El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia asegura que 64 líderes murieron el año pasado por atentados contra su vida. Para Indepaz, la cifra llegó a las 117 muertes. La situación lleva  a preguntarse quién necesita protección en el país: ¿seguridad para las Farc o para los que están pagando con su vida el devenir de la negociación?

Por: Prospectiva en Justicia y Desarrollo

Las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, del Gobierno y de las organizaciones sociales cambian en número de defensores de derechos humanos asesinados, pero coinciden en la definición de la tragedia.

Por donde se le mire, y sin importar el observatorio que se acoja como fuente, lo cierto es que en Colombia los defensores de derechos humanos son el objetivo número uno de la criminalidad. En el país, quienes se interesan en DDHH y trabajan con comunidades pueden pagar con su vida.

Así lo confirmó el Ministerio del Interior, quien citó que en el 2016 unos 64 líderes sociales, defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Ese número lo da la oficina de estadísticas del grupo del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos.

La cifra la divulgó esa oficina, liderada por el ministro del interior Juan Fernando Cristo, en respuesta a un informe de la organización Indepaz, en el cual se publicó que el año pasado fueron 117 los defensores víctimas de homicidios.

El dato del Alto Comisionado, en respuesta a Indepaz, tenía el mensaje velado de corrección a lo publicado por la organización, y de énfasis en que fueron 64 las personas asesinadas y no 117.

“Lo anterior no implica que el Gobierno Nacional no reconozca la grave situación. Un solo asesinato de líderes sociales amenaza la consolidación de la paz territorial. Se reitera el total compromiso para brindar todas las garantías de protección, así como la mayor celeridad en las investigaciones que nos permitan identificar y judicializar a los responsables”, aseveró el ministro del Interior.

Más allá del dato final, lo cierto que al menos 64 personas sufrieron atentados que les quitaron la vida, por dedicar sus horas a la defensa de los derechos humanos en las regiones del país.

¿Protección para las Farc o para quienes pagan con su vida el devenir de la negociación?

La victimización de los líderes sociales se convierte así en el saldo del proceso de paz, pues según Indepaz y observatorios de organizaciones sociales los atentados contra ellos se han intensificado en lugares cercanos a las zonas de desarme de las Farc y luego del cese bilateral al fuego entre la guerrilla y el Estado.

Los líderes sociales se han puesto en el punto de mira de los criminales, pues son ellos quienes luego de las negociaciones están marcando en sus regiones un cambio en la política social.

Los defensores de derechos humanos están liderando procesos de transformación a nivel territorial, por ejemplo al exigir la restitución de tierras para sus comunidades y mayor empleo en sectores de la producción que se concentran en la ruralidad del país.

Por esas actuaciones, que se causan por la aspiración legítima que las comunidades locales tienen con la paz con las Farc, es que los defensores son asesinados.

Esto se traduce en que cometer un homicidio contra uno de estos líderes se convirtió en la forma en que la criminalidad expresa su temor a las consecuencias del Acuerdo de Paz.

Debido a este panorama, el Gobierno se equivoca en no proteger de forma decidida a los defensores de derechos humanos. Son ellos, incluso por encima de los miembros que se desmovilizarán de las Farc, quienes necesitan mayor seguridad, pues son las personas que están representando a las comunidades y que aspiran a provocar cambios.

La criminalidad y poderosos que a nivel regional han mantenido el control político les temen a los líderes y defensores y por eso los asesinan. La figura de esos defensores se convierte en la representación real de un acuerdo de paz que busca inclusión política y mayor desarrollo rural.

Si el Gobierno sigue tratando a estos defensores como ‘lobos solitarios’ con ideales desbordados, se expone a que el proceso de paz fracase, pues son esas personas en quienes campesinos y la ruralidad confía. Son ellos la representación real de lo que buscó la negociación con la guerrilla: apertura política, paz sostenible, libertad de expresión y equidad.

El Gobierno debe proteger, entonces, de forma decidida a los defensores de derechos humanos, pues ellos representan los entramados más profundos del acuerdo de paz, y dejar de considerarlos idealistas que se buscan la muerte.