva en Justicia y Desarrollo, este cambio de jurisprudencia es un retroceso injustificado de los derechos humanos de los vendedores informales ambulantes que desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre «cambio de jurisprudencia legítimo».

La Corte Constitucional, en sentencias SU-047 de 1999 y C-898 de 2011, determinó se debe respetar el precedente para proteger la igualdad y la seguridad jurídica. Por ello, el cambio de jurisprudencia sólo es legítimo cuando se aporta las razones de peso que lo justifiquen, las condiciones que pueden sustentar tal determinación son:

1. La reforma del parámetro normativo constitucional cuya interpretación dio lugar al precedente.
2. Las transformaciones en la situación social, política o económica que vuelvan inadecuada la interpretación que la jurisprudencia había hecho sobre algún asunto.
3. Cuando cierta jurisprudencia resulta contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico. En este caso se debe demostrar que hay razones fundadas para cambiar la jurisprudencia y que estas priman sobre el principio de seguridad jurídica e igualdad que sustentan el principio esencial del respeto del precedente.

En la sentencia T-424 de 2017, la Corte Constitucional no hizo consideración alguna sobre el cambio de jurisprudencia legítimo, ni mucho menos estudió si dicho cambio de jurisprudencia se en marca en una de sus condiciones que sustentan tal determinación. Por lo tanto, este cambio de jurisprudencia es ilegitimo y debe aplicarse la jurisprudencia de la sentencia T-772 de 2003, la cual fue reiterada en la sentencia C-211 de 2017.

La aplicación del Principio de Confianza Legítima desconoce derechos fundamentales

El principio de confianza legítima es una protección que el Estado otorga a los vendedores informales que han desarrollado su actividad comercial de manera prolongada, continúa y permanente.

La Corte Constitucional estableció que la confianza legítima nace de situaciones jurídicas en la que el Estado crea, promueve o tolera la estabilidad de manera prolongada, continúa y permanente de los vendedores informales. Estas situaciones crea expectativas legítimas al vendedor informal de que su situación era jurídicamente aceptada y  que no iba a ser modificada intempestiva o bruscamente, de acuerdo a la sentencia T-424 de 2017.

La confianza legítima obliga a la administración a tomar medidas que faciliten la adaptación del afectado a la nueva situación. No obstante, el vendedor informal debe obrar de buena fe, de forma prudente y diligente para mantener la confianza legítima.

Lo anterior quiere decir que el Estado puede recuperar el espacio público si protege los derechos de los vendedores informales y estos a su vez no deben obstaculizar o entorpecer la labor del Estado.

No obstante a lo anterior, Prospectiva en Justicia y Desarrollo considera que la aplicación del principio de confianza legítima desconoce las situaciones de hecho que obligan a las personas a ser vendedores informales. Estas son situaciones intempestivas que obligan a las personas a ocupar el espacio público para conseguir un sustento que les permita vivir.

De forma que el desalojo de estos nuevos vendedores informales sin que se les ofrezcan alternativas de reubicación o de trabajo formal, por considerarse que no cumplen con el principio de Confianza Legítima, puede ocasionar la afectación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad.

¿Cómo debe actuar el Estado para recuperar el espacio público?

La Corte Constitucional indicó que el Estado puede recuperar el espacio público si adelanta políticas públicas, planes y programas de reubicación o alternativas de trabajo formal para los vendedores informales que mínimo deben cumplir con los siguientes:

1. Censar a los vendedores informales para el diseño e implementación de la política pública.
2. Adelantar estudios cuidadosos y empíricos que atiendan la situación que padecen las personas a desalojar para contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación.
3. Acordar con los afectados las decisiones a adoptar.
4. Informar al beneficiario sobre el lugar y las condiciones dentro de las cuales seguirán ejerciendo sus actividades.
5. Brindar la oportunidad de capacitarse en áreas económicamente productivas que les permitan iniciar proyectos que puedan garantizarles ingresos aptos para atender sus necesidades en condiciones dignas.

Por lo anterior, la Corte determinó que la policía sólo podrá sancionar a este sector poblacional cuando la autoridad competente adelante programas de reubicación u ofrece alternativas de trabajo formal, con el fin de que se garantice a esta población los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de dignidad.

Así mismo, la Corte advirtió en la sentencia T-344 de 2015 que debe existir un proceso administrativo previo que autorice a la policía el desalojo de los vendedores para la recuperación del espacio público, garantizando el derecho a la defensa del ocupante que se pretende desalojar.

De esta manera, la autoridad de policía estaría actuando de manera ilegal e inconstitucional si recupera el espacio público que ocupan los vendedores informales sin que exista un proceso administrativo previo que lo autorice y sin que se les haya ofrecido programas de reubicación o de trabajo formal a este sector poblacional.

Dicha actuación del agente de policía constituye una falta disciplinaria gravísima conforme a la ley 1015 de 2006 artículo 34 numeral 14 que dispone que “apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes (…) de (…) particulares, con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”, y al numeral 18 que dice: “causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos”.

Además, la recuperación de espacio público sin considerar los derechos de los vendedores también constituye el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y acarrea la sanción de multa y pérdida del empleo o cargo público.